Lo que el 11-M dej¨® al descubierto

El 11 de marzo de 2004, un grupo de terroristas (entre 10 y 13) coloc¨® en los vagones de cuatro trenes que se dirig¨ªan al centro de Madrid 13 mochilas cargadas de muerte. El peor atentado en la historia de Espa?a cost¨® la vida a 191 personas, hiri¨® a m¨¢s de 1.500 y puso al descubierto numerosas deficiencias en los sistemas p¨²blicos de seguridad para prevenir atentados.

Entre los terroristas figuraban delincuentes comunes fichados por la polic¨ªa (Jamal Amidhan, el Chino, que consigui¨® la Goma 2 necesaria para la matanza), radicales islamistas a los que las fuerzas de seguridad hab¨ªan seguido hasta unos d¨ªas antes del atentado (entre ellos El Tunecino, al que se considera el jefe del comando) y un terrorista condenado (Alekema Lamari, al que se atribuye la direcci¨®n espiritual del grupo) que hab¨ªa sido excarcelado por un grave error judicial.

La dinamita utilizada en el atentado hab¨ªa sido robada, con gran facilidad, en la mina asturiana Conchita por un ex trabajador de la misma (Emilio Su¨¢rez Trashorras) en colaboraci¨®n con otros mineros. El robo se produjo en un pa¨ªs, Espa?a, que sufre el terrorismo desde hace m¨¢s de 30 a?os, con cerca de 1.000 muertos. Tres a?os antes de ese robo, en una operaci¨®n policial contra el narcotr¨¢fico, se encontraron detonadores y explosivos, pero no se investig¨® su procedencia.

La polic¨ªa y la Guardia Civil ten¨ªan soplos de confidentes desde 2001 sobre tr¨¢fico ilegal de explosivos en Asturias, pero no pudieron hacer nada. Todo esto ocurri¨® durante el mandato del Partido Popular, cuya pol¨ªtica se volc¨® en la lucha contra el terrorismo de ETA con importantes resultados.

Los mandos policiales y los pol¨ªticos no esperaban un atentado de esta magnitud dentro de Espa?a, seg¨²n han declarado, pese a los informes de los servicios de informaci¨®n que alertaban del riesgo creciente y existente. Nadie entendi¨® la gravedad de la amenaza y no se aprobaron planes ni se aplicaron pol¨ªticas para derrotar a la amenaza.

Lo que sigue resume los principales fallos de seguridad detectados tras la investigaci¨®n abierta por los atentados del 11-M.

- El descontrol de explosivos. La mina Conchita era un lugar donde el robo de explosivos resultaba relativamente sencillo, seg¨²n la investigaci¨®n que la Guardia Civil hizo para el juez Juan del Olmo, que investiga el 11-M. Su horario era de 8.00 a 15.00, de lunes a viernes, permaneciendo cerrada el resto del d¨ªa sin la presencia de persona alguna. Los libros de registro reflejaban consumos de explosivos en cantidades sospechosamente redondas, que dejaron de serlo unos d¨ªas despu¨¦s del atentado.

En Espa?a se manejan al a?o cuatro millones de kilogramos de Goma 2 en unos 10.000 polvorines (empresas mineras, constructoras para canteras, t¨²neles, embalses, demolici¨®n de edificios...). El Gobierno socialista aprob¨® ayer mismo medidas para castigar con penas de c¨¢rcel la falta de celo en el cuidado de explosivos y cambio el reglamento que regula su fabricaci¨®n, dep¨®sito y comercializaci¨®n.

- Una investigaci¨®n necesaria que no se hizo. La polic¨ªa desarticul¨® una red de narcotr¨¢fico en Asturias en el verano de 2001. En los registros del garaje de uno de los jefes de aquella red descubrieron peque?as cantidades de Goma 2 y 94 detonadores. En la instrucci¨®n judicial de aquel caso, conocido como Operaci¨®n Pipol, no se hizo ni una diligencia encaminada a conocer la procedencia del explosivo, cuya existencia conoci¨® la Delegaci¨®n del Gobierno en Asturias, bajo mandato del PP, en el momento de producirse.

El fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, explic¨® as¨ª a EL PA?S la falta de celo policial y judicial en esa investigaci¨®n: "Es que aqu¨ª los explosivos es una cosa bastante habitual. Aqu¨ª hay mucho minero retirado. Y adem¨¢s el explosivo no era mucho. Por eso se dio m¨¢s importancia a la droga".

S¨®lo tres a?os despu¨¦s, las mismas personas a las que se encontr¨® en posesi¨®n de peque?as cantidades de Goma 2 y 94 detonadores, suministraron a los terroristas del 11-M m¨¢s de 200 kilos de dinamita con los que ocasionaron 191 muertos y m¨¢s de 1.500 heridos.

- Sin informaci¨®n de las c¨¢rceles. La pol¨ªtica antiterrorista del Gobierno del PP sufri¨® una fuga de informaci¨®n relevante por la inexistencia en el Ministerio del Interior de traductores de ¨¢rabe asignados a la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias. Todas las comunicaciones de presos islamistas acusados de delitos de terrorismo fueron grabadas, en aplicaci¨®n de la ley, pero nadie las transcribi¨® porque no exist¨ªan traductores de ¨¢rabe, seg¨²n consta en un informe oficial. Ese importante agujero de informaci¨®n exist¨ªa a pesar de que, desde 1997, comenzaron las encarcelaciones de presos sospechosos de actividades terroristas relacionadas con el fundamentalismo islamista. Ignacio Astarloa, representante del Gobierno del PP en esta materia, eludi¨® tambi¨¦n su responsabilidad en este asunto: "Nunca recib¨ª de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni realmente de nadie, en el Ministerio del Interior una petici¨®n, ni gen¨¦rica ni espec¨ªfica, sobre que se incrementase el n¨²mero de traductores de ¨¢rabe".

- El descontrol judicial. La Secci¨®n Tercera de la Audiencia Nacional calcul¨® mal, por error, la base para fijar el plazo m¨¢ximo de prisi¨®n preventiva de Alekema Lamari, un terrorista islamista que se convirti¨® en uno de los jefes del comando del 11-M. El error lo cometi¨® la Audiencia el 6 de julio de 2001 y persisti¨® en el auto del 9 de abril de 2002 que fija la salida de prisi¨®n el 29 de junio de 2002. La Audiencia no comunic¨® esta circunstancia al Supremo, que estaba resolviendo un recurso de amparo que convertir¨ªa la sentencia en firme. El Supremo dict¨® sentencia el 7 de junio de 2002 (antes de que Lamari saliera en libertad como consecuencia del error y, por tanto, a tiempo de que no fuera excarcelado) pero no comunic¨® el fallo a la Audiencia Nacional hasta el 24 de julio de 2002, cuando Lamari estaba en la calle. Hasta un a?o despu¨¦s (18 de junio de 2003) no se dicta orden de busca y captura por quebrantamiento de condena. El 11 de noviembre de 2003, muchos meses despu¨¦s de estos hechos, la inspecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial inspeccion¨® la secci¨®n Tercera de la Audiencia Nacional y elabor¨® un informe que se?alaba que la efectividad de la ejecuci¨®n de las sentencias en esa secci¨®n era correcta.

Los errores de los jueces en el caso Lamari, considerados falta grave por la Ley, han quedado impunes porque han prescrito. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo no han tomado hasta ahora ninguna medida para evitar que vuelva a ocurrir.

Con informaci¨®n de Elsa Granda, Jorge A. Rodr¨ªguez, Jos¨¦ Mar¨ªa Irujo, Francisco Mercado, Miguel Gonz¨¢lez y Luis G¨®mez.