Censura y querella

Dos hechos excepcionales en la historia de la autonom¨ªa catalana acaban de producirse simult¨¢neamente con motivo de la crisis desencadenada por el hundimiento del t¨²nel del metro del Carmel. Converg¨¨ncia i Uni¨®, la principal fuerza de la oposici¨®n al tripartito, ha presentado una querella contra el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el l¨ªder del Partido Popular, Josep Piqu¨¦, ha presentado una moci¨®n de censura. Es la segunda querella que recibe un presidente de la Generalitat en la autonom¨ªa restaurada y la tercera moci¨®n de censura que se le presenta en el mismo periodo. El mismo d¨ªa adem¨¢s en que se ha constituido la comisi¨®n parlamentaria que debe investigar durante dos meses el desastre del Carmel.

La querella -firmada por el n¨²mero tres de la coalici¨®n, Xavier Trias, y no por Artur Mas, que protagoniz¨® el incidente parlamentario en el que se destaparon las supuestas comisiones del 3%, ni por el n¨²mero dos, Duran i Lleida- tiene pocos visos de traducirse en un procesamiento como sucedi¨® en el caso anterior, la presentada por el fiscal contra Jordi Pujol por el caso de Banca Catalana. Ahora no se trata de un delito econ¨®mico, sino de calumnias e injurias supuestamente cometidas en sede parlamentaria, donde el Estatuto catal¨¢n reconoce la inviolabilidad de los diputados en la emisi¨®n de votos y opiniones.

La moci¨®n de censura se discutir¨¢ el jueves d¨ªa 10 -despu¨¦s de una inexplicable fijaci¨®n para el d¨ªa 11, coincidiendo inoportunamente con el primer aniversario de los atentados de Madrid-. Y en ella, Josep Piqu¨¦, con reflejos pol¨ªticos mucho m¨¢s vivos que Artur Mas, protagonizar¨¢ la mitad de la sesi¨®n, dado que la moci¨®n constructiva que contempla el Estatuto catal¨¢n le obliga a presentarse como candidato a la presidencia.

CiU ha optado por el camino de la judicializaci¨®n de la pol¨¦mica, hurt¨¢ndola al Parlamento. Ha respondido a una desmesura -la acusaci¨®n, sin pruebas, de corrupci¨®n- con una medida extra?a y desproporcionada. Se dirige contra el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y otros dos diputados del tripartito. Tiene pocos precedentes que la oposici¨®n use la v¨ªa judicial para querellarse contra el Gobierno por palabras pronunciadas en el Parlamento. Se presenta tard¨ªamente, una semana despu¨¦s de la pol¨¦mica, tras haberla agitado como elemento de presi¨®n. Y es de car¨¢cter condicional, porque detalla tres posibles supuestos para su retirada.

Si no se abre camino, CiU habr¨¢ lanzado un bumer¨¢n contra s¨ª misma y habr¨¢ ofrecido a su adversario la oportunidad de construir con ella una imagen victimista, tal como hizo Pujol con la suya. Quiz¨¢ tambi¨¦n en la b¨²squeda del favor de la opini¨®n como "perseguido", Maragall se confirme como el mejor alumno de Pujol. A favor del presidente juega la extendida convicci¨®n social de que, pese a su forma rotundamente inadecuada y oportunista, el contenido de su denuncia de corrupci¨®n tiene algo que ver con la realidad.

Es perfectamente ¨²til, en cambio, la moci¨®n de censura de Piqu¨¦. Servir¨¢ para calibrar el pulso que libran convergentes y populares para hacerse con la hegemon¨ªa de la oposici¨®n. Pero, sobre todo, permitir¨¢ observar si Pasqual Maragall es capaz de salir de la selva de declaraciones desafortunadas que han situado al tripartito al borde del abismo.