La poda del ciruelo
Los parlamentarios catalanes han escrito recto. Aunque no hab¨ªa una "Demanda de Estatut" en la calle, ahora se percibe, no s¨®lo porque la oferta genere demanda, a veces artificial. Ocurre que hab¨ªa "demandas" enraizadas en la sociedad catalana, como mejorar el autogobierno, proteger las competencias propias, ampliarlas hacia ¨¢mbitos de nuevo cu?o (inmigraci¨®n, comunicaciones, infraestructuras...), y lograr una financiaci¨®n m¨¢s equilibrada y un mayor reconocimiento identitario de car¨¢cter plural y no un¨ªvoco. El proyecto ha salido al encuentro de esas demandas, las ha recogido. Y ha concitado un singular consenso parlamentario, del 88,8%, desde la b¨²squeda del encaje legal, como demostr¨® el pulso por cumplir con el cedazo de constitucionalidad establecido por el Consejo Consultivo, cuyas conclusiones fueron entonces respetadas por los m¨¢s tremendistas, y deber¨ªan serlo ahora: ?o es que s¨®lo se asume un dictamen en la porci¨®n que a uno m¨¢s le place? Cobertura de demandas, consenso y empe?o de constitucionalidad, ¨¦sta es la virtud, la triple fuerza del nuevo Estatuto.
Pero a la virtud le acompa?a el pecado, y la fuerza encierra debilidades: el texto contiene bastantes renglones torcidos. Los defectos arrancan de la ¨®ptica metajur¨ªdica de los redactores, que el pre¨¢mbulo -poco empeorable- acusa. Predomina en su heter¨®clita mezcolanza un anticuado nacionalismo esencialista: esa historia de h¨¦roes y resistentes, marcada por la derrota de 1714, que ignora hitos de modernidad en el empe?o democr¨¢tico general m¨¢s ejemplares, desde el significado de la revoluci¨®n liberal de Juan Prim y Laureano Figuerola, al compromiso constitucionalista catal¨¢n de 1931 y 1978, pasando por el federalismo de la Primera Rep¨²blica y sus presidentes catalanes Pi i Margall, Figueras, Salmer¨®n (tres de cuatro, con Castelar). Convive ese esencialismo con bellos apuntes de catalanismo c¨ªvico: las identidades pueden superponerse, la libertad colectiva nunca debe asfixiar los derechos individuales. Y se le a?aden gotas de bondad a lo Rousseau / Franklin, m¨¢s desarrolladas en el T¨ªtulo I de derechos y deberes, de ra¨ªz izquierdista-liberal, pero de eventual impacto ordenancista.
El problema es el predominio del imaginario simb¨®lico nacionalista en la inspiraci¨®n de todo el texto, lo que ocasiona ambig¨¹edades y contradicciones. Contra lo que sostiene la derecha y el nacionalismo espa?ol m¨¢s enquistado en su propio esencialismo, este Estatuto no agota la relaci¨®n de Catalu?a con Espa?a en un mero bilateralismo de sugesti¨®n confederal Estado (espa?ol) / Naci¨®n (catalana). Hay multilateralismo en todos los t¨ªtulos, como es exigible en un proyecto que se quiere constitucional. Pero aflora enmascarado, difuminado, con sordina vergonzante y desganada en la ¨²ltima frase, la que advierte al final del p¨¢rrafo, en la pr¨®rroga, que lo normativizado es casi siempre "dentro de la Constituci¨®n", o "de acuerdo con la ley vigente". Por eso el lector de vuela pluma topa y se sorprende s¨®lo con la visi¨®n bilateralista, m¨¢s expl¨ªcita. Y adem¨¢s, subrayada por el concepto de paridad, como ocurre con la Comisi¨®n Bilateral Generalitat-Estado, cuyo funcionamiento por consenso a secas podr¨ªa abocarla a la par¨¢lisis; o aumentada al menos aparentementepor el car¨¢cter "determinante" de la posici¨®n de la Generalitat en algunas cuestiones competenciales.
