El tripartito defiende un mecanismo progresivo de solidaridad con las otras comunidades
El Ejecutivo de Maragall negociar¨¢ con CiU y PP un modelo federal de compensaci¨®n territorial
Un modelo de corte federal, alejado de extremismos y con suficiente sinton¨ªa con los planteamientos de CiU como para que reciba el apoyo mayoritario del Parlamento catal¨¢n. ?sas son las premisas del sistema de financiaci¨®n y de una de las propuestas m¨¢s significativas del Gobierno tripartito de Catalu?a: el mecanismo de solidaridad con el resto del Estado. La f¨®rmula definitiva cumplir¨¢ dos principios b¨¢sicos: que las comunidades presten niveles similares de servicios si realizan un esfuerzo fiscal similar y que las regiones que pagan m¨¢s impuestos se beneficien de una parte de ese mayor esfuerzo fiscal.
La propuesta de nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica pactada por el Gobierno tripartito catal¨¢n no incluye la concreci¨®n del mecanismo de solidaridad definitivo entre la comunidad y el resto del Estado. Pero s¨ª enuncia los principios b¨¢sicos de ese mecanismo, que se pactar¨¢n en la ponencia que redacta el nuevo Estatuto catal¨¢n, en la que participan los dos partidos de la oposici¨®n parlamentaria en Catalu?a: CiU y el PP.
El sistema postula un mecanismo que aumenta progresivamente las transferencias destinadas a solidaridad interterritorial a medida que crece el nivel de capacidad financiera de Catalu?a sobre la media espa?ola. El objetivo es que en las comunidades aut¨®nomas que pagan m¨¢s impuestos, como Catalu?a o Madrid, una parte de ese mayor esfuerzo redunde en beneficio de la regi¨®n. Para ello, el borrador inicial establec¨ªa tres tramos con un nivel de solidaridad distinto, en el que las transferencias al Estado aumentan a medida que la capacidad fiscal de Catalu?a alcanza cifras por encima de la media.
En definitiva, se trata de establecer una f¨®rmula que permita que las distintas comunidades puedan prestar niveles similares de servicios si llevan a cabo un esfuerzo fiscal similar. La aportaci¨®n auton¨®mica se realizar¨¢ teniendo en cuenta los niveles de gasto que soporta la comunidad, que incluyen variables como la poblaci¨®n, la pir¨¢mide de edad (es decir, el envejecimiento de la sociedad, directamente relacionado con el gasto sanitario) y los flujos migratorios.
Evaluaci¨®n quinquenal
Adem¨¢s del nivel de gasto, la propuesta catalana prev¨¦ que las transferencias de solidaridad no creen desincentivos econ¨®micos entre las regiones, tanto para las que realizan transferencias al Estado en concepto de solidaridad como para las que las reciben. El objetivo es no generar un efecto perverso e introducir est¨ªmulos en un modelo estable, pero no cerrado, que incluir¨¢ un sistema de evaluaci¨®n quinquenal para revisar la cuant¨ªa y los efectos de las transferencias.
En definitiva, se trata de que el mayor esfuerzo fiscal eventualmente realizado por los catalanes, calculado a partir de la diferencia entre los impuestos soportados por Catalu?a y la media de las comunidades, se traduzca en una mayor capacidad financiera y mayores ingresos para la Generalitat. Para calcular el esfuerzo fiscal, adem¨¢s, se tendr¨¢ en cuenta el conjunto de precios privados para servicios p¨²blicos que ya soporta Catalu?a, como los peajes.
El borrador que barajaba el Ejecutivo auton¨®mico hace escasas semanas y que finalmente no ha sido incorporado al proyecto concretaba un mecanismo con tres tramos de solidaridad. El primer tramo se centraba en el supuesto de que la capacidad fiscal de Catalu?a se encuentre entre el 100% y el 110% de la media espa?ola. En este primer tramo, se destinar¨ªa el 30% de lo que supere la media espa?ola a transferencias a las otras comunidades y el 70% restante se quedar¨ªa en Catalu?a. Si el nivel catal¨¢n de renta fuese del 110% al 120% de la media espa?ola, se aportar¨ªa el 30% en el primer tramo m¨¢s un 60% del segundo tramo (del 110% al 120%). Si la renta catalana se hallase por encima del 120% de la media espa?ola, en el tercer tramo aportar¨ªa el 80%. Por ejemplo, si la renta de Catalu?a es del 122% de la media espa?ola, de 100% a 110% aportar¨¢ el 30%; de 110% a 120%, el 60%, y del 2% restante, el 80%.
La inspiraci¨®n alemana se constata en una de las condiciones que fija: el sistema debe garantizar una reducci¨®n de las diferencias de renta entre comunidades a trav¨¦s de transferencias, pero sin llegar a invertir esas diferencias. Ese principio se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional alem¨¢n.
F¨®rmula bilateral y 'exportable'
La propuesta del Gobierno tripartito se debatir¨¢ ahora en el seno de la ponencia del Estatuto catal¨¢n con el resto de grupos catalanes, y despu¨¦s con el Gobierno central y las comunidades aut¨®nomas en la comisi¨®n mixta de valoraciones Estado-Generalitat y en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera (CPFF).
Hay dos aspectos clave para que la propuesta salga adelante, tanto en Catalu?a como en el CPFF. Para que obtenga el m¨¢ximo consenso posible en el Parlamento catal¨¢n, el texto tiene que responder a los requerimientos de los diputados nacionalistas de ERC y CiU, que exigen una relaci¨®n de t¨² a t¨², bilateral, entre Catalu?a y el Estado.
El asesor econ¨®mico de Zapatero en Moncloa, Miguel Sebasti¨¢n, ha estado informado puntualmente de las posiciones de todos los partidos catalanes, incluso del PSC, durante el proceso negociador del tripartito.
Para que el Gobierno y las otras comunidades aut¨®nomas lo acepten, el modelo de financiaci¨®n tiene que poderse aplicar a todas las regiones que lo deseen. ?sta es una de las condiciones que ha impuesto el Ejecutivo de Zapatero a trav¨¦s de su vicepresidente econ¨®mico, Pedro Solbes, y del ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla.
Manuel Chaves, presidente andaluz y del PSOE, condiciona adem¨¢s el visto bueno del CPFF a que los ingresos percibidos por cada comunidad est¨¦n en funci¨®n de su poblaci¨®n, algo que el sistema progresivo de solidaridad propuesto no contempla.
Catalu?a ya se ajusta actualmente a lo que pide Chaves, y lo considera insuficiente. Aporta una media del 21% de los impuestos del Estado y recibe el 16%, que es el peso de la poblaci¨®n catalana en el conjunto del Estado.
El Gobierno catal¨¢n plantea, pues, un sistema de financiaci¨®n basado en la relaci¨®n bilateral con el Estado -en la medida que el Estatuto es un pacto entre dos administraciones-, pero exportable al conjunto de comunidades. La Generalitat cuenta con dict¨¢menes jur¨ªdicos elaborados por expertos independientes -los constitucionalistas Fernando P¨¦rez Royo y Manuel Media- que garantizan la constitucionalidad de la f¨®rmula que incorporar¨¢ el Estatuto.
Sin embargo, el dictamen considera inviable aplicar en Catalu?a una f¨®rmula cuya aportaci¨®n al Estado se base en el pago de una cantidad o cuota fija, similar al cupo de las comunidades de r¨¦gimen foral (Pa¨ªs Vasco y Navarra) y equiparable a la propuesta de CiU.
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