M¨²gica pide a los proveedores de Internet que retengan los datos m¨¢s de un a?o

El Defensor del Pueblo ha pedido al Gobierno que obligue a los proveedores espa?oles de servicios de Internet (ISPs) a retener durante al menos un a?o los datos de conexi¨®n y tr¨¢fico generados por las comunicaciones de sus usuarios, para facilitar as¨ª la investigaci¨®n de los cuerpos policiales frente a delitos de pornograf¨ªa infantil.

Esta petici¨®n se suma a la propuesta pactada el martes en Granada por los ministros del Interior de Espa?a, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia para preservar estos mismos datos con objeto de emplearlos en investigaciones antiterroristas. En una recomendaci¨®n remitida al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Jos¨¦ Montilla, el Defensor del Pueblo advierte de las dificultades que a?ade en la lucha contra la pornograf¨ªa infantil el car¨¢cter transnacional de Internet y su complejidad t¨¦cnica, que facilita el anonimato.

Sobre esa base, M¨²gica pide al Gobierno medidas que contribuyan a identificar a las personas que se sirven de la Red para intercambiar material, de forma que se guarden los datos de conexi¨®n y tr¨¢fico de los internautas para "facilitar las investigaciones".

Por el contrario, el Defensor defiende que este art¨ªculo puede ser de "gran utilidad" para luchar contra la pornograf¨ªa infantil en la Red y considera que un a?o es el "periodo m¨ªnimo" que deber¨ªa imponerse.

Dar datos a la polic¨ªa

Asimismo, la instituci¨®n encabezada por M¨²gica pide que el futuro desarrollo reglamentario de la ley recoja que la entrega de esos datos a los Cuerpos y Seguridad del Estado "se efect¨²e cuando ¨¦stos act¨²en en cumplimiento de las funciones de car¨¢cter preventivo que legalmente tienen asignadas, sin que sea necesario en todos los casos que act¨²en en funciones de polic¨ªa judicial".

En la misma l¨ªnea, exige que "se incluya la obligaci¨®n de identificar al usuario de las redes IRC" -sistema de conversaci¨®n multi-usuario, donde la gente se encuentra en canales para hablar en grupos o privadamente- por parte del proveedor de servicios, "haciendo recaer sobre ellos la obligaci¨®n de comunicar" a los Cuerpos de Seguridad "la existencia de cualquier contenido de car¨¢cter delictivo que detecten en sus servidores".

M¨²gica tambi¨¦n defiende que estos prestadores dispongan de "al menos" un registro de comunidades, grupos o p¨¢ginas que se creen o alojen en sus espacios gratuitos. Y aboga adem¨¢s por que "todos aquellos establecimientos denominados cibercaf¨¦s o cibercentros lleven un control de los usuarios" que usan sus servicios, "registrando al efecto el DNI de la persona que utiliza el puesto de acceso a Internet, y la franja horaria que utiliz¨®".