?Estado federal o relaci¨®n bilateral con Espa?a?

Multilateralidad o bilateralidad. Es decir, un estatuto de autonom¨ªa pensado para funcionar como parte de un Estado compuesto o federal; o como contrato bilateral entre Catalu?a y Espa?a. El choque entre estas dos concepciones es el origen de los numerosos desacuerdos registrados hasta ahora en la redacci¨®n del proyecto de reforma del Estatuto catal¨¢n. Los federalistas (socialistas, republicanos y ecosocialistas), pero tambi¨¦n el Partido Popular (PP), defienden en general las posiciones multilaterales. Los nacionalistas de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) y, en ocasiones, Esquerra Republicana (ERC) abonan el bilateralismo.

Esta contradicci¨®n ha surgido una y otra vez en los debates de la ponencia parlamentaria impidiendo a menudo la formaci¨®n de la mayor¨ªa cualificada. Aparece cuando se trata sobre las relaciones de la Generalitat con el Estado y con la Uni¨®n Europea. Surgir¨¢ probablemente en el decisivo t¨ªtulo dedicado a la financiaci¨®n de la Generalitat, todav¨ªa no debatido.

No ha habido acuerdo hasta ahora sobre este asunto y CiU mantiene por esta raz¨®n sus reservas en numerosos art¨ªculos del proyecto. Si no se halla un punto de encuentro en la segunda lectura, no habr¨¢ proyecto de reforma del Estatuto, porque los 46 diputados de CiU son imprescindibles para alcanzar la mayor¨ªa de dos tercios del Parlamento catal¨¢n (90 esca?os sobre 135) requerida para su aprobaci¨®n.

El otro gran desacuerdo registrado hasta ahora no tiene nada que ver con las relaciones de Catalu?a con Espa?a. Es una pura y simple cuesti¨®n ideol¨®gica, que enfrenta a izquierda y derecha sobre el escenario dom¨¦stico. Los tres grupos de la izquierda (PSC, ERC e Iniciativa Verds-Esquerra Unida) quieren que la reforma sirva para incluir en el Estatuto un extenso cat¨¢logo de derechos sociales, los relacionados con las materias en las que la Generalitat tiene competencia exclusiva: familia, tercera edad, salud, ense?anza, trabajo, lenguas, participaci¨®n pol¨ªtica. Los dos grupos de la derecha, CiU y PP rechazan esta pretensi¨®n y proponen que, m¨¢s adelante, el Parlamento catal¨¢n elabore una carta de derechos.

A pesar de ello, la ponencia abord¨® la redacci¨®n del correspondiente t¨ªtulo. Las chispas saltaron cuando la izquierda propuso introducir el derecho de los ciudadanos a una ense?anza p¨²blica, laica y de calidad. El laicismo en la escuela se convirti¨® en un muro infranqueable. Lo mismo sucedi¨® cuando la derecha reclam¨® la inclusi¨®n del derecho de las familias a poder escoger escuela p¨²blica en funci¨®n de sus preferencias ideol¨®gicas.

Adem¨¢s de estos grandes desacuerdos, se han producido tambi¨¦n otros en funci¨®n de lo que los grupos interpretan como l¨ªmite constitucional. Son numerosos, aunque de diversa trascendencia. Desde un asunto capital, como la definici¨®n de competencia exclusiva, que es uno de los objetivos principales de la reforma, hasta cuestiones de detalle en la clasificaci¨®n de las materias en la lista de competencias exclusivas o compartidas.

Lo que sigue es un resumen de los principales desacuerdos registrados hasta ahora, cuando a¨²n queda por redactar en primera lectura el t¨ªtulo preliminar que tratar¨¢ sobre la definici¨®n de Catalu?a como naci¨®n y de sus derechos como tal, el t¨ªtulo relativo a la financiaci¨®n, y alg¨²n cap¨ªtulo delicado, como el de la seguridad. Los desacuerdos se expresan en la ponencia en forma de reservas de los grupos parlamentarios a los art¨ªculos que se adoptan en primera lectura.

- Competencias. Hay sendas reservas del grupo del PSC-Ciutadans pel Canvi y del PP a definir como "¨ªntegra y excluyente" la noci¨®n de competencia exclusiva de la Generalitat. El PP ha hecho constar su reserva a la utilizaci¨®n del art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n para ceder a la Generalitat la gesti¨®n de competencias exclusivas del Estado en varias materias (inmigraci¨®n, grandes infraestructuras del transporte, convocatoria de referendos, telecomunicaciones). El PSC y el PP han presentado sendas reservas a incluir un art¨ªculo que propone el traspaso a la Generalitat de la gesti¨®n de los servicios de la Administraci¨®n Territorial del Estado en Catalu?a. Es lo que se conoce como Administraci¨®n ?nica. El PSC condiciona el traspaso a la Generalitat de la facultad de convocar referendos a que ¨¦sta se utilice s¨®lo cuando afecte a materias de su competencia exclusiva.

- Justicia. Hay una reserva global del PP, que considera que se propone una reorganizaci¨®n del modelo, con la reforma de m¨¢s de 250 art¨ªculos de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. CiU se opone a que el previsto Consejo de Justicia de Catalu?a sea un ¨®rgano descentralizado del Consejo General del Poder Judicial: preconiza que sea un ¨®rgano desconcentrado. Tambi¨¦n existe una reserva del PP a que el conocimiento de la lengua catalana sea un requisito para ejercer en la Administraci¨®n de Justicia en Catalu?a.

- Relaciones Generalitat-Estado. CiU exige que los acuerdos de la paritaria Comisi¨®n Bilateral Estado-Generalitat, a la que se remiten numerosas decisiones, sean vinculantes. Por ejemplo, acerca de la ubicaci¨®n en Catalu?a de grandes infraestructuras del Estado, o en las negociaciones en la Uni¨®n Europea sobre asuntos en los que la Generalitat tiene competencia exclusiva. Reserva del PP a que la Generalitat nombre a miembros de los ¨®rganos centrales del Estado: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Banco de Espa?a, reguladores econ¨®micos, etc¨¦tera.

- Participaci¨®n en las relaciones con la Uni¨®n Europea. Hay una reserva de PSC y PP a que Catalu?a sea circunscripci¨®n en las elecciones al Parlamento Europeo; y a queel informe de la Generalitat en las materias de su competencia sea vinculante para el Gobierno espa?ol en la UE y en la firma de tratados internacionales.

- Derechos y deberes. CiU y PP se oponen a incluir este t¨ªtulo en el Estatuto y lo remiten a una Carta de Derechos que el Parlamento aprobar¨ªa m¨¢s adelante como ley. Si finalmente se introduce, CiU y PP se oponen a que consagre el derecho a una ense?anza p¨²blica laica, como defienden los tres grupos de la izquierda. El PP se opone al sesgo pol¨ªtico del borrador del t¨ªtulo, que considera socialdem¨®crata y reclama que sea ecl¨¦ctico. El PP rechaza incluir el conocimiento del catal¨¢n como deber.

- Instituciones. CiU pretende limitar este t¨ªtulo a poco m¨¢s que la enumeraci¨®n de las instituciones de la Generalitat y remitir su desarrollo a una ley del Parlamento. CiU y PP rechazan incluir a la Administraci¨®n Local como Administraci¨®n de la Generalitat, contra lo que preconizan los tres grupos de la izquierda. PSC y PP rechazan la propuesta de ERC, que CiU e ICV apoyan, de ampliar las funciones del Consejo Consultivo de la Generalitat para convertirlo en un Consejo de Garant¨ªas Estatutarias.