Las autonom¨ªas abren la reforma de sus estatutos

Las autonom¨ªas encaran, casi 25 a?os despu¨¦s de su constituci¨®n, la reforma de los estatutos para mejorar el autogobierno. A juzgar por algunas (Euskadi plantea una libre asociaci¨®n con Espa?a y el derecho de autodeterminaci¨®n; Catalu?a quiere recaudar todos los impuestos y decidir cu¨¢nto devuelve a la Administraci¨®n central, y la Comunidad Valenciana defiende una cl¨¢usula para sumarse a la autonom¨ªa que m¨¢s competencias incluya en su estatuto...), el proceso reformista puede resultar hist¨®rico y tremendamente conflictivo. El Congreso ya ha tumbado la primera propuesta de reforma que ha llegado, la de Euskadi, que afronta un nuevo tiempo pol¨ªtico tras las elecciones del pasado 17 de abril.

El PSOE andaluz apenas modifica los criterios relativos a la financiaci¨®n auton¨®mica

Lo que sigue -sin analizar los procesos en Catalu?a y Euskadi- resume el estado general de esta cuesti¨®n relacionada con el modelo territorial de Espa?a y las ambiciones de los dirigentes auton¨®micos para las comunidades donde gobiernan.

A diferencia del tripartito catal¨¢n, los socialistas andaluces apenas tocan los principios generales que recoge el actual Estatuto de Andaluc¨ªa sobre financiaci¨®n auton¨®mica. S¨®lo recalcan que el criterio de poblaci¨®n, incluida la inmigraci¨®n, es "esencial" para definir si esa financiaci¨®n es suficiente. Y est¨¢n a la espera de que la negociaci¨®n con el Gobierno central sobre la deuda hist¨®rica -ingresos para compensar el bajo nivel de dotaci¨®n con el que Andaluc¨ªa recibi¨® ciertas competencias estatales- se resuelva para eliminar esa referencia en el nuevo Estatuto.

La propuesta de reforma, que los socialistas andaluces quieren sacar adelante este a?o, se refiere a Andaluc¨ªa como "nacionalidad", pero las cuestiones de identidad se resuelven en unas pocas l¨ªneas. De m¨¢s calado es la apuesta por la codecisi¨®n con el Gobierno en varias materias. Los socialistas quieren que la comunidad aut¨®noma participe en la planificaci¨®n de infraestructuras estatales en Andaluc¨ªa, que est¨¦ presente en los Consejos de Ministros de la UE que traten asuntos de su competencia, e involucrarse en la designaci¨®n de miembros de instituciones estatales, como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de Espa?a, la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa y la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones.

Adem¨¢s, el texto atribuye a la comunidad la capacidad para fijar el cupo de contrataci¨®n de inmigrantes y para gestionar los ingresos de la Seguridad Social "con garant¨ªa de mantenimiento de la caja ¨²nica", y al presidente andaluz le otorga la potestad de convocar consultas populares. Como nuevas competencias figuran los puertos, aeropuertos, ferrocarriles, museos y archivos p¨²blicos que se gestionen en Andaluc¨ªa.

La reforma fija asimismo la obligaci¨®n de la comunidad de garantizar una panoplia de derechos sociales (sanidad, educaci¨®n, protecci¨®n de mayores y menores, integraci¨®n de personas discapacitadas y dependientes), en el que se incluye de modo expreso a los inmigrantes. Y prev¨¦ delegar competencias en los ayuntamientos.

En marzo de 2003, las Cortes de Arag¨®n aprobaron por unanimidad un dictamen para profundizar en el autogobierno y acometer la reforma de su Estatuto de Autonom¨ªa. Fue la primera comunidad en hacerlo. Arag¨®n planteaba la reforma para alcanzar el m¨¢ximo autogobierno. En diciembre del pasado a?o se constituy¨® la ponencia encargada de esa reforma, que se re¨²ne cada quince d¨ªas, y de hecho esta misma semana ha aprobado por unanimidad la modificaci¨®n de cinco art¨ªculos del Estatuto, entre ellos el que confiere al presidente del Gobierno aut¨®nomo la capacidad de disolver la C¨¢mara y convocar elecciones que puedan abrir una legislatura completa; es decir, la autonom¨ªa para no estar a expensas de otras convocatorias electorales que hasta ahora pod¨ªan obligar a no completar el periodo de gobierno de cuatro a?os.

Se aprob¨® tambi¨¦n el cambio de denominaci¨®n de Diputaci¨®n General de Arag¨®n por Gobierno Aut¨®nomo, y que el Tribunal Superior de Justicia de Arag¨®n tenga competencias en los recursos de casaci¨®n y revisi¨®n.

