Raz¨®n y m¨¦todo de la reforma universitaria

Dec¨ªa el doctor Bricall, en el informe Universidad 2000: "Si los gobiernos no reforman la Universidad, lo har¨¢n los mercados". A lo que algunos -con cierta iron¨ªa, pero no por ello faltos de raz¨®n- a?ad¨ªan "y encima no nos vamos a enterar".

En los ¨²ltimos a?os del siglo XX vimos c¨®mo los pa¨ªses de nuestro entorno emprend¨ªan sendas reflexiones sobre el tema y no dudaban en tomar iniciativas: el informe Dearing en el Reino Unido, las reformas legislativas en Alemania, Portugal e Italia, o el informe Attali en Francia.

En nuestro pa¨ªs, el informe Bricall plante¨® las reformas necesarias de acuerdo con la Declaraci¨®n de Bolonia y la construcci¨®n del Espacio Europeo de Educaci¨®n Superior. Pero, tambi¨¦n, para resolver los desajustes entre la actividad formativa y de investigaci¨®n que se llevan a cabo en la Universidad y las demandas sociales y del mercado de trabajo.

La nueva ley debe crear las condiciones para ennoblecer la tarea del profesor

Esta falta de sinton¨ªa entre lo que se hace en la Universidad y lo que se espera de ella se refleja especialmente en la diferencia entre el n¨²mero de alumnos que acceden y el n¨²mero de titulados universitarios, as¨ª como en que la formaci¨®n recibida dif¨ªcilmente se ajusta a las demandas laborales.

Las reformas deben ser, pues, impulsadas de forma clara y contundente por los responsables pol¨ªticos, otorgando prioridad absoluta a la educaci¨®n superior en tanto que elemento fundamental para el desarrollo econ¨®mico, cultural y social, individual y colectivo y, por lo tanto, asumiendo con claridad que la inversi¨®n p¨²blica en formaci¨®n tiene como fin ¨²ltimo mejorar la calidad y la equidad.

Las propuestas surgidas en este sentido de la propia comunidad universitaria fueron ninguneadas por los responsables pol¨ªticos y por el Gobierno del Partido Popular. ?ste se lanz¨® a la aprobaci¨®n de una Ley Org¨¢nica de Universidades (LOU), sin modelo, sin debate, sin consenso, desperdiciando una gran oportunidad y convirtiendo la esperada reforma en una reforma contra la Universidad.

La LOU fue una mala soluci¨®n a un diagn¨®stico err¨®neo de la problem¨¢tica de las universidades. Se identificaron mal los problemas y los d¨¦ficit, se ignor¨® la necesidad de financiaci¨®n suficiente, especialmente en lo referido al sistema de becas y ayudas al estudio, fundamental para la equidad. Se elabor¨® la ley de espaldas a la comunidad universitaria y al margen de las administraciones auton¨®micas, plenamente competentes en materia de pol¨ªtica universitaria.

Se abren ahora nuevas posibilidades para el sistema universitario espa?ol. El compromiso del Gobierno socialista y del presidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero de impulsar cambios sustanciales en la Universidad pasa por abordar las reformas legislativas necesarias y tambi¨¦n por emprender pol¨ªticas activas de acuerdo con la prioridad otorgada a la educaci¨®n y a la I+D. En menos de un a?o de gobierno socialista, los recursos para becas e inversi¨®n en educaci¨®n universitaria, investigaci¨®n cient¨ªfica y desarrollo tecnol¨®gico han experimentado avances sustanciales.

Conviene, pues, reformar la LOU y preguntarse por lo que se espera de esa reforma y por lo que la nueva ley puede resolver.

Dec¨ªa Descartes que no ser ¨²til a nadie equivale a no valer nada. De igual modo, el profesorado universitario, m¨¢s all¨¢ de sus leg¨ªtimos intereses particulares, necesita tener el convencimiento de que lo que hace, docencia o investigaci¨®n, tiene repercusi¨®n, es ¨²til; s¨®lo de ese modo ver¨¢ aut¨¦nticamente recompensado su trabajo. La nueva ley tiene la obligaci¨®n de crear las condiciones para ennoblecer la tarea del profesor y deber¨¢ hacerlo eliminando incertidumbres en el proceso de selecci¨®n, esto es, sustituyendo la actual habilitaci¨®n por un m¨¦todo de acreditaci¨®n ¨¢gil tras el cual cada universidad, en virtud de su propia autonom¨ªa, seleccione por concurso a los m¨¢s aptos.

