CiU renuncia al concierto econ¨®mico

El Gobierno catal¨¢n y Convergencia i Uni¨® (CiU) dejaron ayer expedito el camino para la aprobaci¨®n hoy del nuevo Estatuto de Catalu?a tras alcanzar in extremis un acuerdo sobre el modelo de financiaci¨®n que se denominar¨¢ Acuerdo Econ¨®mico Solidario. La f¨®rmula pactada se aleja del concierto econ¨®mico reclamado por CiU y que el Consejo Consultivo consider¨® inconstitucional. Seg¨²n ella, la Generalitat recaudar¨¢ todos los impuestos estatales en Catalu?a y tendr¨¢ capacidad normativa limitada sobre ellos.

Ninguno de los dos equipos quiso aparecer como el vencedor o perdedor de este dilatado proceso negociador, pues todos han dejado en la cuneta algunas de sus aspiraciones. Pero CiU, que insisti¨® durante las ¨²ltimas semanas en que nunca renunciar¨ªa al concierto econ¨®mico, ha visto menguadas sensiblemente sus demandas.

El modelo pactado se aleja del concierto pues si bien la denominada cuota de retorno -bautizada ahora como aportaci¨®n catalana a la hacienda estatal- incluye las cantidades que se devuelven al Estado en pago a los servicios que presta en Catalu?a y la contribuci¨®n destinada a la solidaridad interterritorial, ambos mecanismos tendr¨¢n diferentes criterios de c¨¢lculo. Unir ambos conceptos fue considerado inconstitucional por el Consejo Consultivo.

Adem¨¢s, CiU ha cedido tambi¨¦n en su pretensi¨®n de que la Generalitat tenga competencias exclusivas en materia de financiaci¨®n local, pues chocaba con lo dispuesto en la Constituci¨®n. Los convergentes pretend¨ªan que fuera la Generalitat la que fijara ¨²nicamente los criterios de reparto de las subvenciones estatales entre los ayuntamientos. El Gobierno catal¨¢n podr¨¢ redactar una ley en este sentido pero deber¨¢ tener en cuenta los est¨¢ndares m¨ªnimos que estabece la legislaci¨®n estatal.

Asimismo, el acuerdo recoge la obligatoriedad de colaboraci¨®n entre la Agencia Tributaria de Catalu?a -que recaudar¨¢ y gestionar¨¢ todos los impuestos- y la del Estado bajo la f¨®rmula del convenio. CiU apostaba por que esta posibilidad se dejara en manos de Catalu?a.

Los dos principales escollos que mantuvieron a las delegaciones de CiU y del tripartito m¨¢s atareadas fueron los correspondientes a la cuota inicial, es decir, la cantidad que percibir¨¢ la Generalitat el primer a?o de entrada en vigor del nuevo Estatuto, y la capacidad normativa de la Generalitat sobre los tributos cedidos por parte del Estado.

En el primer punto nadie sale ganando. La f¨®rmula que se ha adoptado es similar a la cuota de retorno para los siguientes a?os, pues no ser¨¢ el Estado quien traspase dinero a Catalu?a, sino a la inversa. A los seis meses de entrada en vigor del Estatuto, la Comisi¨®n Mixta de Asuntos Econ¨®micos y Fiscales -paritaria entre los gobiernos central y catal¨¢n- acordar¨¢ esta cantidad. Lo que se devolver¨¢ al Estado ser¨¢ por los servicios que presta en Catalu?a, tomando como referente el coeficiente de poblaci¨®n respecto al conjunto de Espa?a. La otra parte ser¨¢ la aportaci¨®n para la solidaridad interterritorial, calculada como la diferencia entre el porcentaje de poblaci¨®n y el esfuerzo fiscal de Catalu?a, medido ¨¦ste ¨²ltimo por el rendimiento del Impuesto de la Renta sobre la totalidad del estado. Algunos expertos de los partidos cifraban en 6.000 millones de euros la cantidad que obtendr¨ªa Catalu?a el primer a?o Catalu?a.

Pasado este primer a?o, los criterios para fijar la cuota de retorno se acordar¨¢n en la comisi¨®n mixta de Asuntos Econ¨®micos y se revisar¨¢n cada cinco a?os. El acuerdo sobre financiaci¨®n contempla algunos principiso generales para calcular la cantidad que Catalu?a destinar¨¢ a solidaridad interterritorial.

Respecto a la capacidad normativa sobre los impuestos estatales, CiU preve¨ªa que la Generalitat fijara los tipos impositivos, cuando es competencia exclusiva del Estado, mientras que el tripartito apostaba por algo m¨¢s indeterminado. El nuevo Estatuto se referir¨¢ a que la Generalitat "participar¨¢ en la fijaci¨®n"; lo que no implica obligatoriedad.