Es un texto indudablemente espa?ol, pero de una espa?olidad fr¨ªa y distante, sumergida, distinta a la practicada por noucentistes y republicanos. Diluye as¨ª la expectativa de establecer un paradigma nacional m¨¢s moderno, un catalanismo c¨ªvico y flexible apto para el siglo XXI y menos prisionero del pasado remoto. Es cierto que el puntilloso detallismo de las competencias estatutarias catalanas del T¨ªtulo IV queda corto si se coteja con la prolijidad de otros grandes textos. Y que la vigente Constituci¨®n alberga tambi¨¦n confusiones y ambig¨¹edades, incluso en su concepto de lo nacional: coexisten en ella "el pueblo espa?ol" con los "pueblos de Espa?a"; la "naci¨®n indisoluble" con unas "nacionalidades" que no llegaron a m¨¢s por imperativo militar directo a Adolfo Su¨¢rez; y la "solidaridad interterritorial" moderna con un foralismo insolidario de forja -hist¨®rica y actual- guerrera, que sin embargo nadie discute. Pero si nada de eso reduce la funcionalidad y el valor pol¨ªtico de la Carta Magna, nunca se debe redundar en el error. A lo nuevo siempre se le exige m¨¢s.
En vez de registrar los defectos para subsanarlos, muchos se aplican a enervarlos. As¨ª, las ya distintas opiniones p¨²blicas catalana y espa?ola divergen crecientemente, delicado asunto que entra?a riesgos de fractura social, victimismo y quiebra general de la confianza. Esos riesgos s¨®lo pueden disolverse con respeto y di¨¢logo, no con burla o imposici¨®n. Los diputados auton¨®micos han respetado reglas, procedimientos e instituciones, y guste o desazone su trabajo, merecen el mismo trato. Ahora, no s¨®lo el estatuyente espa?ol (pues de una ley espa?ola se trata) debe seguir igual senda, sino tambi¨¦n todas las instituciones. M¨¢s argumentos y menos urticaria.
Entre la org¨ªa declarativa condenatoria, surge una voz pausada y razonada. Asiste la raz¨®n al presidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero cuando subraya que existe margen para el acuerdo (dif¨ªcil) si se tiene voluntad de alcanzarlo. La similar contenci¨®n reciente de los l¨ªderes catalanes, empezando por el denostado presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, dispuestos a asumir reformas al texto en el Congreso, constituye otra espita de esperanza. Hay margen. Es necesario explorarlo. Para todos. Si los socialistas no quieren fracturarse y descabalgarse de la Moncloa y la plaza Sant Jaume, pues Catalu?a es, tras Andaluc¨ªa, su principal granero, pero buena parte del arraigo social del PSC deriva de su hermanamiento con el PSOE. Si el PP no quiere aparecer como el enemigo de Catalu?a, hipotecando as¨ª su futuro, pues s¨®lo logr¨® gobernar cuando obtuvo un resultado no meramente marginal, contra costumbre, entre los catalanes. Si CiU y Esquerra, como ICV-IU, pretenden superar la prueba pendiente de ductilidad y pragmatismo. Por encima de los partidos, explorar el margen resulta crucial para todos los ciudadanos, pues Espa?a s¨®lo transitar¨¢ con credibilidad por el mundo global si acredita sabidur¨ªa en sus asignaturas internas. Frente a pesimismos de la raz¨®n, conj¨²guese el optimismo de la voluntad. Al cabo, en esta barca van todos; si se hunde, aunque en distinta medida, a todos perjudicar¨¢.
La encrucijada actual estriba en cu¨¢les deban ser los objetivos, actitudes y propuestas del Congreso, en su tramitaci¨®n del Estatuto. El resultado final debe ser asumible para toda Espa-?a y aceptable para Catalu?a. Debe, como dijo el 27 de mayo de 1932 Manuel Aza?a en su gloriosa intervenci¨®n para ocasi¨®n semejante, "conjugar la voluntad autonomista de Catalu?a con los intereses permanentes de Espa?a". Algo factible si "no se defrauda al pueblo de Catalu?a", como a?adi¨® el 10 de junio Manuel Carrasco i Formiguera, luego fusilado por Franco. Las Cortes deben hoy mirar de leal reojo a Catalu?a, pues la ¨²ltima palabra la dir¨¢n los ciudadanos catalanes en refer¨¦ndum, al igual que los redactores de la Ciutadella han pugnado por el encaje constitucional avizorando tambi¨¦n el tr¨¢mite siguiente.
