Un 'superfiscal' para el medio ambiente coordinar¨¢ a los 1.600 agentes del Seprona

El fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, ha enviado al Ministerio de Medio Ambiente su propuesta para crear un fiscal especial contra delitos ecol¨®gicos con el m¨¢ximo rango que coordinar¨¢ a los 1.667 agentes del Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Adem¨¢s, cada Audiencia Provincial tendr¨¢ un fiscal especializado. La fiscal¨ªa y el ministerio afirman que aunque Espa?a tiene suficientes leyes para proteger el medio ambiente, hay pocas condenas. El nuevo cargo se crear¨¢ en la reforma de la Ley de Montes, que el Gobierno aprobar¨¢ antes de verano e incluir¨¢ la prohibici¨®n de recalificar el monte quemado antes de 30 a?os.

En Espa?a hay muchas leyes, normas, decretos, reglamentos y ordenanzas para proteger la naturaleza. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente considera que el cumplimiento de las normas no es el adecuado. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, asegura que "es dif¨ªcil garantizar el cumplimiento de las leyes. La investigaci¨®n que hace la fiscal¨ªa de los delitos medioambientales es actualmente el eslab¨®n d¨¦bil de la cadena porque estas infracciones requieren pruebas periciales, formaci¨®n y coordinaci¨®n. En algunos juzgados se act¨²a con firmeza y en otros los jueces y fiscales desconocen las normas".

Seg¨²n Narbona, "en Espa?a ha habido mucha desidia contra el delito ecol¨®gico", lo que ha conducido a una sensaci¨®n de impunidad. "Y la impunidad incita al delito", a?ade la ministra. Conde-Pumpido comparte esta impresi¨®n, seg¨²n el escrito que ha dirigido al ministerio con una serie de reformas "para ser introducidas en la Ley de Montes que prepara como proyecto de ley el Ministerio de Medio Ambiente". El escrito admite en su exposici¨®n de motivos que "el legislador ha hecho un esfuerzo importante para garantizar el derecho al medio ambiente. Sin embargo, el car¨¢cter de inter¨¦s colectivo del mismo y sus limitados sistemas de protecci¨®n [...] implica una especial dificultad a la hora de defenderlo".

El Fiscal General del Estado propone "una estructura m¨¢s eficaz para la lucha contra la delincuencia medioambiental que permita contar con secciones de Medio Ambiente coordinadas desde la c¨²pula por un fiscal de primera categor¨ªa".

La reforma legal necesaria para crear la nueva fiscal¨ªa es sencilla. Se trata de modificar dos art¨ªculos de la Ley reguladora del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, de 1981. Con la reforma, cada audiencia provincial y cada tribunal superior de justicia contar¨¢ con una nueva secci¨®n especial. "Estas secciones abarcar¨ªan los delitos relativos a la ordenaci¨®n del territorio y la protecci¨®n del patrimonio hist¨®rico, el medio ambiente e incendios forestales", seg¨²n el escrito de la fiscal¨ªa general del Estado.

Estos representantes del ministerio p¨²blico formar¨¢n una red de fiscales de medio ambiente que elaborar¨¢ un informe anual. A esta red "se le adscribir¨¢n las unidades del Seprona, as¨ª como el resto de fuerzas de seguridad que tengan competencias medioambientales". El Seprona cuenta con 1.667 agentes. El sistema es similar al de las fiscal¨ªas especializadas en la violencia sobre la mujer.

El texto se introducir¨¢ en la reforma de la Ley de Montes que el Gobierno prev¨¦ enviar al Congreso antes de verano. En ella se incluir¨¢ tambi¨¦n la prohibici¨®n de recalificar el monte quemado antes de 30 a?os. La ley vigente, de 2003, deja en manos de las autonom¨ªas c¨®mo y cuando se puede recalificar el bosque que ha sufrido incendios.

Narbona present¨® su reforma a las comunidades aut¨®nomas el 29 de enero en una reuni¨®n de los consejeros de Medio Ambiente. Las autonom¨ªas del PP y Pa¨ªs Vasco y Canarias criticaron esta modificaci¨®n porque a su juicio invade competencias. "Puede que algunas comunidades recurran la ley, pero creemos que entra dentro de las competencias estatales fijar un plazo m¨ªnimo para recalificar tras un incendio", responde Narbona.

El ministerio tiene el texto de la reforma listo. Est¨¢ esperando una sentencia del Tribunal Constitucional que clarifique las competencias del Gobierno para dictar una norma com¨²n sobre el uso que se puede dar a los Parques Nacionales. Si la resoluci¨®n es favorable al Gobierno, la reforma incluir¨¢ un texto com¨²n que blindar¨¢ el uso de los parques y su declaraci¨®n, despu¨¦s de que otra sentencia cediese la gesti¨®n de los parques a las autonom¨ªas.