Sanear la sanidad

Los debates sobre reforma de la financiaci¨®n auton¨®mica que marcar¨¢n el nuevo curso pol¨ªtico est¨¢n viviendo una especie de ensayo general en torno a la espec¨ªfica financiaci¨®n de la sanidad, competencia transferida a las comunidades, las cuales gestionan ya el 90% del gasto relacionado con la salud. El ensayo -incluyendo globos sonda del Gobierno- est¨¢ resultando arduo por la dificultad de poner de acuerdo los intereses de las comunidades entre s¨ª, y de ellas con el Gobierno central. Una manifestaci¨®n de esa dificultad es el atraso reiterado de la segunda Conferencia de Presidentes, dedicada monogr¨¢ficamente a esa cuesti¨®n, inicialmente prevista para junio, luego para julio, y que tampoco se celebrar¨¢ a comienzos de septiembre.

El d¨¦ficit conjunto de los sistemas sanitarios de las 17 comunidades era en 2003 de 4.900 millones de euros, y puede estar ahora en torno a los 7.000 millones. El Gobierno ha adelantado su disposici¨®n a contribuir a enjugarlo poniendo una cantidad, siempre que las comunidades pongan otro tanto con cargo a sus propios ingresos tributarios; es decir, utilizando su capacidad normativa en relaci¨®n con los impuestos propios o cedidos, o estableciendo recargos a los estatales. Con independencia de que la cantidad sugerida (1.500 millones por cada parte en cuatro a?os) sea suficiente o "mera limosna", como despreciativamente han dicho algunos consejeros auton¨®micos, lo sustancial es la voluntad pol¨ªtica que la propuesta trasluce: la de que la Hacienda central ayudar¨¢ a las autonom¨ªas dispuestas a compartir el esfuerzo.

Aqu¨ª surge una primera dificultad. Algunas comunidades sostienen que su d¨¦ficit es consecuencia del fuerte crecimiento de su poblaci¨®n debido a la masiva llegada de inmigrantes. La de Madrid, gobernada por el PP, reclama por ese concepto casi 700 millones, diferencia entre lo percibido v¨ªa transferencia del Estado y lo que estima que le corresponder¨ªa con el censo real en el periodo 2002-2004. Y se niega a aceptar el criterio de contribuir al equilibrio subiendo sus impuestos, que ir¨ªa contra su propio programa de gobierno. Pero otras comunidades, como Andaluc¨ªa, sostienen que no puede aplicarse el mismo criterio -el Estado paga- a comunidades que han gestionado razonablemente sus recursos y a las que han acumulado grandes d¨¦ficit por mala gesti¨®n o por ofrecer un cat¨¢logo de prestaciones m¨¢s amplio.

La sanidad se diferencia de otras prestaciones sociales (el desempleo, por ejemplo) en que, a medida que va satisfaciendo el objetivo de mejorar la salud general y aumentando la esperanza de vida, la demanda de prestaciones sanitarias no disminuye, sino que aumenta. Por eso, el gasto sanitario crece en todos los pa¨ªses m¨¢s que otros gastos sociales, y tambi¨¦n por encima del PIB. Pero esa misma din¨¢mica exige -para evitar la quiebra fiscal del Estado- una responsabilizaci¨®n m¨¢s directa de los gestores pol¨ªticos; en este caso, de las administraciones auton¨®micas.