Personalidad suplantada

El 1 de abril se public¨® una carta, remitida por correo electr¨®nico, en la que el autor criticaba al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la destituci¨®n de tres directivos del hospital de Legan¨¦s. El escrito hab¨ªa llegado firmado por un supuesto Manuel Garc¨ªa Carasus¨¢n, y as¨ª sali¨®. El verdadero Garc¨ªa Carasus¨¢n, director m¨¦dico de la Fundaci¨®n Hospital Alcorc¨®n, remiti¨® ese mismo d¨ªa un mensaje electr¨®nico en el que neg¨® haber enviado con anterioridad escrito alguno a este diario, consider¨® que su nombre hab¨ªa sido usurpado, tild¨® la carta publicada de tendenciosa y mostr¨® su indignaci¨®n por la difusi¨®n del texto sin la confirmaci¨®n previa de su autor¨ªa. Este escrito se public¨® al d¨ªa siguiente. En paralelo, Garc¨ªa Carasus¨¢n recurri¨® al Defensor del Lector para sugerir que tratara "de forma amplia y abierta los sistemas que utiliza el diario para garantizar que lo que se publica corresponde a las personas que dicen ser o a la veracidad de los hechos relatados".

Manuel Garc¨ªa Carasus¨¢n se considera ultrajado por este diario y se pregunta: "?Existen controles suficientes que garanticen que la persona que escribe una carta es quien realmente dice serlo?, ?est¨¢ EL PA?S al corriente de las normas que protegen el derecho a la intimidad y a la propia imagen en nuestro ordenamiento jur¨ªdico?, ?c¨®mo las aplica?, ?las compatibiliza con nuevas tecnolog¨ªas y formas de comunicaci¨®n, como por ejemplo el correo electr¨®nico?, ?puede bastar con que alguien desde cualquier punto, ampar¨¢ndose en el anonimato o, lo que es m¨¢s grave, la suplantaci¨®n de personalidad, env¨ªe un correo electr¨®nico diciendo ser una persona y agregue el n¨²mero de un DNI que puede existir o no para que EL PA?S lo d¨¦ como una informaci¨®n contrastada y lo publique?".

El m¨¦dico agrega: "Me siento indefenso, cuestionada mi profesionalidad, mi dignidad y, por ende, la de la instituci¨®n en la que ostento la direcci¨®n m¨¦dica, la Fundaci¨®n Hospital Alcorc¨®n. ?Qu¨¦ habr¨¢n pensado los miembros de mi equipo, mis compa?eros del hospital, los compa?eros sanitarios de otros hospitales?, ?y la duda sembrada?".

Finalmente concluye: "Ahora tendr¨¦ que iniciar medidas legales para saber qui¨¦n suplant¨® mi personalidad. ?Contar¨¦ con su colaboraci¨®n? No parar¨¦ hasta saber qui¨¦n ha sido y solicitar a los tribunales que me amparen en los derechos que me asisten respecto de quien o quienes hayan realizado este atropello".

?ngel S. Harguindey, adjunto a la direcci¨®n y responsable en esos d¨ªas de la secci¨®n de Cartas al Director, responde: "Tiene raz¨®n el se?or Garc¨ªa Carasus¨¢n en su protesta y ning¨²n argumento de peso se puede oponer a sus quejas y preguntas. Efectivamente, es responsabilidad del diario comprobar la autenticidad de las cartas antes de ser publicadas, como consta en su Libro de estilo. Es evidente que en el caso del doctor Garc¨ªa Carasus¨¢n no se hizo, aunque el correo electr¨®nico del remitente incorporaba el nombre del firmante del texto y el n¨²mero telef¨®nico que se inclu¨ªa -como se pudo comprobar, aunque lamentablemente tarde- era el m¨®vil aut¨¦ntico del remitente, no as¨ª el n¨²mero del DNI que aportaba".

"Alguien", prosigue Harguindey, "ha cometido un delito de suplantaci¨®n de personalidad del que es v¨ªctima, en primer lugar, la persona suplantada y, en segundo, el diario EL PA?S y sus lectores. No hay m¨¢s explicaci¨®n posible que la de que al ver que el correo electr¨®nico desde el que se hab¨ªa enviado la carta parec¨ªa corresponder a quien lo firmaba y que su texto se ajustaba a las normas elementales de cortes¨ªa y a un contenido veros¨ªmil, se acept¨® por v¨¢lida, lo que, como ya se ha dicho, ha sido un error que asumo y lamento. Puedo a?adir, adem¨¢s, que vamos a extremar la atenci¨®n para evitar la publicaci¨®n de cartas al director que no hayan sido previamente comprobadas, tal como estamos obligados por el Libro de estilo".

