No hubo eutanasia

Las denuncias an¨®nimas que apuntaban a un pr¨¢ctica de eutanasia masiva -se lleg¨® a se?alar hasta 400 casos- entre los enfermos terminales del hospital p¨²blico Severo Ochoa de Legan¨¦s han quedado en nada. El informe elaborado por los servicios de inspecci¨®n de Sanidad de la Comunidad de Madrid se?ala irregularidades administrativas, pero no ha podido establecer que existiera una mala praxis m¨¦dica, contraria a la ¨¦tica profesional, en el tratamiento de los enfermos. ?ste era el aspecto que desat¨® la alarma, relacionado con el aparente aumento durante los dos ¨²ltimos a?os de muertes de enfermos terminales en el citado hospital.

Y sin embargo, el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, ha decidido destituir a la c¨²pula entera del hospital. Antes ya dio suficiente credibilidad a las denuncias an¨®nimas, ces¨® al coordinador de Urgencias y responsable del equipo de sedaci¨®n paliativa, sin esperar a verificar lo fundado de las denuncias, y contribuy¨® as¨ª a dar verosimilitud a la hip¨®tesis preocupante de una pr¨¢ctica masiva de eutanasia. El informe reduce ahora lo sucedido a irregularidades administrativas, algo que obliga al consejero a justificar y explicar la destituci¨®n del director-m¨¦dico, el gerente del centro y el coordinador de Urgencias y responsable del equipo de sedaci¨®n paliativa, si no quiere que aparezca como una justificaci¨®n retrospectiva de su dr¨¢stica actuaci¨®n.

Entre las irregularidades administrativas m¨¢s significativas figuran, seg¨²n Lamela, 25 incidencias referentes a enfermos que fallecieron en urgencias tras recibir una sedaci¨®n que se califica de irregular o inadecuada. Otras tienen que ver con la ausencia de consentimiento familiar expreso o documentado en 57 de los 151 casos de sedaciones revisados y con el hallazgo en un caj¨®n de 70 consentimientos informados que no fueron incorporados a las correspondientes historias cl¨ªnicas. Pero nada permite deducir que ha habido pr¨¢cticas de eutanasia ni mucho menos de forma masiva.

Lamela habla de caos organizativo, aunque no cuestiona la profesionalidad de los facultativos cesados, sino su capacidad administrativa y de gesti¨®n. Alguna responsabilidad organizativa tendr¨¢ en ello el m¨¢ximo responsable pol¨ªtico de Sanidad en la Comunidad de Madrid. Ciertos reproches a una unidad de urgencias, que tiene contacto adem¨¢s con enfermos en fase terminal, suenan como iron¨ªas crueles y macabras y pueden producir resultados devastadores en la medicina p¨²blica. Si hubo malas pr¨¢cticas deben ser localizadas, denunciadas a los tribunales y sus responsables apartados del servicio, pero si no es as¨ª o no se puede demostrar, no valen las insinuaciones y las medias verdades, y se convierte en una grave irresponsabilidad la siembra de la duda y la inquietud entre m¨¦dicos y enfermos.