Ofrecimiento de acciones a todos los afectados

Con la decisi¨®n judicial de ayer de admitir a tr¨¢mite la querella, se pone en marcha la siempre pesada y lenta maquinaria de la Administraci¨®n de justicia. A la complejidad del caso sobre las causas del derrumbe y las supuestas responsabilidades ha de a?adirse que las familias afectadas por el hundimiento y el desalojo de sus viviendas se cuentan por centenares. Y en este caso, como en cualquier delito en que exista un perjudicado y que acabe investigado por la justicia, es de obligado cumplimiento realizar un tr¨¢mite que se denomina ofrecimiento de acciones. Es decir, que el juzgado se dirija a todos, absolutamente a todos los perjudicados, para recordarles que pueden personarse como tales en el proceso penal y ejercer la acusaci¨®n.

S¨®lo ese tr¨¢mite implicar¨¢ la realizaci¨®n de centenares de notificaciones, que se ir¨¢n multiplicando cada vez que comparezca en el juzgado un abogado en nombre de sus clientes. "Alguien dec¨ªa ayer que en Barcelona no quedan ya abogados porque est¨¢n todos en el Carmel", dijo ayer el fiscal Mena de forma ir¨®nica.

Y para que la tramitaci¨®n judicial del caso no se ralentice, Mena anunci¨® que espera la colaboraci¨®n de la Direcci¨®n General de Relaciones con la Administraci¨®n de Justicia de la Generalitat, encargada de los medios materiales y personales de los juzgados de Catalu?a. "A ver si de una vez damos una respuesta moderna en un caso as¨ª", dijo el fiscal jefe, al tiempo que recordaba que en otros casos con decenas de perjudicados se produjeron escenas "bochornosas", como aquella en la que una furgoneta iba arriba y abajo con miles de fotocopias del sumario sin que nadie asumiese la factura de la copister¨ªa. En este caso, por tanto, lo m¨¢s razonable ser¨ªa abrir una especie de oficina judicial especializada y tener medios inform¨¢ticos para que cualquier ciudadano pueda ejercer sus derechos, vino a decir el fiscal jefe.

Mena record¨® tambi¨¦n que la decisi¨®n de solicitar la admisi¨®n a tr¨¢mite de la querella la hab¨ªa adoptado ¨¦l mismo y que no hab¨ªa recibido ninguna instrucci¨®n del fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, con el que mantiene unas fr¨ªas relaciones desde su nombramiento. Por el contrario, el fiscal jefe s¨ª que "alab¨®" lo que considera "celeridad" de la juez instructora, la misma que desde hace a?os tramita otra causa muy abultada, como es la de los inspectores de Hacienda.