Los expertos dudan de la constitucionalidad de la retirada de competencias de Marbella

La retirada de competencias urban¨ªsticas a Marbella, cuyos tr¨¢mites podr¨ªa iniciar la Junta de Andaluc¨ªa a partir de hoy, plantea serias dudas acerca de su respeto a la autonom¨ªa local garantizada en la Constituci¨®n. As¨ª lo entienden varios expertos en Derecho Constitucional, que coinciden en que si bien la intenci¨®n de la medida es comprensible, el m¨¦todo "roza el l¨ªmite de lo constitucionalmente admisible". Lo m¨¢s probable es que el problema acabe en el Tribunal Constitucional, bien a trav¨¦s del conflicto en defensa de la autonom¨ªa local anunciado por el PP, o por una cuesti¨®n de inconstitucionalidad elevada por un tribunal ordinario contencioso-administrativo, tras un eventual recurso del Ayuntamiento de Marbella.

La Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, que hoy entra en vigor, establece: "En los casos de grave incumplimiento por los municipios en el ejercicio de competencias urban¨ªsticas que impliquen una manifiesta afectaci¨®n a la ordenaci¨®n del territorio y urbanismo" competencia de la Junta, el Consejo de Gobierno, con audiencia al municipio, dictamen del Consejo Consultivo e informe favorable del Parlamento andaluz, "podr¨¢ atribuir a la Consejer¨ªa competente (...) el ejercicio de la potestad de planeamiento que corresponde a los municipios".

El acuerdo del Consejo de Gobierno, que delimitar¨¢ el ejercicio de la potestad y su plazo (el m¨¢ximo son cinco a?os), "se pronunciar¨¢ sobre la suspensi¨®n de la facultad de los municipios de firmar convenios". El ayuntamiento mantendr¨ªa s¨®lo el otorgamiento de licencias, que es un acto reglado.

El art¨ªculo supone "una severa intromisi¨®n de la comunidad aut¨®noma en el nivel local de gobierno", que s¨®lo se explica "a la vista de las graves irregularidades cometidas por contados ayuntamientos en materia urban¨ªstica", opina Manuel Medina, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y director de la Fundaci¨®n Democracia y Gobierno Local. Para el Tribunal Constitucional, "es precisamente en las decisiones relativas al plan urban¨ªstico donde se proyectan 'de forma especialmente intensa las exigencias de la autonom¨ªa municipal", explica, "raz¨®n por la que requiere que se asegure un 'umbral m¨ªnimo' de participaci¨®n de los municipios en el planeamiento", so pena de vulnerar la autonom¨ªa local garantizada en la Carta Magna.

N¨²cleo esencial

Gerardo Ruiz Rico, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Ja¨¦n, opina que "la ordenaci¨®n urbana forma parte, sin duda, del n¨²cleo esencial de la autonom¨ªa pol¨ªtica municipal", por lo que "la suspensi¨®n o exclusi¨®n forzosas de su ¨¢mbito competencial supondr¨ªa una vulneraci¨®n directa de la garant¨ªa constitucional". Seg¨²n el catedr¨¢tico, el que la Junta d¨¦ el visto bueno a los planeamientos municipales es un mecanismo de control, pues la competencia es compartida, pero sigue siendo una decisi¨®n pol¨ªtica del ayuntamiento. La autonom¨ªa local consiste en que la entidad local "tenga esas competencias m¨ªnimas que la identifiquen como tal, y parece que el planeamiento podr¨ªa serlo", explica Ana Carmona, profesora titular de Constitucional de la Universidad de Sevilla.

Ruiz Rico a?ade que seg¨²n el Constitucional, "no son aceptables los controles de oportunidad ni pol¨ªticos, y que cualquier conflicto entre dos administraciones se tiene que sustanciar en los tribunales". "?Qui¨¦n determina que se ha producido un grave incumplimiento, el Gobierno?", se pregunta. "Deber¨ªa hacerlo un ¨®rgano judicial", para eliminar el riesgo de "una potencial instrumentalizaci¨®n pol¨ªtica en futuros conflictos entre Junta y Ayuntamientos".

Javier P¨¦rez Royo, catedr¨¢tico de la Universidad de Sevilla, opina que el art¨ªculo "est¨¢ justo en el l¨ªmite. Si no fuera por las cautelas que impone, evidentemente ser¨ªa inconstitucional". As¨ª, la medida est¨¢ prevista en una ley auton¨®mica, y no puede ser adoptada unilateralmente por la Junta, sino que necesita el pronunciamiento previo favorable del Parlamento y el dictamen del Consejo Consultivo.

Sus colegas discrepan. "El apoyo del Parlamento previene que sea un acto discrecional. Pero si objetivamente el art¨ªculo vulnera la autonom¨ªa local, da igual que haya m¨¢s o menos cautelas", opina Medina. Ruiz Rico cree que el procedimiento de la Junta da menos garant¨ªas que el del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, que considera an¨¢logo para el caso de que una comunidad aut¨®noma incumpla sus obligaciones legales o atente contra el inter¨¦s general. "La comunidad nunca pierde la competencia, sino que el Estado le obliga a cumplir la ley". El art¨ªculo exige la mayor¨ªa absoluta del Senado, mientras que en el caso de Marbella, basta un "informe favorable" del Parlamento andaluz. "La finalidad de la ley encaja en la garant¨ªa del inter¨¦s general" por parte de la Junta. "El problema es que el m¨¦todo quiz¨¢s se sit¨²a al otro lado del espejo constitucional", opina.

Los expertos coinciden en que lo m¨¢s probable es que el Tribunal Constitucional resuelva las dudas. Lo m¨¢s f¨¢cil ser¨ªa que 50 diputados o senadores plantearan un recurso de inconstitucionalidad, aunque el PP ha anunciado que lo har¨¢ a trav¨¦s del conflicto en defensa de la autonom¨ªa local. Para ello, necesita que los plenos de al menos 110 ayuntamientos que representen a una sexta parte de la poblaci¨®n aprueben plantearlo por mayor¨ªa absoluta. La otra v¨ªa es que el Consistorio recurra el decreto de la Junta en el que se le quiten las competencias ante un tribunal ordinario, y que ¨¦ste eleve una cuesti¨®n de inconstitucionalidad.