Toda persona dependiente tendr¨¢ derecho a asistencia social del Estado

El Gobierno ultima una de sus reformas estrella, la ley de dependencia o autonom¨ªa personal, que implica el derecho universal de toda persona dependiente - esto es, que no se vale por s¨ª misma, 1,3 millones de espa?oles, seg¨²n el ministro de Trabajo, Jes¨²s Caldera- a ser atendido por el Estado. El usuario contribuir¨¢ a la prestaci¨®n de este servicio en funci¨®n de su renta. La reforma, con un coste que podr¨ªa llegar al 1% del PIB espa?ol, tendr¨¢ un plazo de aplicaci¨®n de ocho a?os por su complejidad. El Ejecutivo propone que el coste sea asumido al 50% por la Administraci¨®n central y las autonom¨ªas, que tienen transferida la asistencia social. El Gobierno quiere equiparar as¨ª este derecho con la sanidad, la educaci¨®n o las pensiones.

El Gobierno y sus socios de Izquierda Verde y Esquerra Republicana de Catalunya est¨¢n convencidos de que esta reforma cambia de ra¨ªz el estado del bienestar. Se trata de garantizar a toda persona que no pueda valerse por s¨ª misma por problemas de movilidad o enfermedad -ancianos en su mayor¨ªa-, el mismo derecho universal, seg¨²n el Gobierno, a ser atendidos que tienen todos los ciudadanos a la sanidad, la educaci¨®n, o las pensiones. Por eso le llaman el cuarto pilar del Estado del Bienestar.

Seg¨²n el Libro Blanco de la dependencia, esta ley afectar¨ªa a 1.125.000 personas. El propio Caldera aumenta esa cifra hasta 1,3 millones. Para saber la cantidad exacta habr¨¢ que esperar a que cada persona reclame la condici¨®n de dependiente y se estudie su caso.

S¨®lo el 6,5% de las familias que cuidan a personas dependientes cuenta con el apoyo de los servicios sociales. Adem¨¢s, el 83% de los familiares que dedican pr¨¢cticamente su vida a cuidar a las personas dependientes son mujeres, con lo que est¨¢ ley tendr¨¢ implicaciones mayores en cuanto a la pol¨ªtica de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que promueve el Ejecutivo.

El Ejecutivo, que tiene pr¨¢cticamente cerrada esta reforma con sus socios de Izquierda Verde (IU-ICV) y Esquerra Republicana de Catalunya y con sindicatos y patronal, se enfrenta ahora a una dura negociaci¨®n con las comunidades aut¨®nomas, que tienen transferida esta competencia, y a las que les va a proponer que asuman el 50% del coste. Eso puede retrasar algo la aprobaci¨®n, sobre todo por la previsible oposici¨®n de las comunidades gobernadas por el PP, aunque Caldera conf¨ªa en que el anteproyecto pueda llegar al Consejo de Ministros antes de un mes.

El ministro Caldera asegura que la ley llevar¨¢ una memoria econ¨®mica detallada y que en ning¨²n caso se financiar¨¢ con carga a la Seguridad Social, sino por medio de los impuestos. De momento, el Ejecutivo cuenta con 200 millones de euros, incluidos en los Presupuestos de 2006, para poner en marcha la reforma. Los socialistas hab¨ªan subido esta cantidad desde 50 a 100 millones, pero fueron sus socios de Izquierda Verde, seg¨²n recuerda su portavoz, Gaspar Llamazares, quienes presionaron y lograron aprobar una enmienda para subir ese fondo hasta los 200 millones, con el apoyo de ERC, cuyo portavoz, Joan Tard¨¢, es tambi¨¦n uno de los art¨ªfices de la reforma.

El Ejecutivo asume que esta ley tiene un coste muy importante, que puede alcanzar en 2008, cuando la ley comience a funcionar realmente, hasta el 1% del PIB espa?ol, seg¨²n datos que maneja el Ministerio de Trabajo. Pero hay l¨ªmites. "Habr¨¢ una declaraci¨®n gen¨¦rica que recoja el derecho universal a la prestaci¨®n, aunque tiene que venir limitada en la medida en que haya recursos econ¨®micos, y siempre con la idea de los ocho a?os para ser aplicado completamente. Adem¨¢s, la admisi¨®n a este sistema tiene un filtro en funci¨®n de la renta y patrimonio. Los que puedan permitirse una asistencia privada no ser¨¢n incluidos", explica el ministro Caldera, quien insiste en que habr¨¢ un sistema de valoraci¨®n ¨²nico en toda Espa?a que evite agravios.

Adem¨¢s, la reforma abre una gran oportunidad de trabajo para la atenci¨®n a los dependientes. Hasta 200.000 nuevos empleos, seg¨²n los expertos, que a su vez generar¨¢n ingresos del Estado con sus impuestos y podr¨¢n paliar el coste. A¨²n as¨ª, el ministerio de Econom¨ªa, seg¨²n fuentes de la negociaci¨®n, ha expuesto sus dudas de la viabilidad de la extensi¨®n universal de este derecho.

Las prestaciones incluir¨¢n ayuda a domicilio, teleasistencia y nuevos centros de d¨ªa -s¨®lo el 3,14% de los mayores de 65 a?os acceden a la primera, el 2,05% a la segunda y el 0,46% tienen plaza en un centro de d¨ªa-, la habilitaci¨®n de nuevas plazas en residencias y las ayudas a las familias que se dediquen por completo a cuidar de sus enfermos o discapacitados.