Blair afirma que la seguridad est¨¢ por encima de las libertades

Rechazando las cr¨ªticas de quienes le acusan de pasar por encima de las libertades civiles con los nuevos poderes contra el terrorismo que quiere otorgar al Gobierno, Tony Blair defendi¨® ayer que la seguridad nacional est¨¢ por encima de todo. En un art¨ªculo en The Daily Telegraph, el primer ministro brit¨¢nico admite que "tiene que haber un equilibrio entre la protecci¨®n del p¨²blico frente al terrorismo y la salvaguarda de las libertades, pero no hay mayor libertad que la de vivir libres de un ataque terrorista".

"No tengo duda alguna acerca de cu¨¢l es la principal obligaci¨®n de un primer ministro: hacer todo lo posible para proteger la seguridad de nuestra naci¨®n y de sus ciudadanos", sostiene en un art¨ªculo en el que se reafirma en su prop¨®sito de mantener el proyecto de Ley de Prevenci¨®n del Terrorismo que introduce la figura de las llamadas ¨®rdenes de control para mantener bajo la tutela del ministro del Interior a los sospechosos de terrorismo que no puedan ser llevados a juicio.

Las cr¨ªticas de la oposici¨®n y de los defensores de los derechos civiles se centran tanto en los amplios poderes que se otorgan al Gobierno para aplicar "cualquier precepto que el ministro del Interior considere necesario" para conseguir ese control como en el hecho fundamental de que se da primac¨ªa al poder pol¨ªtico frente al judicial para decretar esas medidas.

Pese a que Blair tuvo el gesto nada habitual de invitar a los l¨ªderes de la oposici¨®n a Downing Street para discutir el asunto junto al ministro del Interior, Charles Clarke, los conservadores mantienen su oposici¨®n frontal al proyecto de ley. En su art¨ªculo de ayer, sin embargo, Blair subraya que considera "sinceras" las reticencias del l¨ªder de los liberales-dem¨®cratas, Charles Kennedy, a que las medidas las adopte el poder pol¨ªtico en lugar del judicial -que tiene luego la opci¨®n de ratificarlas o modificarlas- y se compromete a "estudiar la cuesti¨®n en profundidad".

La propuesta de Ley de Prevenci¨®n del Terrorismo es la respuesta del Gobierno al dictamen emitido en diciembre por los jueces-lores, que consideraron desproporcionada y discriminatoria una ley que permite el encarcelamiento indefinido de extranjeros sospechosos de terrorismo que no puedan ser procesados por falta de pruebas y que no acepten ser deportados del Reino Unido.

La docena de personas a las que se ha aplicado la ley no pueden ser juzgadas porque las pruebas que hay contra ellos han sido obtenidas por los servicios de inteligencia. El Gobierno no quiere utilizarlas ante un juez porque tradicionalmente han sido consideradas insuficientes por los tribunales y al mismo tiempo expondr¨ªan a la luz p¨²blica las capacidades de la inteligencia.

F¨¦rreo control

La salida que ha elegido el Gobierno es una ley que le autorice a ejercer un f¨¦rreo control sobre los sospechosos aunque no est¨¦n en prisi¨®n. ?C¨®mo? A trav¨¦s de las llamadas ¨®rdenes de control, un compendio de posibilidades que van desde la prohibici¨®n de ejercer determinadas profesiones hasta el control de sus comunicaciones, la restricci¨®n de los contactos con otras personas, el lugar en que viven o los sitios que visitan. El ministro del Interior se ha comprometido a no aplicar aquellas medidas que exijan la suspensi¨®n de parte de la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos -como, por ejemplo, sustituir la c¨¢rcel por el arresto domiciliario sin orden judicial- hasta que el Parlamento lo acepte en una propuesta que presentar¨¢ m¨¢s adelante.

El proyecto de ley autoriza al ministro del Interior a emitir una orden de control para "imponer determinadas obligaciones a un individuo" en el caso de que haya "indicios razonables de que est¨¢ o ha estado implicado en actos de terrorismo y si lo considera necesario para cumplir los objetivos relativos a la protecci¨®n del p¨²blico frente al riesgo del terrorismo". En la pr¨¢ctica, eso significa que es el poder pol¨ªtico, no el judicial, el que impone esas restricciones a la libertad individual de un sospechoso.

El Gobierno ha aceptado que los jueces tengan derecho a revisar la decisi¨®n en el plazo de una semana, pero aun as¨ª los cr¨ªticos consideran que deber¨ªa seguirse el procedimiento tradicional: el Gobierno deber¨ªa presentar las pruebas ante un juez y ¨¦ste decidir si procede o no controlar al individuo en cuesti¨®n. Si no, ?sobre qu¨¦ pruebas puede un juez decidir si ratifica, modifica o revoca la decisi¨®n del poder pol¨ªtico? Si no tiene acceso a la informaci¨®n de inteligencia dif¨ªcilmente podr¨¢ ratificar la sanci¨®n. Y si se le da ese acceso se derrumba la tesis del Gobierno de que es informaci¨®n reservada por razones de seguridad nacional.