La pol¨ªtica territorial del Gobierno

Las reformas de los estatutos de autonom¨ªa, y en concreto el vasco y el catal¨¢n, se han convertido en eje de la batalla pol¨ªtica espa?ola actual. Sin embargo, la pol¨ªtica territorial del Gobierno se ha expresado en otras muchas actuaciones guiadas por la convicci¨®n de que nuestro modelo constitucional de Estado de las autonom¨ªas ten¨ªa que dar un nuevo paso adelante para mejorar lo existente, para que los avances producidos en los ¨²ltimos 25 a?os, y que son valorados de manera positiva por todos, se consoliden y mejoren.

La herencia con la que se encontr¨® el actual Gobierno socialista en la cuesti¨®n territorial se resume en los siguientes trazos: finalizaci¨®n de las transferencias de sanidad y educaci¨®n a todas las comunidades aut¨®nomas; nuevo modelo de financiaci¨®n denunciado por insuficiente por casi todos los presidentes auton¨®micos, de manera especial en lo relativo a sanidad; plan Ibarretxe en marcha en el Parlamento vasco; ponencia para la elaboraci¨®n de un nuevo Estatuto en marcha en el Parlamento catal¨¢n; anuncio de nuevas reformas estatutarias en Canarias, Andaluc¨ªa, Comunidad Valenciana y otras comunidades.

Amplio consenso significa m¨¢s apoyo del requerido por las normas estatutarias

Garantizar la igualdad, solidaridad y cohesi¨®n son asuntos que el Gobierno debe poder cumplir

En el programa electoral socialista y desde el mismo debate de investidura, el nuevo presidente hizo hincapi¨¦ en un discurso territorial basado en el respeto y el di¨¢logo entre instituciones y no en la exclusi¨®n ni en la confrontaci¨®n. En su primer trimestre de mandato, todos los presidentes auton¨®micos fueron recibidos en La Moncloa; como ministro del ramo visit¨¦ todas las autonom¨ªas m¨¢s las ciudades aut¨®nomas de Ceuta y Melilla en mis primeros 40 d¨ªas en el cargo, retiramos contenciosos entre administraciones, se volvieron a reunir las comisiones mixtas de manera habitual, pactamos por unanimidad el procedimiento de participaci¨®n de los Gobiernos aut¨®nomos en los consejos de ministros de la Uni¨®n Europea; se reuni¨®, por vez primera, la Conferencia de Presidentes auton¨®micos y se volvi¨® a hacer en el Senado el Debate sobre las autonom¨ªas despu¨¦s de m¨¢s de siete a?os de ausencia.

A lo largo del proceso auton¨®mico, las comunidades aut¨®nomas han tenido que ir abri¨¦ndose espacio, a veces a codazos, entre el Gobierno central y los ayuntamientos y diputaciones. Esto ha marcado una estrategia de confrontaci¨®n, ya que lo importante era definir con claridad cu¨¢les eran las competencias de cada uno y c¨®mo pod¨ªan ejercerse. En los a?os transcurridos podr¨ªamos decir que las relaciones institucionales han estado presididas m¨¢s por la confrontaci¨®n competencial que por la cooperaci¨®n institucional entre comunidades aut¨®nomas y Gobierno de la naci¨®n.

El nuevo discurso territorial del Gobierno ha sido que precisamente despu¨¦s de las ¨²ltimas e importantes transferencias, pasaba a ser m¨¢s importante el c¨®mo actuamos juntos las distintas administraciones, c¨®mo colaboramos entre todos a partir de nuestra responsabilidad. Para ello, hab¨ªa que dar la vuelta a la situaci¨®n y pasar a que un 60% de las relaciones institucionales estuviera centradas en la cooperaci¨®n y s¨®lo un 40% en el debate sobre competencias, inevitable en un modelo abierto como el previsto por nuestra Constituci¨®n.

El Gobierno propuso entonces un doble pacto: por un lado, poner a las instituciones a la altura de la Constituci¨®n cuando dice que las comunidades aut¨®nomas son Estado y que el principal representante del Estado en la comunidad es el presidente auton¨®mico. Las comunidades, as¨ª entendidas, dejan de estar bajo sospecha como una molestia m¨¢s o menos evitable, para cogobernar de manera conjunta con el Gobierno central muchos asuntos que afectan a la vida de los ciudadanos y para los que ninguna administraci¨®n tiene todas las respuestas o toda la competencia. La necesidad de cooperar entre instituciones es el resultado inevitable de la maduraci¨®n de 25 a?os de desarrollo auton¨®mico. Para ello hac¨ªa falta mejorar de manera sustancial los mecanismos existentes y crear algunos espacios nuevos de encuentro y de di¨¢logo entre autonom¨ªas y el Gobierno central, argumento que est¨¢ tambi¨¦n sustentando la necesaria reforma del Senado para evitar que nuestro sistema parlamentario nacional siga dejando fuera de su representaci¨®n directa a sujetos pol¨ªticos tan decisivos y nuevos como las comunidades aut¨®nomas.

Una parte importante, pues, del discurso y de la pr¨¢ctica territorial del Gobierno ha consistido en mejorar lo existente, perfeccionar el Estado de las autonom¨ªas desarrollado a partir de la Constituci¨®n y permitir que se incrementen los espacios de di¨¢logo y de encuentro entre instituciones. La extensi¨®n a los ayuntamientos de esta actualizaci¨®n de la arquitectura institucional de nuestros poderes territoriales y del principio de cooperaci¨®n explica que hayamos presentado, tambi¨¦n, una nueva Ley de Bases del Gobierno Local, en lo que algunos han denominado el estatuto de autonom¨ªa de los ayuntamientos.