Arag¨®n busca con la reforma abrir al m¨¢ximo su capacidad de autogobierno, tener, por ejemplo, polic¨ªa auton¨®mica y no una unidad de la Polic¨ªa Nacional adscrita como contempla el actual Estatuto, definir su denominaci¨®n y desarrollar su ley de lenguas. En cuanto a la financiaci¨®n, todav¨ªa est¨¢ sin aplicar el art¨ªculo 48, aprobado en la reforma de 1996, que contempla un acuerdo de cooperaci¨®n bilateral entre el Estado y la Comunidad para fijar compensaciones econ¨®micas, una ley org¨¢nica sin cumplir a medio camino entre la financiaci¨®n ordinaria y el cupo vasco.

El Principado de Asturias ha solicitado tres informes a otros tantos grupos de expertos universitarios. Sus dict¨¢menes servir¨¢n de documentos de trabajo para una reforma estatutaria que est¨¢, pues, en su fase preliminar y que el Ejecutivo aut¨®nomo pretende acometer "con el m¨¢ximo consenso posible" de las fuerzas parlamentarias y con la pretensi¨®n de que "quede formalmente perfilada" en la actual legislatura (2003-2007).

Para el Gobierno de Asturias, una alianza de PSOE e Izquierda Unida-Bloque por Asturias, la reforma estatutaria puede ser un factor que aflore divergencias entre las fuerzas pol¨ªticas gobernantes. Una de ellas es el tratamiento que se conceda al asturiano o bable. Para IU-BA, la cooficialidad ha sido una reclamaci¨®n persistente. El PSOE s¨®lo ha accedido en los ¨²ltimos 25 a?os a concederle un reconocimiento expreso en el estatuto para su protecci¨®n y fomento pero sin otorgarle rango oficial.

La definici¨®n de la personalidad de la comunidad aut¨®noma es otro espacio que puede abrir controversias. El estatuto vigente reconoce a Asturias el car¨¢cter de "comunidad hist¨®rica". El PP, en la oposici¨®n, ha defendido una reforma de m¨¢ximos para equiparar a Asturias al misma rango que pudieran alcanzar cualesquiera otras comunidades aut¨®nomas, sean Catalu?a o Pa¨ªs Vasco.

Para Asturias, sin embargo, lo verdaderamente crucial es el modelo de financiaci¨®n auton¨®mica. Se trata de una regi¨®n en declive industrial y con ajustes productivos a¨²n inacabados, pero es adem¨¢s la comunidad aut¨®noma que menor crecimiento econ¨®mico ha acumulado desde 1975 -volvi¨® a ser la ¨²ltima en 2004-, la de menor aumento demogr¨¢fico -tambi¨¦n lo fue el a?o pasado- y la que, con Galicia, presenta una mayor envejecimiento de poblaci¨®n, lo que entra?a elevados gastos sociales y sanitarios.

Por todo ello, es, con Extremadura, la comunidad con mayor dependencia de la solidaridad nacional y del fondo de cohesi¨®n interterritorial. Por consiguiente, cualquier revisi¨®n de los modelos de financiaci¨®n auton¨®mica y de la sanidad puede ser gravemente perjudicial para la sostenibilidad financiera de Asturias. De igual modo, una eventual ruptura de la caja ¨²nica de la Seguridad Social, como pretende, por ejemplo, el Pa¨ªs Vasco, a ninguna comunidad causar¨ªa tanto da?o como a Asturias, que es la regi¨®n que m¨¢s depende de la solidaridad: el 40,1% de las prestaciones del sistema proceden de cotizaciones de otras regiones, casi el doble que las siguientes autonom¨ªas -Galicia y Castilla y Le¨®n- m¨¢s dependientes de los recursos exteriores.

El presidente de Asturias, Vicente ?lvarez Areces, defiende el modelo federal, pero manteniendo como "irrenunciables" los principios de "cohesi¨®n social y territorial", el consenso como exigencia de cualquier reforma de la financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas, que ha de acometerse de forma multilateral -entre todas las comunidades y el Gobierno central- y no de modo bilateral -entre la Administraci¨®n central y cada una de las regiones por la v¨ªa de las reformas estatutarias- porque lo segundo entra?ar¨ªa "un retroceso de graves consecuencias pol¨ªticas". Asturias exigir¨¢ "suficiencia financiera" para todas las comunidades y "un gran pacto" que garantice "la sostenibilidad del sistema financiero de la sanidad p¨²blica" para no da?ar el derecho a la "igualdad de servicios y prestaciones" de los ciudadanos "con independencia de donde vivan".

