La reforma de EE UU logra que el 78% de los centros pase el nivel m¨ªnimo de calidad

La reforma educativa implantada en Estados Unidos en 2002, que mide el progreso escolar y la capacitaci¨®n docente y penaliza a los colegios que no dan la talla, ha empezado a dar resultados. El rendimiento de los alumnos ha mejorado en la mayor¨ªa de los Estados y se ha reducido el n¨²mero de colegios "deficientes", segun el informe anual, report card, sobre el sistema p¨²blico de ense?anza.

El 78% de los 92.012 colegios p¨²blicos de EE UU ha superado el nivel exigido por la ley de reforma, No Child Left Behind, NCLB (Que Ning¨²n Ni?o se Quede Atr¨¢s, en espa?ol), un aumento de un 13% con respecto al a?o anterior. Las autoridades docentes valoran el avance como un "paso significativo" y al mismo tiempo subrayan que el principal logro ha sido el cambio que ha producido en la cultura acad¨¦mica, encasillada durante d¨¦cadas en los llamados "ascensos sociales", que elevaban a los ni?os de curso sin tener en cuenta su rendimiento real y sin exigir responsabilidades a los educadores.

El Ejecutivo destina anualmente 24.427 millones de euros para primaria y secundaria

California estudia una demanda porque no recibe apoyo para el alumnado inmigrante

No Child Left Behind surgi¨® con el prop¨®sito de desterrar ese sistema, que hab¨ªa situado a los escolares de 7 a 12 a?os de EE UU a la cola de los pa¨ªses industrializados. De momento tienen que rendir cuentas todos los a?os, a trav¨¦s de ex¨¢menes de matem¨¢ticas y lectura. A los que suspendan durante dos cursos seguidos se les da la opci¨®n de solicitar un tutor privado -que est¨¢ obligado a pagar el propio centro escolar- o de trasladarse a un colegio mejor. A los colegios se les mide su eficacia por el n¨²mero de suspensos que cosechan sus alumnos.

Pero la responsabilidad de los fracasos escolares recae ante todo sobre los maestros. Adem¨¢s de medirles por los resultados de sus alumnos, tienen que someterse a unas pruebas de capacitaci¨®n, distintas en cada Estado aunque dentro de unos par¨¢metros nacionales. Los requisitos de capacitaci¨®n examinan la capacidad pedag¨®gica y los conocimientos de los maestros; el problema es que los cursos de preparaci¨®n de las pruebas no los provee el Gobierno, son los profesores los responsables de su formaci¨®n. Esto ha generado descontento. "Est¨¢ muy bien medir , siempre y cuando se brinde el apoyo a nivel federal", afirma Jaime Zapata, portavoz de la Federaci¨®n Americana de Maestros, un sindicato que representa a 1,3 millones de docentes. El plazo para que los maestros superen estas pruebas se cumple a fines de 2005 y quienes no las pasen estar¨¢n sujetos a disciplina laboral, incluido el despido, en ¨²ltima instancia.

Los colegios que para entonces sigan rezagados se arriesgan a perder la financiaci¨®n del Gobierno federal y a tener que renovar la plantilla docente y los planes acad¨¦micos. Al menos 10.251 centros p¨²blicos que llevan dos a?os suspendiendo podr¨ªan verse en esa situaci¨®n.

El Gobierno federal destina anualmente 32.000 millones de d¨®lares (24.427 millones de euros) a la ense?anza p¨²blica primaria y secundaria (8.000 millones m¨¢s que en 2000), pero son los Estados los que aportan la mayor¨ªa del presupuesto, dado que la educaci¨®n es una competencia suya. La autonom¨ªa para establecer planes acad¨¦micos ha dado origen a enormes diferencias entre los alumnos de distintos Estados, que la ley NCLB pretende nivelar.

Por primera vez en casi cuatro d¨¦cadas, Washington ha asumido un mayor papel en la educaci¨®n condicionando la concesi¨®n de fondos a las evaluaciones. Ha sido un reenfoque radical, de una ense?anza que se orientaba a impartir materias sin m¨¢s, a una en la que lo ¨²nico que cuenta son los resultados. Impone adem¨¢s una meta concreta: que en 2014 los cerca de 48 millones de ni?os que van a centros p¨²blicos logren un nivel de excelencia (proficiency).

Para alcanzar esa meta hay que reducir la brecha entre los alumnos negros, hispanos y blancos. Un an¨¢lisis de la organizaci¨®n independiente Education Trust, que aboga por los estudiantes pobres, muestra que ha habido un avance notable en esa direcci¨®n, se?ala su director, Ross Weiner.

La reforma impulsada por George W. Bush y aprobada con apoyo bipartidista en el Congreso ha encontrado resistencia de un sector del establishment acad¨¦mico. Algunos educadores la consideran injusta y r¨ªgida porque creen que ignora realidades de la ense?anza y porque se oponen al concepto del castigo. En palabras del presidente de la Asociaci¨®n Nacional de Educaci¨®n (que representa a 2,8 millones de maestros), Reg Weaver, "los colegios deben rendir cuentas, pero no ser castigados".

Una de las realidades es el tiempo que toma la ense?anza del ingl¨¦s a ni?os inmigrantes para que puedan alcanzar al resto de los alumnos. California es uno de los Estados con m¨¢s inmigraci¨®n y al menos uno de sus distritos escolares, el de Palm Springs, est¨¢ sopesando demandar al Gobierno federal. Un 80% de sus estudiantes es extranjero, la mayor¨ªa hispanos, de los cuales una cuarta parte no habla nada de ingl¨¦s, un problema para el que no cuentan con apoyo especial en las aulas, aunque sus colegios deben pasar despu¨¦s las mismas evaluaciones impuestas por el Gobierno que el resto de los centros; y no consiguen superarlas, afirma el superintendente de educaci¨®n, Jack O'Connell.

California y otros 15 Estados quieren volver al antiguo sistema de ascensos sociales [la promoci¨®n autom¨¢tica del alumno], pero las probabilidades de que eso ocurra son m¨ªnimas porque en la mayor¨ªa de los Estados el balance de la reforma es positivo. Dos ejemplos son Delaware, donde el fracaso escolar ha descendido del 56% al 26%, y Pensilvania, donde ha bajado del 37% al 19%.