Los altos cargos ser¨¢n inhabilitados diez a?os si violan la ley de incompatibilidades

Los altos cargos del Gobierno que incumplan el r¨¦gimen de incompatibilidades ser¨¢n sancionados con una pena de inhabilitaci¨®n que les impedir¨¢ acceder a otro puesto similar durante diez a?os, y las altas magistraturas del Estado tendr¨¢n que someterse al control del Congreso con car¨¢cter previo a su nombramiento. Son dos de las medidas m¨¢s importantes del C¨®digo de Buen Gobierno, cuyo anteproyecto fue debatido ayer por el Consejo de Ministros. El c¨®digo endurece el r¨¦gimen de los altos cargos y es un compromiso electoral de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, incluido en el cap¨ªtulo de regeneraci¨®n democr¨¢tica.

Los patrimonios y las actividades de los altos cargos del Ejecutivo se har¨¢n p¨²blicos

Zapatero ha supervisado personalmente la elaboraci¨®n de este anteproyecto de ley junto con el ministro del ramo, Jordi Sevilla, pues recoge su ideario sobre la Administraci¨®n p¨²blica, de cuya comisi¨®n parlamentaria fue portavoz socialista, de 1996 a 2000, antes de ser elegido secretario general del PSOE, en julio de ese a?o.

Sevilla precis¨® ayer que aunque la ley de incompatibilidades vigente ya contempla que los ex altos cargos del Gobierno no pueden contratar con empresas relacionadas con su ¨¢mbito de trabajo en la Administraci¨®n, dichas pr¨¢cticas no est¨¢n sancionadas y se limita a hacer p¨²blica la actividad ejercida de modo ilegal.

"Hoy resulta f¨¢cil incumplirla y no pasa nada", dijo Sevilla. Pero una vez reformada la ley, quienes incumplan el r¨¦gimen de incompatibilidades ser¨¢n inhabilitados por 10 a?os y las empresas que les contraten ser¨¢n informadas por la Administraci¨®n de que el contratado incumple la ley. El control de las incompatibilidades que actualmente ejerce una subdirecci¨®n dependiente de la Direcci¨®n General de Inspecci¨®n del Ministerio de Administraciones P¨²blicas pasar¨¢ a un Observatorio de Conflicto de Intereses, que tendr¨¢ un "mayor nivel de autonom¨ªa para gestionarlo", seg¨²n el ministro.

Los altos cargos del Gobierno ejercer¨¢n sus funciones, seg¨²n el C¨®digo ?tico, con dedicaci¨®n absoluta y no podr¨¢n compatibilizar su actividad con el desempe?o de cualquier otro puesto, p¨²blico o privado, por lo que no podr¨¢n percibir cualquier otra remuneraci¨®n. El C¨®digo de Buen Gobierno a?ade como novedad que el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos tendr¨¢ car¨¢cter p¨²blico y su contenido se publicar¨¢ en el BOE. Asimismo, los bienes de los altos cargos en valores mobiliarios se administrar¨¢n en un fondo ciego, sin conocimiento de los interesados.

Estas medidas, recogidas en el C¨®digo, extienden su aplicaci¨®n a todos los altos cargos de la Administraci¨®n General del Estado, pero tambi¨¦n, y es otra novedad, a presidentes, directores y gerentes de las empresas y fundaciones p¨²blicas y ¨®rganos reguladores y de supervisi¨®n.

Otra novedad que recoger¨¢ la nueva ley es la supresi¨®n de los tratamientos oficiales de car¨¢cter protocolario. "Se trata de que ministros y altos cargos sean tratados como los ciudadanos y el se?or y la se?ora ser¨¢n suficientes porque pas¨® la ¨¦poca del excelent¨ªsimo e ilustr¨ªsimo", explic¨® Sevilla. Esta medida, a?adi¨®, persigue aproximar el comportamiento de los altos cargos a las exigencias de los ciudadanos para aumentar la confianza de ¨¦stos en la Administraci¨®n. La medida ser¨¢ aplicable, por el momento, a la Administraci¨®n General del Estado. No lo ser¨¢ a las administraciones auton¨®micas ni municipales ni a la Casa Real.

Otra de las medidas m¨¢s novedosas del C¨®digo es la exigencia de comparecencia en el Parlamento, como requisito previo a su nombramiento, de altas magistraturas del Estado como los miembros del Consejo General del Poder Judicial; el Fiscal General del Estado; los miembros del Tribunal Constitucional; el Defensor del Pueblo; el presidente del Consejo de Estado y los consejeros del Tribunal de Cuentas.

A su vez, tendr¨¢n que comparecer, previamente a su nombramiento, en una comisi¨®n parlamentaria los m¨¢ximos responsables de los ¨®rganos reguladores y de supervisi¨®n, como el Banco de Espa?a, la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, la Agencia de Protecci¨®n de Datos, el Consejo Econ¨®mico y Social y RTVE.

El C¨®digo promover¨¢ tambi¨¦n, seg¨²n adelant¨® el ministro, la independencia de los altos cargos del Ejecutivo que no podr¨¢n aceptar puestos en ¨®rganos ejecutivos de direcci¨®n en partidos pol¨ªticos de ¨¢mbito auton¨®mico y estatal, a excepci¨®n del presidente, ministros y secretarios de Estado.

La austeridad en el uso del poder ser¨¢ otra de las normas que impondr¨¢ el C¨®digo a los altos cargos, que "evitar¨¢n toda manifestaci¨®n externa inapropiada u ostentosa que pueda menoscabar la dignidad con que ha de ejercerse el cargo p¨²blico".

El C¨®digo prohibir¨¢ a los altos cargos aceptar regalos o cualquier favor que "m¨¢s all¨¢ de los usos habituales, sociales y de cortes¨ªa puedan condicionar el desempe?o de sus funciones". Los regalos que no puedan rechazarse por tratarse, por ejemplo, de intercambios en las relaciones internacionales, se incluir¨¢n en un Registro de Patrimonio del Estado, precis¨® Sevilla.

La futura ley tambi¨¦n abordar¨¢ la "transparencia informativa", de modo que los altos cargos estar¨¢n obligados a dar informaci¨®n a ciudadanos y medios de comunicaci¨®n sobre el funcionamiento de los servicios p¨²blicos". El Gobierno recuerda que el portavoz del primer ministro brit¨¢nico, Tony Blair, se vio forzado a dimitir porque los medios de comunicaci¨®n le acusaron un¨¢nimemente de "ocultar informaci¨®n".

Sevilla precis¨®, como justificaci¨®n de la norma, que en materia de ¨¦tica pol¨ªtica "no s¨®lo hay que serlo sino parecerlo". "Estoy seguro de que muchos empleados p¨²blicos se rigen por estas normas, pero el Gobierno ha querido regularlas para que a quien no las siga se le puedan sacar los colores".

El Consejo de Ministros aprob¨® tambi¨¦n los nombramientos de Javier Elorza como embajador en Georgia; Luis Felipe Fern¨¢ndez, embajador en Azerbaiy¨¢n; Nicol¨¢s Mart¨ªnez-Fresno, Jos¨¦ Mar¨ªa Otero y Jes¨²s Julio L¨®pez, embajadores de grado. Adem¨¢s se otorga car¨¢cter de documento sin clasificar a la Directiva de Defensa Nacional.