Los estudiantes deben encontrar en la futura ley, desde el dise?o de una ¨²nica prueba general de acceso -reconocida tanto para el ingreso en universidades de pa¨ªses de nuestro entorno como para convalidar la admisi¨®n de alumnos extranjeros en el nuestro-, hasta el esbozo de un Estatuto del Estudiante que compendie sus derechos y obligaciones y defina su papel en el sistema universitario. Tambi¨¦n el compromiso de establecimiento de un r¨¦gimen de becas y ayudas al estudio que facilite a la vez el principio de igualdad de oportunidades y la incorporaci¨®n de nuestros mejores expedientes al mundo acad¨¦mico e investigador en situaci¨®n de dignidad, homologaci¨®n con Europa y plenitud de derechos sociales.

El personal de administraci¨®n y servicios debe tambi¨¦n sentirse identificado con la nueva ley. El dise?o de una adecuada carrera administrativa con recorrido suficiente para que no carezca de alicientes y motivaciones, y su conveniente participaci¨®n en los ¨®rganos de gobierno y representaci¨®n de las universidades, podr¨ªan ser f¨®rmulas id¨®neas.

Adem¨¢s de la comunidad universitaria, la Universidad en su conjunto, como instituci¨®n, reclama de los poderes p¨²blicos, y debe encontrar en la nueva ley, un compromiso claro sobre su financiaci¨®n. La creaci¨®n, el pasado mes de noviembre, de un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Coordinaci¨®n Universitaria, que, adem¨¢s de cumplir con el compromiso de elaborar un modelo de referencia, analizar¨¢ la suficiencia econ¨®mica y su necesaria orientaci¨®n a la mejora de la eficiencia y la equidad, debe ser un buen camino. Suficiencia econ¨®mica para que la Universidad cumpla con sus objetivos, equidad para asegurar la igualdad de oportunidades y eficiencia para conseguir el adecuado reparto entre universidades y dentro de cada una de ellas.

Pero hay cuestiones que la ley no va a resolver. El cambio de paradigma respecto al proceso de ense?anza y aprendizaje en el que el foco del proceso formativo pasa a ser el aprendizaje del alumno y su capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida conlleva un cambio de cultura pedag¨®gica en la Universidad. Para que este cambio sea no s¨®lo posible, sino real y efectivo, es necesario proporcionar los medios y los instrumentos adecuados.

Asimismo, la armonizaci¨®n de los sistemas europeos de educaci¨®n superior y la definici¨®n de un sistema transparente, con titulaciones comparables y homologables, permitir¨¢ una mayor movilidad de los estudiantes, los graduados y los profesionales en general. Es evidente que, adem¨¢s del marco legislativo adecuado, ser¨¢ del todo necesaria la implicaci¨®n de los responsables pol¨ªticos, de las administraciones educativas, desde la Comisi¨®n Europea, las administraciones auton¨®micas, hasta el Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia, y de los propios miembros de la comunidad universitaria (profesores, estudiantes, personal de administraci¨®n y servicios, agentes sociales...).

Por ¨²ltimo, si queremos que dicha reforma sea duradera, hemos de acertar con el m¨¦todo a seguir porque, volviendo a Descartes, "no basta tener un sano juicio, lo principal es aplicarlo bien". Los pr¨®ximos pasos deben ser firmes, pero consensuados. Deben conciliar las reformas necesarias para encarar el futuro de nuestra Universidad con garant¨ªas sin por ello alterar la vida acad¨¦mica, eliminar las trabas y disfunciones de nuestro sistema universitario sin perder un ¨¢pice en los par¨¢metros de calidad exigidos en pa¨ªses de nuestro entorno. Adem¨¢s, la futura ley deber¨¢ acomodar el impulso del Estado en materia universitaria con las competencias constitucionalmente atribuidas a las comunidades aut¨®nomas, por una parte, y con el principio de autonom¨ªa de las universidades, por otra. En definitiva, el cambio social al que asistimos en un escenario internacional cada vez m¨¢s homog¨¦neo, debe animarnos a no errar en la orientaci¨®n y en las decisiones a tomar. S¨®lo de esa manera la Universidad obtendr¨¢ la confianza de la sociedad, ser¨¢ un verdadero instrumento de cambio social y la mejor escuela de ciudadanos comprometidos, cr¨ªticos, responsables y formados en valores.

Montserrat Palma es la portavoz socialista de Universidades e Investigaci¨®n en el Congreso de los Diputados, y Mario Bedera es el vicepresidente primero de la Comisi¨®n de Educaci¨®n del Congreso.