Coloquialmente, el ¨¢rbol del Estatuto tendr¨¢ que someterse a una poda que no lo desnaturalice y no lo convierta en arbusto. No puede ser la poda del olivo enfermo, que corta de ra¨ªz el ramaje y lo desnuda por a?os. ?Quiz¨¢ la del membrillo, que rasura todas las ramas a distancia de un palmo? M¨¢s bien la del ciruelo, de frondosidad horizontal, que expurga las muy contadas flechas verticales, ¨¦sas que absorben demasiada savia y alejan la fruta del alcance de la mano. La poda busca siempre un mejor y m¨¢s arm¨®nico crecimiento. As¨ª, las ramas estatutarias a tratar deben afianzar el demasiado evanescente orgullo constitucionalista; explicitar m¨¢s el multilateralismo; reducir el reglamentismo (es estupendo enfatizar la no discriminaci¨®n al castellano y el fomento al catal¨¢n, pero sobran sesgos intervencionistas o propios de leyes ordinarias); y suavizar el detallismo en la definici¨®n de las competencias, que reactualiza la idea de "Administraci¨®n ¨²nica" formulada a?os ha por Manuel Fraga Iribarne. Usado ese detallismo para blindar competencias frente a futuras laminaciones, ha devenido enciclop¨¦dico: ?podr¨ªan trasladarse muchas submaterias y subcompetencias a un protocolo de igual valor jur¨ªdico, como deb¨ªa haberse hecho con la Parte III de la Constituci¨®n europea?
Quedan dos cuestiones clave, los s¨ªmbolos y los recursos. Entre el redactado actual seg¨²n el cual "Catalu?a es una naci¨®n" y las f¨®rmulas anunciadas por Zapatero, es imaginable un cauce de acuerdo. Pero ser¨¢ m¨¢s trabajoso el m¨¢s decisivo t¨ªtulo VI, la financiaci¨®n. Habr¨¢ que profundizar entre el modelo estatutario y el esbozado por el Gobierno, desde la perspectiva de los resultados previsibles. O sea, desde la triple viabilidad de la Hacienda central (sin par¨¢lisis ni ruina); de la solidaridad interterritorial, mediante las transferencias pertinentes; y de las finanzas p¨²blicas catalanas, hoy aquejadas, al igual que otras del r¨¦gimen com¨²n, de cr¨®nica escasez de recursos en t¨¦rminos absolutos, y relativos, dada la doble financiaci¨®n por habitante registrada en el actual r¨¦gimen foral. El desatascador del consenso puede radicar en un gradualismo temporal que facilite la convergencia real de las econom¨ªas regionales.
Para una poda constructiva de este g¨¦nero hay instrumentos. Destacan la disposici¨®n del Gobierno al acuerdo, desde la firmeza; la unidad de los partidos catalanes si se acompa?a de la flexibilidad prometida; la trabaz¨®n de la familia socialista, pese a sus tensiones; las posibilidades de presi¨®n derivadas de anuncios de eventuales alianzas de geometr¨ªa variable e incluso los amagos de usar fuerza mayor, como el voto contrario a la totalidad, la retirada del Estatuto o la convocatoria de elecciones anticipadas... si s¨®lo son amagos, pues su uso es de tracto ¨²nico, y abocan al conflicto. Quiz¨¢ la evoluci¨®n de la coyuntura vasca, y de otras reformas estatutarias, ayudar¨¢ a desdramatizar, evidenciando que propuestas hoy in¨¦ditas no son ontol¨®gicamente ins¨®litas. Con muletas o sin ellas, es la hora de aplicar m¨¢s que la rauxa de Maci¨¤, el seny de Tarradellas; m¨¢s que la mera "conllevancia" orteguiana, el sentido de Estado de Manuel Aza?a.
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