Ley contra el fuego

El aspecto m¨¢s llamativo del anteproyecto de reforma de la Ley de Montes, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, es la prohibici¨®n de recalificar durante al menos 30 a?os el suelo de los montes afectados por incendios. La advertencia coincide con la peor sequ¨ªa de los ¨²ltimos 60 a?os, lo que hace presagiar un verano con muchos fuegos. Pero la reforma no entrar¨¢ en vigor antes de finales de 2006.

De los 26 millones de hect¨¢reas de bosque -el 51% de la superficie total- que hay en Espa?a, en los ¨²ltimos 10 a?os se han quemado 1,6 millones de hect¨¢reas, con unas p¨¦rdidas de unos 3.500 millones de euros. Dos terceras partes de esa superficie corresponde a terrenos de propiedad privada. Sin embargo, pocos incendios tienen actualmente motivaciones urban¨ªsticas. Sencillamente, porque la fuerte reprobaci¨®n social producida en los ¨²ltimos a?os hace que hoy sea altamente improbable que ning¨²n alcalde se atreva a recalificar un terreno quemado.

Durante la tramitaci¨®n de la vigente Ley de Montes, en 2003, los socialistas plantearon incorporar ese plazo de 30 a?os, vigente en Madrid desde 1995, que no prosper¨® por la oposici¨®n de algunas comunidades que reivindicaron su competencia para establecer la normativa sobre recalificaciones. En Galicia existe una regulaci¨®n que impide aprovechamientos de los terrenos quemados incluso para pastoreo. Son medidas que seguramente tienen un efecto disuasorio positivo respecto a ciertas pr¨¢cticas frecuentes en el pasado, pero que no han impedido que sigan produci¨¦ndose muchos incendios todos los veranos.

Aproximadamente el 90% de los fuegos son provocados por negligencia o intencionadamente. Para hacer frente a los incendiarios la ley plantea crear una secci¨®n de la fiscal¨ªa expresamente dedicada a delitos relacionados con el medio ambiente, con secciones especializadas en los tribunales superiores de las autonom¨ªas. Un estudio realizado en Galicia en 2004 establece como causas principales las quemas autorizadas de rastrojos, entre los debidos a la negligencia, y la acci¨®n de pir¨®manos, entre los intencionados. Pero de los 10.000 procedimientos abiertos en los ¨²ltimos tres a?os, s¨®lo 30 han acabado con condenas.