Inmigraci¨®n: una lecci¨®n inhabitual

Hace casi cuatro a?os plante¨¦ en estas mismas p¨¢ginas algunos interrogantes sobre el modo en que el por entonces reci¨¦n elegido jefe de la oposici¨®n percib¨ªa la inmigraci¨®n (Rodr¨ªguez Zapatero y la inmigraci¨®n, EL PA?S, 11 de septiembre de 2001). Con la regularizaci¨®n de m¨¢s de 700.000 extranjeros, el Gobierno espa?ol acaba de dar una lecci¨®n inhabitual de virtud y lucidez pol¨ªtica. El presidente Zapatero no deja de sorprender a la opini¨®n p¨²blica europea: he aqu¨ª a un hombre que hace lo que dice y dice lo que hace. Prometi¨® corregir las terribles secuelas de la pol¨ªtica del Gobierno anterior en materia de inmigraci¨®n: ha cumplido su promesa. Porque, a lo largo de ocho a?os, pero sobre todo durante la ¨²ltima legislatura, la pol¨ªtica del Gobierno anterior convirti¨® la inmigraci¨®n en un tema explosivo al cerrar los ojos, como no he dejado de denunciar desde hace a?os, ante la sumisi¨®n a unos patronos ilegales de una mano de obra extranjera objeto de todo tipo de explotaci¨®n. Porque todo el mundo sab¨ªa y sabe que Espa?a necesita inmigrantes, que el dinamismo econ¨®mico excepcional de esta joven democracia requiere una importante mano de obra. Pero los prejuicios, la intolerancia y, en algunos responsables pol¨ªticos, una dosis no disimulada de xenofobia, hab¨ªan logrado, al cabo de unos a?os, convertir la inmigraci¨®n en una mercanc¨ªa pol¨ªtica, un objeto de disensi¨®n nacional. De ah¨ª el aumento de las tensiones sociales, la explosi¨®n de arranques xen¨®fobos (El Ejido), las agresiones f¨ªsicas contra los extranjeros y el miedo. Si a esto se a?ade que las consecuencias culturales de los horribles atentados del 11-M pod¨ªan provocar una marginalizaci¨®n dram¨¢tica de los inmigrantes magreb¨ªes, se puede apreciar el valor que ha necesitado el presidente del Gobierno para cumplir sus promesas. Era necesario actuar, y r¨¢pido.

Al haber asistido a varios procesos de regularizaci¨®n en los ¨²ltimos 25 a?os en Europa e incluso haber contribuido a organizar el del Gobierno de la izquierda plural en Francia en 1997, debo reconocer que la orientaci¨®n elegida por las autoridades espa?olas es de una profunda originalidad y va mucho m¨¢s all¨¢ de la simple cuesti¨®n de la regularizaci¨®n de la inmigraci¨®n. De hecho, el Gobierno espa?ol ha aprovechado esta regularizaci¨®n para desarrollar a¨²n m¨¢s la democracia y ampliar las bases del Estado de derecho. Aunque el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjer¨ªa no sea el resultado de un pacto entre todas las fuerzas pol¨ªticas para elaborar una verdadera pol¨ªtica consensuada de inmigraci¨®n, se ha experimentado realmente con una nueva metodolog¨ªa en la que deber¨ªan inspirarse algunos pa¨ªses europeos que dan lecciones con tanta facilidad.

En efecto, el texto aprobado para definir las normas de esta regularizaci¨®n es el fruto de una consulta muy amplia entre los agentes sociales, las organizaciones sindicales, los empresarios, los ayuntamientos, las comunidades aut¨®nomas, las organizaciones de inmigrantes, las ONG, el Consejo Econ¨®mico y Social, el Foro Social para la Integraci¨®n de los Inmigrantes, el Consejo General del Poder Judicial e incluso el Consejo de Estado, por no mencionar la destacada participaci¨®n de todos los ministerios requeridos por el Ministerio de Trabajo encargado del proceso. El objetivo era claramente normalizar la vida de alrededor de 800.000 personas y, al mismo tiempo, luchar contra el sector informal de la econom¨ªa que, hay que recordar, al retribuir por debajo de lo normal a los trabajadores sin papeles, penaliza asimismo al resto de trabajadores del pa¨ªs provocando un descenso del precio del trabajo.

El proceso de regularizaci¨®n elaborado es sin duda el m¨¢s democr¨¢tico y progresista experimentado en Europa en los ¨²ltimos a?os. Los documentos necesarios para acogerse al proceso de normalizaci¨®n eran de acceso normal: certificado de empadronamiento que demostrara que se llevaba en Espa?a desde antes del 7 de agosto de 2004, contrato de trabajo y carecer de antecedentes penales. Esto significaba que el Gobierno optaba por legalizar sobre la base de unos criterios m¨ªnimos ventajosos para los inmigrantes, pero tambi¨¦n rechazaba la trampa de una legalizaci¨®n autom¨¢tica de todos los sin papeles. Evidentemente, estas propuestas hicieron que algunos pa¨ªses europeos pusiesen el grito en el cielo y denunciaran el "laxismo" del Gobierno espa?ol. Una actitud totalmente inaceptable, ya que la gesti¨®n interna de la emigraci¨®n sigue dependiendo, afortunadamente, de los gobiernos nacionales. Al fin y al cabo, corresponde a cada pa¨ªs saber el n¨²mero de trabajadores que puede acoger y en qu¨¦ medida su econom¨ªa es capaz de integrarlos.

