Primera escaramuza

LA MESA DEL CONGRESO vivi¨® esta semana la primera escaramuza parlamentaria en torno al nuevo Estatuto de Catalu?a. El Grupo Popular se opuso infructuosamente a que el Pleno de la C¨¢mara debatiera la toma en consideraci¨®n de la propuesta con el argumento de que no es sino una revisi¨®n constitucional disfrazada. El portavoz del PP, Gabriel Cisneros, sentenci¨® que la tramitaci¨®n del texto extender¨ªa el certificado de defunci¨®n de la Constituci¨®n, al igual que sucedi¨® en la Alemania de Weimar con las leyes nazis de 1933 y 1934. Esa sobrecogedora m¨²sica wagneriana orquesta en realidad un prosaico libreto de ingenier¨ªa parlamentaria: as¨ª como una reforma estatutaria requiere ¨²nicamente la mayor¨ªa absoluta del Congreso, la reforma constitucional exige, en cambio, una mayor¨ªa cualificada de los tres quintos de cada C¨¢mara que hace imprescindible el concurso del PP.

El Grupo Popular se opuso infructuosamente a que el Pleno de la C¨¢mara debatiera la toma en consideraci¨®n de la propuesta con el argumento de que no es sino una revisi¨®n constitucional disfrazada

El alarmista toque a rebato de los populares confunde maliciosamente trayectorias distintas que conducen a destinos diferentes en funci¨®n del ¨¢rbol de decisiones de los sucesivos tr¨¢mites. Es pr¨¢cticamente seguro que una seguidista aprobaci¨®n por las Cortes de la propuesta estatutaria -sin modificar una sola coma de sus contenidos o con afeites puramente cosm¨¦ticos- desbordar¨ªa el marco constitucional con la fuerza destructora de un hurac¨¢n tropical. Sucede, sin embargo, que ese ominoso futuro no est¨¢ escrito en las estrellas ni tan siquiera resulta probable. El PSOE se ha comprometido a enmendar los art¨ªculos del nuevo Estatuto que conculquen abiertamente la norma fundamental o vayan contra el inter¨¦s general (un concepto agazapado en el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n): en buena l¨®gica democr¨¢tica, el Gobierno tiene derecho a un margen de confianza -aunque temporal y vigilado- de sus votantes. Pero incluso si las Cortes confirmasen las sombr¨ªas profec¨ªas del PP, la funci¨®n apenas habr¨ªa comenzado: la facultad de anular las leyes aprobadas por el Parlamento -incluidos los Estatutos- no es atribuida por nuestro ordenamiento jur¨ªdico al Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado, tal y como pretend¨ªa la grotesca petici¨®n obstruccionista del PP rechazada el pasado martes por la Mesa, sino al Tribunal Constitucional.

Las cr¨ªticas a las alianzas del PSOE con diversos grupos nacionalistas resultan desproporcionadas. En los sistemas democr¨¢ticos, los pactos entre las fuerzas pol¨ªticas a fin de sumar mayor¨ªas capaces de asegurar la estabilidad gubernamental y de aprobar los Presupuestos no son una virtud, sino una necesidad. Como sostiene una c¨ªnica m¨¢xima inglesa introducida en Espa?a por Manuel Fraga, la pol¨ªtica crea extra?os compa?eros de cama. Aznar tambi¨¦n goz¨® -durante su primera legislatura sin mayor¨ªa absoluta- de esa turbadora experiencia cuando fue investido presidente del Gobierno gracias a la ayuda de CiU (tras confesar que hablaba catal¨¢n en la intimidad) y del PNV (despu¨¦s de recordar que su abuelo paterno era de Echalar y su progenitor hab¨ªa nacido en Bilbao); en la siguiente legislatura, el PP dio sus votos a Pujol para que pudiera ser presidente de la Generalitat. Los alegres retozos de Aznar con Anguita -coordinador de IU- en su com¨²n prop¨®sito de desgastar al Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez ofrecieron tambi¨¦n una inolvidable estampa picaresca de cama redonda.

Mayor atenci¨®n merecen, en cambio, las quejas del PP por el hecho de que no se exija una mayor¨ªa cualificada de los tres quintos de las C¨¢maras para aprobar reformas estatutarias. Aunque esos lamentos carezcan de fuerza jur¨ªdica vinculante por falta de respaldo constitucional, la vicepresidenta del Gobierno acept¨® el pasado 14 de enero que el consenso del PP ser¨ªa absolutamente conveniente en esa materia. Pero dos no pactan si uno se niega: los dirigentes populares s¨®lo parecen dispuestos a echar una mano al Gobierno -a diferencia del comportamiento seguido por Zapatero en cuestiones de terrorismo y de justicia cuando era l¨ªder de la oposici¨®n- para estrangularle.