El fiscal pide imputar al director de Regad¨ªos del Gobierno murciano

El fiscal decano de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio, ha solicitado al juzgado n¨²mero 36 de Madrid que cite como imputados al director general de Regad¨ªos de la Consejer¨ªa de Agricultura y Agua de Murcia, Julio Bernal, y al funcionario Antonio Mendoza por un presunto delito de prevaricaci¨®n o cooperaci¨®n de obtenci¨®n de subvenciones ilegales por un valor de unos seis millones de euros.

La Fiscal¨ªa ve indicios de implicaci¨®n en lo que califica de "fraude millonario originado en la posible obtenci¨®n il¨ªcita" de dos de subvenciones europeas con la finalidad de reforestar 35.000 hect¨¢reas de monte bajo que fueron calcinadas en un incendio en 1994.

Estas ayudas se concedieron para modernizar regad¨ªos en la finca El Chopillo, cuando en ¨¦sta hab¨ªa monte bajo y jam¨¢s tuvo utilizaci¨®n agraria. Asimismo se recibieron subvenciones para reforestar superficies que hubieran sido objeto de explotaci¨®n agraria, cosa que tampoco se cumpl¨ªa. A juicio del Ministerio Fiscal, estas dos subvenciones ser¨ªan "ilegales, y de forma conjunta, totalmente incompatibles".

Ya en un informe realizado en noviembre de 2001, el fiscal manten¨ªa que los peticionarios de las ayudas "no reun¨ªan ninguna de las condiciones que exig¨ªa la legislaci¨®n comunitaria, y conscientes de ello no han reparado en falseamiento y ocultaci¨®n alguna, confiados en que algunas de las personas tramitadoras de los expedientes en su comunidad aut¨®noma, a pesar de conocer (...) la falsedad de los datos de los expedientes, no efectuar¨ªan comprobaci¨®n ni reflejar¨ªan reserva o impedimento alguno".

En sus escritos, el fiscal considera que la reforestaci¨®n "ilegal" de los terrenos con nogales, s¨®lo fue posible con la "colaboraci¨®n necesaria" y el "amparo institucional de determinados altos cargos de la Consejer¨ªa de Agricultura de Murcia", que son los dos imputados de la Consejer¨ªa.

En el caso tambi¨¦n se investiga al propietario de los terrenos, Mariano Espinosa de Rueda Jover, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y a cinco de sus hermanos. La Fiscal¨ªa manifiesta que, con posterioridad al gran incendio forestal de 1994, "se inicia una nueva estrategia en cuanto a las perspectivas de futuro de la finca, cuyo fin ¨²ltimo pudiera ser la promoci¨®n inmobiliaria de la finca (...). Tambi¨¦n se preve¨ªa obtener important¨ªsimas reservas de agua mediante la extracci¨®n ilegal de aguas de los acu¨ªferos p¨²blicos".

El caso se remonta a julio de 1994, fecha en la que se inici¨® un incendio en el Noroeste murciano, con cuatro focos, y que devast¨® unas 35.000 hect¨¢reas de terreno forestal. Las investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que el siniestro podr¨ªa haber sido provocado, algo que no ha podido ser comprobado posteriormente.

Inmediatamente despu¨¦s, seg¨²n la fiscal¨ªa, la familia Espinosa Jover inici¨® todos los tr¨¢mites para "articular un conjunto de acciones dirigidas a transformar la vocaci¨®n forestal de la finca" para convertirla en agraria. Adem¨¢s, solicitaron ayudas europeas destinadas a reforestar terrenos agrarios, "pese a que tan s¨®lo una parte m¨ªnima de los terrenos transformados estaban dedicados a campos de cereal, la mayor¨ªa abandonados".

Pero, despu¨¦s, los propietarios de las fincas, que adem¨¢s de la familia Espinosa Jover pertenecen al empresario de Cartagena, Mariano Roca Mero?o, quien posee numerosos intereses en el mercado inmobiliario de Murcia y Alicante, y que tambi¨¦n est¨¢ imputado por su presunta participaci¨®n en el mercado negro del agua, seg¨²n los informes de la Fiscal¨ªa de Madrid, pidieron ayudas, que fueron concedidas, para la modernizaci¨®n de regad¨ªos.

Ello supone, seg¨²n el fiscal, "una escandalosa vulneraci¨®n", de las condiciones legalmente establecidas para la percepci¨®n de subvenciones del Programa Comunitario de Forestaci¨®n de Tierras Agrarias. En sus informes, el fiscal Valerio critica tambi¨¦n "el desprecio que aquella Consejer¨ªa de Medio Ambiente y Agricultura formula con relaci¨®n a los n¨ªtidos incumplimientos de la legislaci¨®n ambiental en las actividades objeto de subvenci¨®n".