El Ayuntamiento quiere empezar a negociar con el Gobierno en septiembre

Madrid y Barcelona llevan a?os intentando que el Gobierno central les dote de una normativa que reconozca su particularidad y les ceda m¨¢s dinero para afrontar el coste que supone atender a un gran n¨²mero de poblaci¨®n flotante. Madrid, adem¨¢s, soporta los gastos derivados de su condici¨®n de capital de Espa?a. Pero en la recta final de esa carrera, Barcelona se ha adelantado: ha logrado que el Gobierno apruebe su proyecto de Carta Municipal -lo har¨¢, previsiblemente, este viernes- tras m¨¢s de diez meses de negociaciones bilaterales con el Ministerio de Administraciones P¨²blicas, y previo acuerdo con la Generalitat.

El gobierno de Alberto Ruiz-Gallard¨®n conf¨ªa, no obstante, en que sus conversaciones con el ministerio ser¨¢n mucho m¨¢s r¨¢pidas y que la Ley Especial de Madrid tambi¨¦n podr¨¢ entrar en vigor en enero de 2006. "A eso se comprometi¨® el presidente Zapatero en el Senado, y yo conf¨ªo en su palabra", dijo hace semanas el concejal madrile?o de Hacienda, Juan Bravo. Fuentes del gobierno municipal confirmaron ayer que los primeros contactos sobre cuestiones secundarias ya se han producido, y que esperan poder empezar a hablar de financiaci¨®n en septiembre.

Pero antes el Ayuntamiento deber¨¢ llegar a un consenso sobre el borrador de ley con el Gobierno regional de Esperanza Aguirre, algo que el ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla, plante¨® como indispensable el pasado junio. Ese acuerdo con Aguirre est¨¢ "pr¨¢cticamente cerrado", seg¨²n la Concejal¨ªa de Hacienda, toda vez que el Ayuntamiento ha renunciado al punto que m¨¢s recelo despertaba en el Ejecutivo regional: la creaci¨®n de "comisiones de cooperaci¨®n" que presidir¨ªa el alcalde.

El otro frente de negociaci¨®n est¨¢ en el seno del propio Ayuntamiento de Madrid: el PP lleva cinco meses tratando de conseguir que PSOE e IU respalden su borrador de ley, hasta ahora en vano.