El FBI env¨ªa cada a?o 30.000 cartas para exigir datos confidenciales

Al amparo de la Ley Patri¨®tica, aprobada hace cuatro a?os -despu¨¦s del 11-S-, el FBI solicita acceso a informaci¨®n privada de miles de ciudadanos recurriendo a viejas normas, seg¨²n The Washington Post. Gracias a las posibilidades que da la ley, la polic¨ªa resucit¨® la f¨®rmula de las cartas de seguridad nacional, creadas en los a?os setenta como excepci¨®n a las medidas legales de protecci¨®n al derecho a la intimidad en las transacciones comerciales.

Estas cartas, en las que se reclama a responsables de empresas de cualquier tipo que faciliten datos, ten¨ªan como objetivo acceder a los movimientos de sospechosos de espionaje o terrorismo; seg¨²n fuentes gubernamentales, el FBI env¨ªa ahora m¨¢s de 30.000 cartas al a?o. La f¨®rmula no necesita el visto bueno de un fiscal o un juez; depende de los supervisores del FBI o de sus altos responsables, que s¨®lo necesitan asegurar que "la informaci¨®n requerida es necesaria o relevante" en el curso de una investigaci¨®n "para proteger a EE UU de actividades terroristas o de espionaje". El Congreso debe renovar o anular 16 apartados de la Ley Patri¨®tica antes del 31 de diciembre, pero el uso de las cartas de seguridad nacional no se encuentra en ninguno de esos apartados.

La persona a la que le llega la carta es advertida de que no puede revelar que la ha recibido. Lo que se le solicita va desde informaci¨®n sobre comunicaciones electr¨®nicas hasta transacciones financieras o comerciales. Michael Woods, que en noviembre de 2001 era responsable de la unidad del FBI de la que depend¨ªan estas cartas, las describi¨® como "potentes herramientas de investigaci¨®n" que pueden producir "informaci¨®n relevante en cantidades notables", pero pidi¨® que se utilizara "de manera juiciosa". Ahora, Woods, que ya no trabaja en el FBI, dijo al Post que se desatendi¨® su recomendaci¨®n.

Cuando el Gobierno y el FBI recibieron cr¨ªticas en el Congreso sobre el abuso que supone utilizar medidas aprobadas hace m¨¢s de 30 a?os, la respuesta fue que no ha habido ni una sola denuncia probada de abuso de la Ley Patri¨®tica, una afirmaci¨®n inaceptable para los grupos de defensa de los derechos civiles y para un n¨²mero creciente de congresistas.