La reforma del Estatuto de Baleares de 1983 transcurre lentamente, desde hace ocho meses, por doble v¨ªa, en la ponencia parlamentaria que se ha reunido en cuatro ocasiones y a trav¨¦s de una comisi¨®n expertos. En ambos ¨¢mbitos pesa la mayor¨ªa absoluta del PP y la falta de consenso y objetivos. Antes de mayo 2006 no est¨¢ previsto que se cierre el proyecto articulado para su tramitaci¨®n, seg¨²n los portavoces del PP, Joan Huguet, y del PSOE, Francina Armengol. El PP quiere equiparar las islas con el resto de comunidades, proclamar la nacionalidad hist¨®rica, crear un nuevo consejo insular en Formentera o equprar su estatus al de la isla de Hierro o las ciudades aut¨®nomas de Melilla y Ceuta. La mayor¨ªa se?ala que el sistema de financiaci¨®n contemplar¨¢ una agencia tributaria propia. "No queremos en Espa?a un reino de taifas", dice Huguet, que defiende la polic¨ªa auton¨®mica y subraya que "Espa?a es la ¨²nica naci¨®n".

El PSOE cree que "se camina lentamente" y reprocha al PP la falta de una negociaci¨®n global previa, un pacto bilateral para definir el marco competencial y la estructura de poder y gesti¨®n entre el Estado, el Gobierno balear y cada una de las islas que se autodefinen gobiernos. Los socialistas tambi¨¦n han exigido al presidente balear, Jaume Matas, que el eventual pacto estatutario incorpore "un acuerdo sobre modelo audiovisual.

La reforma del Estatuto de Autonom¨ªa de Canarias, uno de los textos m¨¢s ambiciosos que se han planteado en las comunidades aut¨®nomas, se produce desde hace meses sin aportaciones del Grupo Parlamentario Socialista, que abandon¨® la comisi¨®n instituida en el Parlamento para su estudio por la negativa de los otros tres grupos a discutir simult¨¢neamente la reforma electoral. Previamente a este plante de los socialistas canarios, un comit¨¦ de expertos designado por los cuatro grupos parlamentarios (Coalici¨®n Canaria, PP, Partido de Independientes de Lanzarote y PSC) prepar¨® un borrador de reforma completa del Estatuto de Autonom¨ªa de Canarias, que fue aprobado por unanimidad y remitido para su discusi¨®n al Parlamento. Este documento pasa ahora por una fase de consultas.

A¨²n si el PSC no se incorporara al debate, el nuevo estatuto canario s¨ª podr¨ªa aprobarse en el Parlamento aut¨®nomo, aunque quedar¨ªa bloqueado en Madrid si persistiera el divorcio pol¨ªtico actual.

Durante las discusiones sobre el borrador del nuevo estatuto, los expertos constitucionalistas han expuesto dos corrientes de opini¨®n, en especial a partir de la nueva redacci¨®n del art¨ªculo 30, calificado en enero "filosoberanista" por el ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla. El pol¨¦mico art¨ªculo del borrador (30.3) propone que "el derecho propio de Canarias en materias de su competencia se aplicar¨¢ con preferencia al del Estado", mientras el 30.4 reclama la misma consideraci¨®n para el archipi¨¦lago lograda en el nuevo Tratado de Constituci¨®n europea: "Cuando la condici¨®n ultraperif¨¦rica derivada de la lejan¨ªa e insularidad de Canarias incide de manera determinante en alguna de las competencias establecidas en el art¨ªculo 32 del Estatuto" [que establece las competencias de la comunidad], "la normativa b¨¢sica estatal reconocer¨¢ tal circunstancia y, por tanto, la plena competencia auton¨®mica".

Este ¨²ltimo aspecto persigue una identificaci¨®n con el art¨ªculo III.424 de la Uni¨®n, que reconoce el tratamiento singular que ha de darse a las leyes comunitarias en las islas, atendiendo a la condici¨®n de regi¨®n ultraperif¨¦rica.

Una corriente de opini¨®n defiende la constitucionalidad del texto, mientras otra rechaza la asunci¨®n de m¨¢s competencias v¨ªa estatuto y propone una segunda ley org¨¢nica de transferencias (m¨¢s conocida por Lotraca), donde negociar las hist¨®ricas reivindicaciones nacionalistas (aguas interiores, gesti¨®n de puertos y aeropuertos, representaci¨®n en el exterior, comercio, hacienda y polic¨ªa canaria, entre m¨¢s de 30 materias).

En la Comunidad de Madrid, pese a los anuncios hechos por la presidenta, Esperanza Aguirre (PP), sobre una reforma para dividir la regi¨®n en 12 circunscripciones electorales, no hay a¨²n ning¨²n texto ni negociaciones para la reforma estatutaria.

Informaci¨®n elaborada por Alejandro Bola?os (Sevilla), Joaqu¨ªn Ferrandis (Valencia), Xos¨¦ Hermida (Santiago), Concha Monserrat (Zaragoza), Javier Cuartas (Oviedo), Andreu Manresa (Palma), Juan Manuel Pardellas (Tenerife).