En la pr¨¢ctica, el Ministerio de Trabajo se ha mostrado bastante flexible. Los tres problemas principales que han surgido est¨¢n relacionados con el plazo de tres meses impuesto para presentarse, el tener que empadronarse en un organismo y, por ¨²ltimo, el rechazo a ser inscrito, en algunos casos, por ese mismo organismo. El ministerio, pese a la petici¨®n de varias organizaciones, se ha negado a ampliar el plazo de tres meses. Creo que ha tenido raz¨®n sobre este punto, ya que una regularizaci¨®n sin unos l¨ªmites rigurosos habr¨ªa podido acarrear unos efectos perversos y poner en peligro la credibilidad del proceso en su conjunto. En cambio, ha accedido a admitir otros documentos probatorios alternativos al certificado de empadronamiento. De acuerdo con los organismos sociales, el Ministerio de Trabajo propuso una f¨®rmula legal denominada "empadronamiento retroactivo o por omisi¨®n": as¨ª, los ayuntamientos pudieron inscribir en el censo, con car¨¢cter retroactivo, a los inmigrantes que demostraron con "documentos p¨²blicos fehacientes" su estancia en Espa?a antes del 7 de agosto de 2004.

De este modo, los nuevos documentos p¨²blicos que permitieron a los inmigrantes "empadronarse por omisi¨®n" deb¨ªan ser expedidos o registrados por una Administraci¨®n espa?ola, identificar al solicitante y estar referidos a actos anteriores al 8 de agosto de 2004. El inmigrante tuvo que presentar al menos uno de los siguientes documentos: copia de la solicitud de empadronamiento no resuelta o denegada, debidamente registrada en el municipio; tarjeta sanitaria de un servicio p¨²blico de salud en la que conste la fecha del alta o, en su caso, certificaci¨®n en la que constara la fecha de la antig¨¹edad del alta; copia de la solicitud de escolarizaci¨®n de menores, debidamente registrada; certificaci¨®n del informe de los servicios sociales o notificaci¨®n de la resoluci¨®n de percepci¨®n de ayudas sociales.Est¨¢ claro que, de este modo, el Gobierno hac¨ªa un verdadero esfuerzo por realizar un seguimiento del proceso de regularizaci¨®n teniendo en cuenta las dificultades que fueron surgiendo a medida que se ha ido desarrollando la operaci¨®n. Esta actitud le ha valido las reprimendas del Partido Popular, que considera que este m¨¦todo rompe las reglas del proceso de regularizaci¨®n. En cuanto a los empresarios y a los sindicatos mayoritarios, avalaron la decisi¨®n del Gobierno de permitir la inscripci¨®n con car¨¢cter retroactivo en el padr¨®n municipal; seg¨²n ellos, y creo que tienen raz¨®n, porque ser¨ªa injusto que personas que cumplen los requisitos b¨¢sicos para regularizarse fueran privadas de ese derecho por cuestiones burocr¨¢ticas, como el no haber obtenido un determinado documento. Esto no es s¨®lo una cuesti¨®n de humanidad, sino tambi¨¦n una determinada concepci¨®n de la justicia y de la dignidad de las personas.

Numerosas ONG como SOS Racismo y la Comisi¨®n de Ayuda al Refugiado, asociaciones de vecinos, el sindicato USO y partidos pol¨ªticos como IU y PNV, reconocen que el proceso "es un paso positivo", pero "insuficiente y con muchos errores". Insuficiente porque, seg¨²n dicen, un mill¨®n de extranjeros se quedar¨¢n fuera del proceso: unos porque sus empleadores no quieren regularizar su situaci¨®n y otros porque provienen de pa¨ªses en los que tienen muchas dificultades para obtener el certificado de penales. Asimismo, solicitaron que se aceptaran todos los documentos v¨¢lidos en derecho, como un acta notarial o una sentencia judicial, y no s¨®lo los siete documentos exigidos para demostrar la residencia en Espa?a. Algunos ayuntamientos protestaron porque se les oblig¨® a actuar a marchas forzadas en un asunto que debi¨® abordarse con mayor sosiego en su momento y que supuso una sobrecarga de trabajo. Por ¨²ltimo, algunos consideran que los inmigrantes m¨¢s vulnerables temen, si no son regularizados, ser presa de la polic¨ªa.

Aunque estas cr¨ªticas deben ser tenidas en cuenta, no deben hacernos olvidar la dura realidad a la que debe hacer frente el Gobierno. Porque las migraciones van a proseguir y la regularizaci¨®n es s¨®lo un aspecto del problema: debe estar acompa?ada de una pol¨ªtica de integraci¨®n, una gesti¨®n responsable de las fronteras y una estrategia inteligente para convertir la inmigraci¨®n en un factor de desarrollo conjunto con los pa¨ªses de origen. No s¨¦ si el Gobierno espa?ol podr¨¢ hacer frente a todos estos desaf¨ªos a la vez, pero s¨¦ que acaba de dar una magn¨ªfica lecci¨®n de generosidad y de respeto a los derechos de la persona. Hay que felicitarle por haber restablecido, tras las indignas escenas de El Ejido, la imagen de una Espa?a tolerante y respetuosa con los derechos de los extranjeros. Al actuar de este modo, Jos¨¦ Luis Zapatero no s¨®lo cumple sus promesas, sino que tambi¨¦n se provee de los medios para exigir a todos, con la raz¨®n de su parte, el respeto a la ley.

Sami Nair es profesor invitado de la Universidad Carlos III. Traducci¨®n de News Clips.