'Time' entrega documentos a la fiscal¨ªa que identifican las fuentes de un periodista

Los editores de la revista Time han escrito un cap¨ªtulo controvertido en el que ya es el mayor conflicto de la historia reciente entre el Gobierno de EE UU y los medios de comunicaci¨®n. Un fiscal nombrado por el Departamento de Justicia investiga un delito de revelaci¨®n de secretos por parte de dos periodistas que, presuntamente, obtuvieron la informaci¨®n de altos cargos del Gobierno. El juez quiere encarcelar a los redactores, uno de Time y otro de The New York Times, por negarse a revelar sus fuentes. Time cedi¨® ayer a las presiones y anunci¨® que colaborar¨¢ con la justicia. "Aunque entiendo la decisi¨®n de entregar papeles que identifican mis fuentes, me siento obviamente defraudado", ha dicho Matt Cooper, el redactor de Time.

Los cr¨ªticos creen que Time ha tomado esta decisi¨®n para evitar multas y que va a erosionar las libertades de prensa y de expresi¨®n. El Tribunal Supremo ha declinado intervenir en el caso, que es sumamente complejo y est¨¢ lleno de opiniones apasionadas.

El delito del que se acusa a los dos periodistas es el de desacato, por negarse a revelar qui¨¦n desde el Gobierno presuntamente les facilit¨® la identidad real de una agente encubierta de los servicios de inteligencia de EE UU. Difundir la identidad de un agente secreto es un delito federal en Estados Unidos. El caso es tan complicado que ni siquiera fueron los dos periodistas investigados quienes publicaron la identidad del agente. La difundi¨® otro redactor, Robert Novak, af¨ªn al Gobierno, que ni siquiera ha sido acusado de ese mismo delito.

Todo arranc¨® hace algo menos de dos a?os, cuando el ex embajador Joseph Wilson, que fue uno de los pocos que se opusieron abiertamente a la invasi¨®n de Irak, desvel¨® que el a?o anterior viaj¨® a N¨ªger por encargo de la CIA para investigar la supuesta compra de uranio nuclear por parte del antiguo Gobierno de Sadam Hussein. A su regreso, Wilson comunic¨® a la Casa Blanca que esa acusaci¨®n era infundada e imposible, y a¨²n as¨ª el presidente, George W. Bush, decidi¨® repetirla en el discurso sobre el Estado de la Uni¨®n anterior a la invasi¨®n. Desatada la pol¨¦mica, el Gobierno reconoci¨® el error pero lo achac¨® no a una manipulaci¨®n intencionada de pruebas para justificar la invasi¨®n sino a un desliz, y oblig¨® al director de la CIA a asumir la culpabilidad.

Posteriormente, alguien desde el edificio presidencial se puso en contacto con un columnista conservador de The Washington Post, Robert Novak, y al menos otros seis periodistas m¨¢s para filtrar que la mujer de Wilson, Valerie Plame, una diplom¨¢tica del Departamento de Estado que viajaba con ¨¦l a las embajadas a las que era asignado, era en realidad una agente encubierta de la CIA que hab¨ªa trabajado como esp¨ªa en varios pa¨ªses usando las embajadas como tapaderas. La filtraci¨®n pretend¨ªa demostrar que Wilson recibi¨® el encargo de viajar a N¨ªger no por su capacidad para investigar la trama del uranio sino por su relaci¨®n con esa agente.

Hasta 10 a?os de c¨¢rcel

Dado que filtrar el nombre y la identidad real de la agente s¨®lo serv¨ªa para acabar con su carrera y quiz¨¢ para poner su vida en peligro, la filtraci¨®n se ha interpretado por muchos como una venganza intencionada por parte del Gobierno de Bush contra alguien que se atrevi¨® a criticar sus razones para la invasi¨®n de Irak. Desvelar el nombre de un agente encubierto es un delito castigado con hasta 10 a?os de c¨¢rcel. El Departamento de Justicia inici¨® una investigaci¨®n en la que el entonces Fiscal General, John Ashcroft, se recus¨® a s¨ª mismo y nombr¨® a un fiscal del Estado, Patrick Fitzgerald, para trabajar a trav¨¦s de un gran jurado federal.

El juez que supervisa el caso, Thomas Hogan, orden¨® a dos periodistas que investigaron la pol¨¦mica, Judith Miller de The New York Times y Matt Cooper, de la revista Time, a desvelar qui¨¦n o qui¨¦nes en el Gobierno de EE UU facilitaron la identidad de Plame como agente secreto.

Una vez que el Tribunal Supremo decidi¨® el lunes pasado no intervenir en el caso, los dos periodistas se enfrentan la semana pr¨®xima a una condena por desacato que puede elevarse a 120 d¨ªas de c¨¢rcel.

Es ah¨ª donde comienzan los enigmas de esta pol¨¦mica. Aunque esa fuente, seg¨²n parece, hizo circular la identidad de Plame entre m¨¢s de una media docena de periodistas, s¨®lo Novak, conocido ultraconservador favorable a las teor¨ªas de Bush, lo public¨® en su columna, lo que satisfac¨ªa las intenciones de quien se lo hab¨ªa filtrado. Cooper s¨®lo escribi¨® un art¨ªculo sobre el proceso de filtraci¨®n cuando Novak ya hab¨ªa destapado la identidad de la agente, y Miller ni siquiera lleg¨® a publicar una sola l¨ªnea sobre el asunto, tan s¨®lo hizo gestiones y llamadas de tel¨¦fono.

Correos electr¨®nicos

No se sabe hasta qu¨¦ punto Novak ha colaborado con la fiscal¨ªa, pero sorprende que ¨¦l no est¨¦ amenazado por una pena de c¨¢rcel. ?l fue, al fin y al cabo, quien desvel¨® que la informaci¨®n se la hab¨ªan ofrecido "dos altos cargos" del Gobierno. El juez tambi¨¦n hab¨ªa exigido a la revista Time que entregase todos los documentos en su poder relativos a la investigaci¨®n period¨ªstica de Cooper. Contrariamente a lo que ped¨ªa el redactor -dispuesto, como Miller, a ir a la c¨¢rcel con tal de preservar sus fuentes-, los editores han decidido entregar a la fiscal¨ªa esos documentos, aunque se desconoce tambi¨¦n su valor en la investigaci¨®n. Se trata fundamentalmente de correos electr¨®nicos y notas tomadas en reuniones.

James C. Goodale, ex consejero general de la compa?¨ªa editora de The New York Times y citado por este peri¨®dico como "una autoridad en materia de protecci¨®n legal a periodistas", asegura que las empresas informativas tienen la obligaci¨®n de proteger las notas y documentos de sus reporteros porque representan su activo principal. "Una compa?¨ªa tiene que proteger sus valores incluso aunque eso signifique caer en desacato. Tiene la obligaci¨®n bajo la Primera Enmienda de proteger esos activos, y que los proteja va en el inter¨¦s de los accionistas de la compa?¨ªa", asegura Goodale.