Voracidad insaciable

El lugar ocupado en los sistemas democr¨¢ticos contempor¨¢neos por los partidos pol¨ªticos, situados a medio camino entre los ¨®rganos del Estado y las agrupaciones voluntarias de la sociedad civil, ha encarecido desmesuradamente su financiaci¨®n. La tarea asignada a los partidos por la Constituci¨®n de 1978 (expresar el pluralismo, concurrir a la formaci¨®n de la voluntad popular y servir de instrumento a la participaci¨®n pol¨ªtica) no es una simple f¨®rmula ret¨®rica. Y la denominaci¨®n Estado de partidos aplicada a la estructura de poder resultante tampoco es una expresi¨®n coloquial o despectiva: la organizaci¨®n del proceso electoral, el funcionamiento de la maquinaria legislativa y la direcci¨®n pol¨ªtica de las Administraciones P¨²blicas est¨¢n confiadas casi enteramente a sus cuidados.

Las necesidades de los partidos han desbordado hoy d¨ªa ampliamente los viejos cauces utilizados para satisfacerlas hace cincuenta a?os: si los gastos de las facciones olig¨¢rquicas del siglo XIX eran sufragados por los l¨ªderes parlamentarios mediante una oscura corriente de intercambios monetarios con organizaciones clientelares, los grandes partidos de masas de signo clasista, confesional o nacionalista surgidos al calor de la democratizaci¨®n de la vida p¨²blica en el siglo XX carec¨ªan de apoyos presupuestarios y se financiaban privadamente con las cuotas de los afiliados y las ayudas de las instituciones sociales y los grupos econ¨®micos cuyos intereses defend¨ªan. El encarecimiento actual de los costes se ha disparado no s¨®lo por las funciones paraestatales de los partidos, sino tambi¨¦n por la desaparici¨®n del trabajo voluntario y gratuito de sus militantes como propagandistas, agitadores y activistas. El calendario disperso de las citas ante las urnas (europeas, legislativas, auton¨®micas, municipales y refrendatarias) multiplica el importe de las facturas publicitarias de unas campa?as electorales basadas sobre la propaganda por correo, los carteles callejeros, los anuncios de prensa y las cu?as radiof¨®nicas. La compra o el alquiler de una tupida red de sedes locales y el mantenimiento de una amplia organizaci¨®n burocr¨¢tico-pol¨ªtica asalariada elevan la cuant¨ªa de unas necesidades carentes al parecer de techo.

Al igual que lo que ocurre en otros pa¨ªses democr¨¢ticos, los Presupuestos Generales del Estado incluyen generosas subvenciones para pagar las campa?as electorales, los grupos parlamentarios y municipales, las fundaciones y los gastos anuales de funcionamiento ordinario de los partidos. Pero el cuerno de la abundancia del dinero p¨²blico nunca llega a colmar la voracidad insaciable de sus tesorer¨ªas: la experiencia de las dos ¨²ltimas d¨¦cadas ense?a que no s¨®lo en Espa?a, sino tambi¨¦n en otros sistemas europeos los partidos han bordeado o traspasado la frontera de la ley para satisfacer esa enfermiza bulimia. No siempre se trata de las responsabilidades penales que salpicaron al PSOE con el caso Filesa y al PP con el caso S¨®ller y el caso Naseiro. Para la opini¨®n p¨²blica tambi¨¦n es ofensivo que la condonaci¨®n de un cr¨¦dito bancario del PSOE, el PP, el PSC o ERC pretenda ser equiparada por sus beneficiarios con las operaciones mercantiles de quita de importes y espera de vencimientos solicitadas en el mundo del comercio por los deudores a los acreedores. Y el desproporcionado porcentaje de donaciones an¨®nimas recibidas por el PP, CiU y PNV huele asimismo a puchero enfermo.

A trav¨¦s de sus grupos parlamentarios, los partidos podr¨ªan aprobar todo tipo de medidas -administrativas y penales- para endurecer los controles y las sanciones sobre la financiaci¨®n de la vida pol¨ªtica. Ni el PSOE ni el PP aprovecharon la mayor¨ªa absoluta de la que dispusieron en su d¨ªa para tomar esa iniciativa; tampoco la adopt¨® CiU, que complet¨® las mayor¨ªas relativas de los socialistas en 1993 y de los populares en 1996. La reforma de la ley de financiaci¨®n de 1987 -ha iniciado ya su tramitaci¨®n en el Congreso- dar¨¢ al Gobierno de Zapatero y a los grupos que le apoyan la ocasi¨®n de blindar una norma por cuyas grietas se ha venido colando el dinero negro. En el ¨¢mbito de la financiaci¨®n privada, ser¨ªa imprescindible -junto a la prohibici¨®n de las donaciones an¨®nimas de particulares ya incorporada a la propuesta- revisar el art¨ªculo 2.2.d) sobre los cr¨¦ditos bancarios concertados por los partidos a fin de imposibilitar esas abusivas condonaciones.