Privatizaci¨®n del poder

En la separaci¨®n del poder pol¨ªtico de la propiedad privada reside la superioridad del Estado representativo sobre todas las dem¨¢s formas de organizaci¨®n pol¨ªtica que se han conocido en la historia de la humanidad. El poder ha sido siempre a lo largo de la historia un correlato de la propiedad de la tierra. Es con la revoluci¨®n industrial, con la separaci¨®n de trabajador directo de sus condiciones materiales de trabajo y la constituci¨®n del capital como principio de constituci¨®n econ¨®mica de la sociedad como se crearon las condiciones que hicieron posible la formaci¨®n de un poder pol¨ªtico representativo, de un poder que no es de nadie y que, precisamente porque no es de nadie tiene que ser de todos, tiene que se expresi¨®n del conjunto de la sociedad.

El riesgo de que, tras un caso de transfuguismo o de pacto antinatura, haya privatizaci¨®n del poder es muy alto

Por evitar enfrentarse con la asamblea de Camas y Pav¨®n, IU ha puesto en cuesti¨®n su patrimonio de honradez

Este car¨¢cter representativo del poder se extiende en el Estado constitucional a todos los niveles de ejercicio del mismo: estatal, auton¨®mico y municipal. En el principio de legitimaci¨®n democr¨¢tica del poder que se expresa en el art¨ªculo 1.2 de la Constituci¨®n, "la soberan¨ªa nacional reside en el pueblo espa?ol del que emanan los poderes del Estado", descansa, como dijo el Tribunal Constitucional en una de sus primeras sentencias, la STC 6/1981, "toda nuestra ordenaci¨®n jur¨ªdico-pol¨ªtica".

Este principio de legitimaci¨®n democr¨¢tica es, adem¨¢s, una regla que no admite excepci¨®n. En este terreno no vale lo de la excepci¨®n que confirma la regla. La excepci¨®n es siempre contravenci¨®n de la regla. En consecuencia, no puede haber en el Estado constitucional ni una sola manifestaci¨®n de ejercicio del poder que no est¨¦ presidido por dicha legitimaci¨®n.

El principio de legitimaci¨®n democr¨¢tica est¨¢ plenamente consolidado en la sociedad espa?ola tras los m¨¢s de 25 a?os de vigencia de la Constituci¨®n, pero su vigencia real y efectiva es puesta en cuesti¨®n espor¨¢dicamente no de manera directa, pero s¨ª indirecta a trav¨¦s de la corrupci¨®n, es decir, de la subordinaci¨®n soterrada y espuria del poder pol¨ªtico a la propiedad privada.

Pues la corrupci¨®n no es, en ¨²ltima instancia, m¨¢s que la privatizaci¨®n del poder. La corrupci¨®n ataca al Estado constitucional en su n¨²cleo esencial, en aquello que lo diferencia de todas las dem¨¢s formas de poder conocidas hasta la fecha, que es en lo que reside su superioridad sobre ellas. La corrupci¨®n nos retrotrae a formas b¨¢rbaras, premodernas de ejercicio del poder pol¨ªtico. Se trata de una amenaza permanente para el poder democr¨¢ticamente constituido, ya que la propiedad privada es la base material sobre la que se eleva el Estado constitucional, y de una amenaza que tiene tantas m¨¢s posibilidades de hacerse efectiva cuanto m¨¢s pr¨®ximo es el poder que se ejerce y m¨¢s inmediatas son las consecuencias patrimoniales del ejercicio de dicho poder. De ah¨ª que la amenaza sea mayor en el ejercicio del poder municipal que en el auton¨®mico y en el auton¨®mico que en el estatal.

El transfuguismo o los pactos antinatura para la formaci¨®n de gobierno no han sido la norma, pero se han dado en un buen n¨²mero de ocasiones en la administraci¨®n municipal. Se han dado mucho menos en la administraci¨®n auton¨®mica, aunque ha habido casos en Galicia, Arag¨®n y muy especialmente en la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Esperanza Aguirre, lleg¨® a serlo tras la repetici¨®n de las elecciones como consecuencia de la traici¨®n de los diputados socialistas, Tamayo y S¨¢ez. Y no se han dado todav¨ªa en la administraci¨®n estatal.

El riesgo de que, tras un caso de transfuguismo o de pacto antinatura, haya una privatizaci¨®n del poder es muy alto. Es el humo por el que se puede saber que hay fuego. Cuando un tal pacto tiene como protagonista a un responsable de una formaci¨®n pol¨ªtica que ha sido el representante de dicha formaci¨®n en la negociaci¨®n de pactos de gobierno municipal, como fue el caso de Agust¨ªn Pav¨®n tras las ¨²ltimas elecciones municipales, que se convirti¨® en alcalde de Camas, contraviniendo los pactos que el mismo hab¨ªa suscrito y formando gobierno municipal con el PP, se puede apostar doble contra sencillo que hay razones inconfesables tras esa decisi¨®n.

Es algo que la direcci¨®n de IU debi¨® de haber advertido en el mismo momento en que tal desviaci¨®n de lo acordado se produjo. IU tiene una trayectoria limpia en el ejercicio del poder municipal y hay que reconocer que ha reaccionado con celeridad y con contundencia apenas se ha tenido conocimiento de los indicios de corrupci¨®n en la conducta de Agust¨ªn Pav¨®n. Pero se habr¨ªa ahorrado el enorme costo que para ella va a tener este caso de corrupci¨®n, si se hubiera plantado en el momento en que debi¨® hacerlo y hubiera impedido que, bajo las siglas de IU se constituyera un gobierno con el PP.

Hay momentos en los que no se puede ceder, porque lo que es pan para hoy se convierte en hambre para ma?ana. IU, dado su origen comunista, es una formaci¨®n pol¨ªtica permanentemente amenazada de extinci¨®n. No puede, en consecuencia, permitirse los fallos que se pueden permitir partidos, como el socialista o el popular, que tienen asegurada su presencia y se recuperan de los errores que cometen, por muy grandes que sean. Por evitar enfrentarse con un militante, como Agust¨ªn Pav¨®n, y con la asamblea local de IU en Camas, ha puesto en cuesti¨®n un patrimonio de honradez que era una de las pocas bazas en las que pod¨ªa presentarse con autoridad ante los ciudadanos.