El cuarto pilar del Estado de bienestar

El Estado de bienestar en Espa?a est¨¢ poco desarrollado. Seg¨²n Eurostat, la agencia estad¨ªstica de la Uni¨®n Europea, nuestro pa¨ªs tiene el gasto p¨²blico por habitante en protecci¨®n social (que incluye, entre otros cap¨ªtulos, pensiones, sanidad, ayudas a las familias y vivienda) m¨¢s bajo de la Uni¨®n Europea de los Quince (UE-15), el grupo de pa¨ªses m¨¢s pr¨®ximos a nosotros por su nivel de desarrollo econ¨®mico. En realidad, Espa?a se gasta en su Estado de bienestar mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. As¨ª, mientras el PIB per c¨¢pita de Espa?a es ya casi el 86% del promedio de los pa¨ªses de la UE-15, el gasto en protecci¨®n social por habitante es s¨®lo el 62,5% del promedio de la UE-15. Deber¨ªamos gastarnos alrededor de 60.000 millones de euros m¨¢s de lo que nos gastamos en protecci¨®n social para alcanzar el nivel de gasto p¨²blico social que nos corresponde por el nivel de desarrollo econ¨®mico que tenemos. Este d¨¦ficit se da en todos los componentes de nuestro Estado de bienestar, alcanzando mayores dimensiones en las ayudas p¨²blicas (en transferencias y servicios p¨²blicos) a las familias. Espa?a, donde el discurso ret¨®rico oficial pone a las familias en el centro de la sociedad, tiene unas pol¨ªticas p¨²blicas (tanto a nivel central y auton¨®mico como local) muy poco sensibles a ellas. Y cuando decimos familias deber¨ªamos decir, en realidad, mujeres, pues son ellas las que dentro de las familias realizan mayor esfuerzo (42 horas como promedio semanal) en tareas familiares.

Hay que converger con el promedio del gasto p¨²blico social de la UE

La igualdad de la mujer exige la existencia de esos servicios

La mayor¨ªa de pa¨ªses en la UE-15 proveen no s¨®lo transferencias a sus familias, sino tambi¨¦n servicios p¨²blicos, de los cuales escuelas de infancia y servicios a las personas con discapacidades (tales como servicios domiciliarios y teleasistencia) que requieran cuidados y atenci¨®n por parte de otras personas son los m¨¢s importantes. En Espa?a, sin embargo, el porcentaje de infantes de 0 a 2 a?os que asisten a escuelas p¨²blicas de infancia (4,4%) o el n¨²mero de personas ancianas atendidas por servicios p¨²blicos de dependencia (3%) son los m¨¢s bajos de la UE-15 (cuyos promedios son 24% y 14%, respectivamente). De ah¨ª que en el a?o 2000, cuando asesor¨¦ al mayor partido de la oposici¨®n en las elecciones legislativas de aquel a?o, aconsej¨¦ incluir en su programa electoral el compromiso de universalizar los servicios de ayuda a las familias, llamando a tal derecho el cuarto pilar del Estado de bienestar. Indicaba con esta expresi¨®n el hecho de que el Estado de bienestar en Espa?a, que pod¨ªa presentarse simb¨®licamente como una silla en la que el ciudadano pudiera respaldarse y descansar cuando su bienestar social y calidad de vida as¨ª lo exigiera, ten¨ªa s¨®lo tres patas o derechos (el derecho a la sanidad, el derecho a la educaci¨®n y con las pensiones no contributivas, el derecho a la pensi¨®n), falt¨¢ndole, en cambio, una cuarta pata o pilar para que estuviera equilibrado y completo. De ah¨ª que llamara a tal derecho el cuarto pilar del Estado de bienestar, t¨¦rmino que me alegra haya hecho fortuna y que sea usado ampliamente en la narrativa pol¨ªtica y medi¨¢tica del pa¨ªs.

Me preocupa, sin embargo, que, en ocasiones, no se capta o describe bien el significado de este cuarto pilar del Estado de bienestar, que, como derecho, deber¨ªa garantizar la accesibilidad a tales servicios por parte de las familias espa?olas. Hay que entender que derecho quiere decir su universalizaci¨®n a toda la ciudadan¨ªa con el consiguiente crecimiento del gasto p¨²blico que implica (sin excluir, naturalmente, las aportaciones, como sistemas de copago y otros pagos privados que puedan establecerse como medidas complementarias). Y es ah¨ª que las cantidades que se est¨¢n proponiendo por varias fuerzas pol¨ªticas para desarrollar tal derecho me parecen a todas luces insuficientes. Tomando los servicios de dependencia como ejemplo, vemos que el Gobierno espa?ol ha propuesto alcanzar la cifra (en dos legislaturas) de 8.500 millones de euros al a?o para el desarrollo de tales servicios, una cifra insuficiente para cubrir las enormes necesidades del pa¨ªs. Esta insuficiencia facilitar¨ªa que se cubrieran tales d¨¦ficit por la v¨ªa del aseguramiento privado, lo cual contar¨ªa con el apoyo de algunas opciones pol¨ªticas que favorecer¨ªan las cl¨¢sicas desgravaciones fiscales que suponen en realidad un subsidio p¨²blico al sector privado. Se reproducir¨¢ as¨ª lo que est¨¢ ocurriendo ya en la sanidad espa?ola, donde las desgravaciones fiscales al aseguramiento privado (que hizo el Gobierno conservador espa?ol con el apoyo del partido conservador gobernante en Catalu?a) est¨¢n reforzando una polarizaci¨®n social en la que la sanidad privada atiende al 30%-35% de la poblaci¨®n con mayor capacidad pudiente y aseguradora, mientras que el sector de servicios p¨²blicos atiende a las clases populares y a los pacientes cr¨®nicos y ancianos con mayores necesidades. Ser¨ªa un gran error expandir este sistema a los servicios de dependencia, error que significar¨ªa tambi¨¦n una contradicci¨®n con el compromiso que las fuerzas progresistas deber¨ªan tener para crear sistemas p¨²blicos multiclasistas de elevada calidad y eficiencia.

