Suspendido el juicio contra un empresario acusado de explotar a inmigrantes tras no comparecer los afectados

El juicio contra un empresario acusado de explotar a cuatro inmigrantes latinoamericanos en situaci¨®n irregular en Espa?a qued¨® ayer suspendido en la Audiencia de Guip¨²zcoa hasta el pr¨®ximo jueves tras no comparecer como testigos los supuestos afectados. Al menos se esperaba la presencia de uno de los trabajadores, pero no acudi¨® finalmente a la vista alegando un problema de transporte. Qued¨® citado para la semana que viene. Los otros tres inmigrantes dif¨ªcilmente testificar¨¢n. Al parecer, se encuentran fuera de Espa?a y el tribunal, tras varios intentos frustrados, cree imposible su localizaci¨®n.

Quien s¨ª declar¨® fue el empresario imputado, que neg¨® que hubiese empleado a los cuatro inmigrantes en su f¨¢brica, en Legazpi. El acusado asegur¨® que s¨®lo les dej¨® utilizar parte de los locales para alojarse, porque no ten¨ªan otro lugar donde vivir. Sin embargo, seg¨²n explic¨®, lleg¨® un d¨ªa en que les pidi¨® que abandonasen el lugar porque no estaba de acuerdo con su forma de comportarse. Esta versi¨®n fue ratificada por dos testigos de la defensa.

La fiscal¨ªa, por contra, sostiene que, entre marzo de 2002 y el mismo mes de 2003, el acusado contrat¨® verbalmente a los cuatro inmigrantes, dos ecuatorianos y dos argentinos, para que trabajasen en su f¨¢brica de salazones, que para esas fechas hab¨ªa sido embargada. El empresario, seg¨²n la acusaci¨®n p¨²blica, ofreci¨® a los trabajadores 600 euros mensuales, cantidad que en algunos casos no pag¨® y, en otros, no lleg¨® a completar.

Dos de los ertzainas que investigaron la causa respaldaron el relato fiscal. Seg¨²n testificaron, el 6 de marzo de 2003, tras la denuncia interpuesta por una de las presuntas v¨ªctimas, acudieron a la empresa, donde encontraron a dos de los inmigrantes envasando pescado. Los polic¨ªas detallaron que estas dos personas estaban trabajando en una planta alta, mientras la baja estaba habilitada como dormitorio.

El Ministerio P¨²blico imputa al empresario un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con otro de estafa y reclama para ¨¦l cuatro a?os y medio de prisi¨®n y dos multas por un importe total de 14.400 euros.