El Estatuto que propone Zapatero reduce las competencias exclusivas

La alternativa del Gobierno al proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento catal¨¢n limita el alcance de las competencias exclusivas de la Generalitat, supedit¨¢ndolas a la normativa b¨¢sica estatal con rango de ley, y reduce su n¨²mero (18) convirtiendo parte de ellas en competencias compartidas. Remite la concreci¨®n del t¨ªtulo sobre justicia a lo que disponga la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, aunque acepta la creaci¨®n del Consejo de Justicia de Catalu?a. El deber de conocer el catal¨¢n se mantiene para los ciudadanos de Catalu?a, pero se matiza para acceder al ejercicio de cargos judiciales. El Gobierno deja en blanco el art¨ªculo que define a Catalu?a como naci¨®n y suprime el adjetivo nacional referido a Catalu?a.

El Gobierno y el PSOE han entregado a los cuatro grupos parlamentarios catalanes que apoyan la reforma del Estatuto de Autonom¨ªa un texto articulado elaborado como alternativa al proyecto, que ambas partes llevan varias semanas negociando.

La parte de texto alternativo correspondiente a la financiaci¨®n de la Generalitat fue dada a conocer a los medios de comunicaci¨®n el viernes pasado y ha sido rotundamente rechazada por los partidos catalanes, que la consideran inaceptable. En cambio, el resto del articulado alternativo ha merecido una consideraci¨®n distinta, pues las discretas negociaciones han sido calificadas en p¨²blico como esperanzadoras por los dirigentes catalanes.

Los negociadores catalanes elogian en privado la posici¨®n y la actitud pol¨ªtica del responsable gubernamental en estas negociaciones, el Secretario de Relaciones con las Cortes, Francisco Caama?o. Y la contraponen a la de los autores de la alternativa al cap¨ªtulo de la financiaci¨®n, de quienes, ayer mismo, el l¨ªder de ERC, Josep Llu¨ªs Carod, dijo que "van en camino contrario" al del presidente Rodr¨ªguez Zapatero.

Los negociadores disponen de un texto en dos columnas, la primera con el proyecto aprobado por el Parlamento catal¨¢n, y la otra con la alternativa ofrecida por el Gobierno. La excepci¨®n a este esquema es el art¨ªculo primero, que en el proyecto reza "Catalu?a es una naci¨®n" pero en el texto alternativo figura en blanco. En cambio, el adjetivo nacional referido a Catalu?a ha sido suprimido en todos los art¨ªculos de la alternativa.

Un tratamiento m¨¢s matizado tienen la palabra Espa?a y el adjetivo espa?ol, que el Gobierno propone introducir en algunos puntos de especial significaci¨®n. Como, por ejemplo, en la definici¨®n de la condici¨®n pol¨ªtica de ciudadano catal¨¢n, de la que gozan "los ciudadanos espa?oles que tienen vecindad administrativa en Catalu?a".

La alternativa gubernamental ha dejado intactos los dos t¨ªtulos del Estatuto que consiera "interiores" de Catalu?a: el relativo a derechos y deberes sociales y el relativo a las instituciones catalanas.. En cuanto a las competencias, la alternativa acepta que el proyecto de Estatuto defina las caracter¨ªsticas de las competencias de la Generalitat, que se dividen en exclusivas, compartidas y ejecutivas. En la definici¨®n de competencia exclusiva elimina la palabra "excluyente" y la afirmaci¨®n de que "¨²nicamente" la ejerce la Generalitat.

En la definici¨®n de competencia compartida con el Estado, la propuesta del Gobierno es que corresponda a la Generalitat la potestad legislativa, la reglamentaria y la ejecutiva "en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley".

"Normativa b¨¢sica"

?ste es uno de los puntos que puede ser m¨¢s conflictivo en la negociaci¨®n del Estatuto, pues la mayor¨ªa de las competencias de la Generalitat son compartidas y uno de los objetivos principales de la reforma estatutaria es precisamente la pretensi¨®n de los partidos catalanes de impedir la invasi¨®n del ¨¢mbito competencial de la Generalitat por el Estado a trav¨¦s de la "normativa b¨¢sica".

A ello se a?ade que la alternativa del Gobierno propone definir como compartidas competencias que el proyecto define como exclusivas, en particular en materias relacionadas con la econom¨ªa. As¨ª, pasan a compartidas las competencias sobre cajas de ahorros, cr¨¦dito y banca, ordenaci¨®n del sector pesquero, publicidad y promoci¨®n de la competencia.

El Gobierno y el PSOE eliminan en su alternativa la exigencia de que el nombramiento del presidente de la Generalitat, que firma el Rey, deba ser firmado tambi¨¦n por el presidente del Parlamento catal¨¢n. Tambi¨¦n se elimina toda alusi¨®n a la preeminencia protocolaria del Presidente de la Generalitat, al que el proyecto coloca despu¨¦s del Rey

Respecto a la Justicia, la alternativa del Gobierno acepta que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a sea la instancia en que culmina la organizaci¨®n judicial en esta comunidad aut¨®noma, y ¨²ltima instancia salvo para el recurso de unificaci¨®n de doctrina. Tambi¨¦n acepta la creaci¨®n del Consejo de Justicia de Catalu?a, encargado del gobierno del poder judicial como "¨®rgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial". Pero la composici¨®n de este consejo se remite a la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial.