El Ayuntamiento de Chiclana pide a los bancos que no concedan cr¨¦ditos para viviendas sin licencia

El Ayuntamiento de Chiclana (C¨¢diz, 65.000 habitantes) se considera "incapaz" de afrontar la proliferaci¨®n de viviendas ilegales en la localidad, unas 12.000, seg¨²n los c¨¢lculos municipales. El concejal de Urbanismo, Joaqu¨ªn Muriano (PSOE) solicita ayuda de las administraciones y tambi¨¦n de otros estamentos. La ¨²ltima petici¨®n se la ha trasladado a las entidades bancarias: que no concedan cr¨¦ditos a aquellos propietarios que no puedan aportar la licencia que requiere su casa.

El Consistorio chiclanero pretende regularizar gran parte de las viviendas en situaci¨®n irregular a trav¨¦s del plan general, en el que se prev¨¦ legalizar hasta el 70% de las casas sin licencia, unas 8.000. Una medida con la que quiere evitar el coste social que supondr¨ªa el masivo derribo de promociones enteras y hogares particulares. Pero, al margen de esta iniciativa, el responsable de Urbanismo asegura carecer de los medios suficientes para poner coto a este problema. "Esto debe producir una reflexi¨®n supramunicipal que nos haga ser conscientes de que detr¨¢s de una vivienda ilegal hay un registro de la propiedad que le da cabida, unas entidades bancarias que conceden hipotecas sobre cosas que ser¨ªa discutible que fueran hipotecables y un flujo econ¨®mico a espaldas de la Hacienda p¨²blica".

El delegado de Obras P¨²blicas de la Junta, Pablo Lorenzo, cree que, a pesar de los esfuerzos de las administraciones, "todav¨ªa no hay conciencia de que construir ilegalmente es un delito con responsabilidad penal", como refleja la ley de ordenaci¨®n urban¨ªstica en Andaluc¨ªa. A pesar de la proliferaci¨®n de viviendas sin licencia, defiende que el modelo que va a aplicar Chiclana, el de regularizar gran parte de las viviendas sin licencia, "es positivo y extensible a otros municipios".

Con todo, se?al¨® que el Gobierno andaluz dedica una unidad de trabajo a inspeccionar las construcciones del litoral para perseguir delitos contra la ordenaci¨®n del territorio. En los casos que no sea posible normalizar la situaci¨®n, Lorenzo recuerda que Obras P¨²blicas apuesta por las sanciones y los derribos, aunque reconoci¨® que este proceso es lento porque los due?os suelen recurrir judicialmente hasta la ¨²ltima instancia.