El ¨²ltimo cartucho judicial

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz confirm¨® el pasado viernes las ¨®rdenes de detenci¨®n internacional contra los tres militares estadounidenses implicados en la muerte del c¨¢mara de Tele 5 Jos¨¦ Couso, de 38 a?os, el 8 de abril de 2003 en Bagdad, en plena toma de la capital iraqu¨ª por las fuerzas aliadas. Con esa decisi¨®n rechaz¨® el recurso del fiscal adscrito al proceso, Pedro Rubira, que sostiene que el magistrado carece de competencia para conocer del caso. Extremo que niega el juez ampar¨¢ndose en la Convenci¨®n de Ginebra, relativa a la protecci¨®n de personas civiles en tiempo de guerra, y en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial.

El fiscal ha recurrido de nuevo, esta vez ante la Sala de lo Penal de la Audiencia. Pedraz sostiene, al contrario que Rubira, que la orden de detenci¨®n es la ¨²nica alternativa ante la "nula cooperaci¨®n judicial" de Estados Unidos para que declaren los implicados. "No se me ocurre otra", subray¨®. Sin esas declaraciones, el caso est¨¢ abocado a su sobreseimiento. En junio un alto funcionario del Departamento de Estado manifest¨® que "har¨¢ fr¨ªo, mucho fr¨ªo, en el infierno antes de que los militares sean interrogados en Espa?a". Pedraz imputa al sargento Thomas Gibson, al capit¨¢n Philip Wolford y al teniente Philip de Camp un delito contra la comunidad internacional y otro de asesinato.

Asociaciones de jueces y la Asociaci¨®n de Fiscales se muestran prudentes a la hora de dar su opini¨®n y aseguran respetar los argumentos de ambas partes.

- Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM). El portavoz de esta asociaci¨®n, mayoritaria y conservadora, Jos¨¦ Manuel Su¨¢rez, subraya que, al margen de que la Audiencia tenga o no competencia -"es un tema jur¨ªdicamente discutible"-, no es una regla normal que se decrete una orden de detenci¨®n internacional sin pedir simult¨¢neamente la extradici¨®n. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, asegura, establece que para que se pueda dar una orden de detenci¨®n se tiene que estar seguro de alguna forma de que esas personas han tenido una participaci¨®n en un delito. "Y ah¨ª es donde puede haber cierta discusi¨®n", se?ala. Su¨¢rez se muestra pesimista sobre la posibilidad de que los militares estadounidenses puedan ser extraditados. "Probablemente esto se va a quedar en nada, porque Estados Unidos nunca extradita a sus nacionales". El portavoz de la APM considera que el juez ha interpretado que ante la negativa de las autoridades a colaborar, la ¨²nica posibilidad de que los soldados declaren a fin de determinar si tienen responsabilidad penal sea con la orden de detenci¨®n, "que s¨®lo podr¨¢ aplicarse si pisan un pa¨ªs extranjero".

- Asociaci¨®n Francisco de Vitoria (FV). El portavoz de esta asociaci¨®n moderada de magistrados, Manuel Torres Vela, no ve impedimento para que la orden de detenci¨®n internacional pueda ejecutarse, y el juez instructor act¨²e contra quien considere responsable de los hechos, a la vista de los datos que tenga en su poder. "De hecho", a?ade, "existen precedentes en otros casos de delitos contra espa?oles en el extranjero".

Torres Vela se?ala que habr¨¢ que esperar al resultado de la investigaci¨®n para determinar qu¨¦ tipo de delito existe y si ¨¦ste se puede englobar en alguno de aquellos en los que tiene competencia la Audiencia Nacional. "Hay un hecho evidente, que es que una persona que no interviene directamente en un conflicto armado, que no es objetivo militar, sufre un ataque; y tendr¨¢n que explicarse esas circunstancias para determinar el tipo de delito". Asimismo, entiende que "por los hechos y la resoluci¨®n motivada que hizo el juez Pedraz, entendemos que hay base para que la investigaci¨®n contin¨²e".

- Jueces para la Democracia (JpD). El portavoz de esta asociaci¨®n progresista, Edmundo Rodr¨ªguez, subraya que la Audiencia tiene posibilidad de perseguir un delito que se ha cometido contra un ciudadano espa?ol en el extranjero si considera que est¨¢ dentro de los supuestos en los que la Ley del Poder Judicial le otorga competencia.

Seg¨²n esta asociaci¨®n, la no admisi¨®n de la querella no puede impedir la investigaci¨®n de un hecho criminal, cuando precisamente la querella no ha sido admitida porque no se dan facilidades para investigar por parte del Gobierno estadounidense. "Esa falta de colaboraci¨®n ha abocado al juez a dictar la orden de persecuci¨®n internacional", asegura. "Lo que no se puede pedir al juez es que ampare la impunidad y no investigue", a?ade. Adem¨¢s, se?ala que "si se interpretara el ataque de un soldado del Ej¨¦rcito estadounidense a un ciudadano civil en un conflicto b¨¦lico como un delito de lesa humanidad, la Audiencia s¨ª ser¨ªa competente, y ya se han dado muchas resoluciones anteriores como en el caso Pinochet y el caso Scilingo".

- Asociaci¨®n de Fiscales. El portavoz de esta asociaci¨®n, Guillermo Garc¨ªa, asegura que el recurso del fiscal es razonable, "porque lo primero que hay que hacer es valorar la competencia". "Estamos hablando de un funcionamiento normal de la justicia. No tenemos nada que alegar ni a favor ni en contra", comenta.