La otra parte del pacto institucional propuesto no es menos importante ni menos clara: el Gobierno central tambi¨¦n existe, tambi¨¦n tiene competencias que satisfacer, financiaci¨®n que requerir y autonom¨ªa que defender. Garantizar la igualdad de todos los espa?oles ante la ley, as¨ª como la solidaridad y cohesi¨®n interterritorial, son dos aspectos, no menores, e irrenunciables que debe poder cumplir el Gobierno central para dar respuesta a nuestros mandatos constitucionales y coherencia al modelo global.

El car¨¢cter mismo de ese doble pacto en el cual basa el Gobierno su pol¨ªtica territorial excluye que pueda sustentarse s¨®lo en un acuerdo pol¨ªtico entre los dos partidos pol¨ªticos mayoritarios en la escena nacional. Se trata de profundizar en nuestro modelo constitucional con el mismo grado de consenso con el que se elabor¨® la Constituci¨®n, y con el concurso de instituciones auton¨®micas gobernadas por otras fuerzas pol¨ªticas, de manera especial las formaciones nacionalistas. Por ello, si bien hay que buscar el acuerdo entre PP y PSOE, debemos favorecer tambi¨¦n una participaci¨®n m¨¢s amplia e integradora de otras fuerzas pol¨ªticas que, desde su representaci¨®n, tambi¨¦n han hecho democracia en nuestro pa¨ªs.

Las reformas estatutarias se iniciaron en la pasada legislatura. Es m¨¢s, se podr¨ªa decir que surgieron como reacci¨®n contra la pol¨ªtica de confrontaci¨®n desarrollada por el Gobierno anterior. El actual Gobierno se ha limitado a gestionarlas de manera coherente con su pol¨ªtica territorial expuesta, para lo que puso dos condiciones previas para la aceptaci¨®n a tr¨¢mite de todos los procesos de reforma estatutaria: amplio consenso y respeto a la Constituci¨®n.

El calado de estas dos condiciones previas ha demostrado ser mucho y muy importante. Amplio consenso significa m¨¢s apoyo del estrictamente requerido por las normas estatutarias para su modificaci¨®n. Es evidente que el vasco cumpl¨ªa esto ¨²ltimo, pero no contaba con amplio consenso, ya que gener¨® una fuerte divisi¨®n en el seno de la sociedad; como lo es que el catal¨¢n cuenta con considerable apoyo, al venir respaldado por casi el 90% del Parlamento catal¨¢n.

La segunda condici¨®n ven¨ªa a reconocer que una reforma estatutaria no pod¨ªa modificar la Constituci¨®n, no era el procedimiento para modificarla. Dado que, adem¨¢s, en su discurso de investidura, el presidente del Gobierno hab¨ªa se?alado cuatro aspectos de la Constituci¨®n que consideraba deb¨ªan modificarse, y s¨®lo cuatro, hay que entender que no considera que por motivos territoriales deban modificarse m¨¢s aspectos de la Constituci¨®n que esos se?alados ya.

El cumplimiento de esa condici¨®n llev¨®, tambi¨¦n, a rechazar la tramitaci¨®n parlamentaria del plan Ibarretxe, por cuanto en su art¨ªculo primero negaba la soberan¨ªa espa?ola. La soberan¨ªa no se negocia, y por ello se rechaz¨®. El Estatuto catal¨¢n no cuestiona la soberan¨ªa nacional sino s¨®lo aspectos de la organizaci¨®n y de la financiaci¨®n de servicios p¨²blicos del Estado. Por eso s¨ª es parlamentariamente negociable, discutible, transaccionable, como lo han sido estas cuestiones en los ¨²ltimos 25 a?os de democracia auton¨®mica.

En pol¨ªtica territorial, por tanto, el Gobierno ha puesto en marcha su agenda de cooperaci¨®n institucional entre las tres administraciones, superando los problemas e insuficiencias heredadas con el objetivo de que la Espa?a constitucional auton¨®mica existente funcione mejor; y ha gestionado otros proyectos, distintos del suyo, como el vasco o el catal¨¢n, reconduci¨¦ndolos de acuerdo con criterios conocidos, claros y firmes.

Espa?a es de los pa¨ªses europeos que m¨¢s crece y m¨¢s empleo crea. Reparte esa mayor riqueza de manera solidaria mejorando los niveles de bienestar de sus ciudadanos. Ampl¨ªa sus derechos y libertades a la vez que legaliza e integra a una inmigraci¨®n necesaria. Y es visitada al a?o por unos 40 millones de turistas que saben que aqu¨ª est¨¢n los Pirineos y no los Balcanes. A partir de ah¨ª, debatir sobre la pol¨ªtica territorial en Espa?a requiere voluntad de consenso entre posiciones distintas desde hace m¨¢s de 200 a?os, en los cuales cada avance se ha conseguido con di¨¢logo, entendimiento y sosiego, mientras que los retrocesos han venido de la mano de la intransigencia, la imposici¨®n y la intolerancia. Que cada uno ponga nombres hoy a las pol¨ªticas de avance y retroceso.

Jordi Sevilla es ministro de Administraciones P¨²blicas.