Esta ¨²ltima alternativa requerir¨ªa un aumento mucho mayor del gasto p¨²blico asignado a tales servicios que el que se propone, lo cual significar¨ªa tambi¨¦n un aumento de los impuestos. Y ah¨ª es donde radica el punto clave del debate, y que se est¨¢ soslayando en el pa¨ªs. No hay duda de que las familias espa?olas van a tener que pagar por estos servicios de dependencia, puesto que las mujeres j¨®venes no har¨¢n lo que sus madres y abuelas hicieron. La muy necesaria igualdad de oportunidades para las mujeres exige la existencia de estos servicios de ayuda a las familias (incluyendo los servicios de dependencia) que permitan la realizaci¨®n de tal igualdad de oportunidades (adem¨¢s, naturalmente, de cambiar los valores culturales corresponsabilizando al hombre de tales tareas familiares). Esta situaci¨®n explica que el debate pol¨ªtico no deber¨ªa centrarse sobre si las familias deben pagar m¨¢s o no, sino cu¨¢nto m¨¢s y con qu¨¦ forma de pago, es decir, si pagar¨¢n por estos servicios como pago directo o p¨®lizas de aseguramiento privado o pagar¨¢n como impuestos. Y ah¨ª la experiencia internacional muestra la v¨ªa a seguir. En un estudio que el grupo de estudios sociales de la The Johns Hopkins University hicimos en los a?os noventa comparando el gasto de las familias en los servicios de ayuda a las familias en EE UU con el gasto de las familias en tales servicios en Suecia, se vio que el gasto era mayor, los servicios eran m¨¢s limitados, la satisfacci¨®n de los usuarios menor, y la calidad de los servicios, peor en el primer pa¨ªs que en el segundo. La diferencia mayor entre los dos pa¨ªses era que en el primer caso se pagaba a compa?¨ªas aseguradoras privadas y en el segundo caso se hac¨ªa a trav¨¦s de impuestos. Existe el riesgo en Espa?a de que, debido a la resistencia a aumentar los impuestos, se est¨¦ escogiendo m¨¢s la primera v¨ªa que la segunda. Ser¨ªa un error. Se me dir¨¢ que hay v¨ªas alternativas como la alemana, que se basa en un aseguramiento mixto, pero los datos de aquel pa¨ªs muestran claramente c¨®mo las aseguradoras privadas seleccionan los casos menos necesitados dejando para el sector p¨²blico todos los casos de mayor necesidad, reproduci¨¦ndose as¨ª la polarizaci¨®n social que existe ya en la sanidad de nuestro pa¨ªs.

La otra alternativa ser¨ªa revertir las pol¨ªticas liberales que han caracterizado las pol¨ªticas fiscales de los gobiernos conservadores y que han estado dificultando la convergencia del gasto p¨²blico social de Espa?a con la UE-15. Desde este punto de vista hay una clara contradicci¨®n entre el discurso proeurope¨ªsta de la mayor¨ªa de las fuerzas pol¨ªticas parlamentarias (que constatamos en las ¨²ltimas elecciones europeas), y las propuestas que se est¨¢n haciendo a favor de las reducciones de los impuestos. Converger con la UE-15 quiere decir converger con el promedio del gasto p¨²blico social por habitante de la UE-15. ?sta es, por cierto, la propuesta que estimul¨¦ se incorporara en el programa del PSOE del 2004 (y que consta en su programa de gobierno), pero que no podr¨¢ respetarse a no ser que se converja con el nivel de los impuestos de la UE-15 pasando (despu¨¦s de varias legislaturas) de representar s¨®lo el 36% del PIB al 42%, el promedio europeo. Para conseguir lo primero hay que realizar lo segundo. Creer lo contrario es creer que se puede cuadrar el c¨ªrculo.

Vicen? Navarro es catedr¨¢tico de Pol¨ªticas P¨²blicas. Universitat Pompeu Fabra.