Con respecto a la ¨²ltima pregunta , ?contar¨¦ con su colaboraci¨®n?, la respuesta de Harguindey es clara: "Naturalmente que s¨ª, como ya se le indic¨® el mismo d¨ªa de la publicaci¨®n de la carta a la responsable del gabinete jur¨ªdico de la Fundaci¨®n Hospital Alcorc¨®n, quien solicit¨® que no se destruyera el correo electr¨®nico ap¨®crifo".

Una vez asumido por parte del responsable correspondiente que se ha cometido un error y que el diario va a colaborar en todo lo necesario para que se esclarezcan los hechos, poco puede a?adir el Defensor del Lector, salvo subrayar, como ya apunta Harguindey, que es necesario introducir mejoras en los mecanismos de verificaci¨®n para garantizar el cumplimiento del art¨ªculo 2.82 del Libro de estilo, que empieza as¨ª: "Se consideran como tales , v¨¢lidas para publicar en la secci¨®n correspondiente, s¨®lo aquellas cartas firmadas y avaladas (n¨²mero del carn¨¦ de identidad, domicilio, tel¨¦fono, direcci¨®n electr¨®nica, etc¨¦tera), de modo que puedan ser autentificadas. Todas se deben comprobar antes de publicarse".

El an¨¢lisis del caso que nos ocupa confirma la necesidad de que la verificaci¨®n se haga con rigor. La persona que remiti¨® la carta se tom¨® la molestia de crear una cuenta de correo electr¨®nico en Hotmail a nombre del m¨¦dico suplantado, lo que dio verosimilitud al mensaje. Y bajo la firma figuraba un n¨²mero de DNI (falso) y el tel¨¦fono m¨®vil profesional del suplantado (correcto). Una llamada a ese n¨²mero habr¨ªa permitido descubrir la trampa, pero no se hizo porque el conjunto del mensaje no despert¨® sospechas.

Las cartas publicadas son alrededor de 5.000 cada a?o. Se ubican en el cuerpo del diario y en los cuadernillos de Andaluc¨ªa, Catalu?a, Comunidad Valenciana, Madrid y Pa¨ªs Vasco. Una vez publicadas, los originales se conservan en un archivo durante seis meses por si hubiera alguna reclamaci¨®n legal. El mensaje ap¨®crifo est¨¢, por tanto, perfectamente conservado, igual que los dem¨¢s escritos publicados durante el ¨²ltimo medio a?o.

El n¨²mero de cartas recibidas es mucho mayor. El a?o pasado se contestaron m¨¢s de 23.000, seg¨²n los datos de la administraci¨®n de Redacci¨®n. Llegaron m¨¢s, pero se destruyeron porque conten¨ªan insultos, estaban escritas de manera incoherente o ilegible, o formaban parte de campa?as masivas de propaganda pol¨ªtica o ideol¨®gica. El nombre y dem¨¢s datos del remitente de las cartas contestadas se introducen en un fichero informatizado de acceso restringido, de lo que se da cuenta a los interesados en la carta que se les remite tanto si el texto ha sido publicado como si no. En ella se indica que dicho fichero est¨¢ sometido a la Ley de Protecci¨®n de Datos de Car¨¢cter Personal. Algunos autores solicitan, acogi¨¦ndose a dicha norma, no figurar en el fichero y sus datos son borrados de inmediato.

El doctor Garc¨ªa Carasus¨¢n pregunta gen¨¦ricamente si este diario est¨¢ al tanto de la legislaci¨®n que protege el derecho a la intimidad y a la propia imagen, c¨®mo la aplica y c¨®mo tiene en cuenta para ello las nuevas tecnolog¨ªas. Son preguntas que superan, con mucho, el caso que nos ocupa y cuya respuesta no cabe en el espacio de esta columna. Pero cabe se?alar que, junto al prop¨®sito de cumplir escrupulosamente la ley, el diario se impone normas muy estrictas, que figuran en el Libro de estilo, un texto de obligado cumplimiento para todos sus periodistas y colaboradores. Una de esas normas es la que recoge el citado art¨ªculo 2.82. Y cuando ¨¦sta u otras se vulneran y se produce el fallo, debe aplicarse el art¨ªculo 1.4: "El peri¨®dico ha de ser el primero en subsanar los errores cometidos en sus p¨¢ginas, y hacerlo lo m¨¢s r¨¢pidamente posible y sin tapujos". La correcci¨®n puede ser una discreta fe de errores o un largo art¨ªculo como el que finaliza en este punto.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electr¨®nico (defensor@elpais.es), o telefonearle al n¨²mero 91 337 78 36.