La auditor¨ªa aprecia deficiencias en el 61% de los contratos de la Diputaci¨®n vizca¨ªna analizados
El 61% de los contratos adjudicados en 2003 por la Diputaci¨®n de Vizcaya que han sido examinados por el Tribunal de Cuentas presenta deficiencias, en su mayor¨ªa por incumplir los principios de concurrencia y publicidad. De los 44 analizados por un importe global de 107 millones de euros, el informe ve anomal¨ªas en 27, con una cuant¨ªa de 91,7 millones. El tribunal se?ala que en siete expedientes, por 6,1 millones, se limit¨® la publicidad y concurrencia sin justificar los motivos de esa decisi¨®n y en trabajos contratados por 8,8 millones se aprecian ilegalidades "al haber realizado contrataciones individualizadas de actuaciones, cuando deber¨ªan haberse agrupado en expedientes homog¨¦neos".
- Subvenciones. El informe estima que hay irregularidades en 48 de los 57 expedientes analizados de subvenciones. Aunque la Diputaci¨®n puede conceder estas ayudas directas sin aplicar la publicidad y concurrencia cuando la actuaci¨®n subvencionada no puede encuadrarse en una convocatoria, el tribunal constata que 14 casos, por un importe de 5,1 millones, s¨ª podr¨ªan haberse integrado en una convocatoria de subvenciones. Los beneficiarios han sido cuatro entidades locales, dos empresas, seis entidades sin ¨¢nimo de lucro y dos fundaciones privadas. Adem¨¢s, cuestiona el encaje legal de las ayudas concedidas a ayuntamientos por 3,9 millones en concepto de imprevistos, al considerar que no se corresponden a ese fin.
- Plus de productividad. El tribunal se refiere a este plus que en 2003 la instituci¨®n vizca¨ªna abon¨® a todos sus empleados y altos cargos y que sum¨® 1,9 millones. Asegura, como ha apuntado en anteriores informes, que la asignaci¨®n del incentivo a los altos cargos contradice dos leyes, que establecen una retribuci¨®n "por un ¨²nico concepto, no teniendo cabida un incentivo de productividad". La Diputaci¨®n alega otra norma que incluye la aplicaci¨®n del complemento.
- Cesant¨ªas. Constata que las cesant¨ªas (dinero que se paga a los diputados forales y altos cargos cuando dejan sus puestos) no se incluyen como rendimientos del trabajo en el IRPF.
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