Nadie obliga ni proh¨ªbe

LA VISITA AL PAPA ad limina de un grupo de obispos encabezado por el cardenal Antonio Mar¨ªa Rouco sirvi¨® de ocasi¨®n o de pretexto, el pasado lunes, para que Juan Pablo II denunciara las restricciones a la libertad religiosa en Espa?a e hiciera suyas las cr¨ªticas de la Conferencia Episcopal al Gobierno de Zapatero. Las informaciones disponibles subrayan el contristado descontento del Pont¨ªfice ante la creciente secularizaci¨®n de la vida espa?ola, as¨ª como su combativa oposici¨®n a las medidas legislativas ya enviadas al Parlamento por los socialistas o barajadas como proyectos a medio plazo: el rango acad¨¦mico de la asignatura de religi¨®n, la ampliaci¨®n de los derechos civiles (la agilizaci¨®n de los procesos de divorcio y el matrimonio entre homosexuales) y la despenalizaci¨®n parcial de conductas ahora delictivas (ampliaci¨®n del aborto o la eutanasia).

El Papa hace suyas las cr¨ªticas de la Conferencia Episcopal a la pol¨ªtica del Gobierno socialista, condena los avances del laicismo y denuncia las restricciones a la libertad religiosa en Espa?a

El ¨²ltimo informe del Instituto de la Juventud sobre las cohortes de edad situadas entre los 15 y los 29 a?os confirma el realismo de la preocupaci¨®n papal; pr¨¢cticamente la totalidad de la religi¨®n cat¨®lica ha descendido entre los j¨®venes hasta el 14,2%: mientras el 61,2% est¨¢ a favor del aborto libre y voluntario, un 79% hace uso del preservativo en sus relaciones sexuales. Ahora bien, las tentativas de imputar a la pol¨ªtica de un Gobierno democr¨¢tico elegido en las urnas la responsabilidad culposa de las profundas transformaciones de larga duraci¨®n producidas en el mundo de las creencias religiosas, del comportamiento sexual y de las costumbres sociales no es sino un indicio del oscuro callej¨®n sin salida mental y moral donde se halla metida la Iglesia desde el comienzo de la modernidad; el esperp¨¦ntico espect¨¢culo deparado durante las ¨²ltimas semanas por el secretario de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Mart¨ªnez Camino, lanzado a una grotesca carrera de declaraciones y desmentidos sobre la utilizaci¨®n del preservativo como mal menor en la lucha contra el sida, as¨ª lo pone pat¨¦ticamente de manifiesto.

El pliego de cargos del Papa contra el Gobierno de Zapatero descansa sobre la ingeniosa acrobacia de presentar como una feroz persecuci¨®n de la Iglesia la adopci¨®n de normas y medidas de alcance general de la que se pueden beneficiar de manera libre y voluntaria todos los ciudadanos, cualesquiera que sean sus convicciones religiosas o ideol¨®gicas. Pero es evidente que la eventual aprobaci¨®n por el Parlamento de una ley sobre el matrimonio homosexual ni proh¨ªbe a los cat¨®licos seguir obedeciendo las directrices de sus pastores sobre la manera de contraer ese sacramento ni les obliga tampoco a casarse con personas de su mismo sexo. Guste o no esa iniciativa, la aconfesionalidad del Estado y la libertad ideol¨®gica, religiosa y de culto amparados por el art¨ªculo 16 de la Constituci¨®n protegen a los Gobiernos frente a las interferencias de cualquier moral religiosa; como ha declarado el Tribunal Constitucional (STC 24/1982), la laicidad impide que "los valores o intereses religiosos se erijan en par¨¢metros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes p¨²blicos".

Lejos de estar perseguida, la Iglesia cat¨®lica contin¨²a gozando de una situaci¨®n privilegiada, y lejos de correr peligro, la libertad religiosa naci¨® en Espa?a con la democracia. El mandato dirigido a los poderes p¨²blicos por la Constituci¨®n les ordena tener en cuenta "las creeencias religiosas" de la sociedad espa?ola y guardar "las consiguientes relaciones de cooperaci¨®n con la Iglesia cat¨®lica y las dem¨¢s confesiones". Tras siglos de monopolio cat¨®lico de la ense?anza, el culto y las subvenciones, la Constituci¨®n de 1978 ampara a esas "dem¨¢s confesiones" hasta entonces prohibidas o cicateramente toleradas; los acuerdos de 1993 entre la Administraci¨®n y las comunidades evangelista, musulmana y jud¨ªa han inaugurado la libertad religiosa en Espa?a. Pero la Iglesia cat¨®lica goza de la ins¨®lita prerrogativa de seguir protegiendo sus intereses tras el blindaje del Derecho Internacional: la Conferencia Episcopal, aunque sus miembros tengan pasaporte espa?ol, administra los derechos arrancados en 1979 por un Gobierno extranjero -el Estado Vaticano- mediante un tratado dudosamente constitucional.