El aguij¨®n y la coz

Tres asuntos p¨²blicos relacionados con la libertad de expresi¨®n se dieron cita la pasada semana. Primero, el Parlamento catal¨¢n aprob¨® la Ley Audiovisual de Catalu?a, cuyo articulado faculta al Consejo Audiovisual de Catalu?a (CAC) -creado por una ley auton¨®mica de 2000- para asumir competencias reguladoras y sancionadoras ejercidas anteriormente por la Generalitat; aunque formalmente aparezca como un ¨®rgano administrativo independiente, los miembros del CAC son elegidos por mayor¨ªa parlamentaria cualificada y su actual presidente es un antiguo diputado auton¨®mico afiliado al PSC. Veinticuatro horas m¨¢s tarde, el CAC remit¨ªa a la Generalitat y al Ministerio de Industria un severo informe sobre los contenidos pol¨ªticos e ideol¨®gicos de una veintena de comentarios de la Cadena de Ondas Populares (Cope) -bajo control de la Conferencia Episcopal- vejatorios para las instituciones de autogobierno. Casi en paralelo, la difusi¨®n por la Cope de una fraudulenta entrevista -supuestamente chistosa- con el presidente electo Evo Morales, cuyo interlocutor simul¨® la voz del presidente del Gobierno espa?ol, dio lugar a un incidente diplom¨¢tico con Bolivia.

El dictamen del CAC es una obvia constataci¨®n del car¨¢cter partidista y sectario de la Cope, una grosera Santa Alianza de fanatismo eclesi¨¢stico y matonismo period¨ªstico cimentada sobre la intolerancia hacia las creencias ajenas y la transformaci¨®n en enemigo de cualquier discrepante religioso o pol¨ªtico; la facci¨®n ultraderechista del PP y las empresas financiadoras de la emisora son las beneficiadas de ese furor universal. Cualquiera que se haya visto obligado a soportar alguna vez la fobia inquisitorial de esa excitada pe?a de energ¨²menos sin ingenio no necesitar¨¢ leer el informe del CAC para conocer el mon¨®tono repertorio de insultos, calumnias y linchamientos de su tosco estilo libelista: el presidente y el consejero delegado del grupo editor de EL PA?S, as¨ª como los directivos, redactores y colaboradores de este peri¨®dico, son v¨ªctimas predilectas de esa est¨²pida sa?a. Por lo dem¨¢s, las invocaciones de la Cope a la defensa de la libertad de expresi¨®n se limitan a su propio corralito. Durante el mandato de Aznar, algunos tertulianos -entre otros Jim¨¦nez Losantos y Ram¨ªrez- trataron de que el Gobierno del PP aplicase la soluci¨®n final a los medios de comunicaci¨®n de la competencia; las campa?as de la Cope contra Sogecable y la SER ilustran el doble rasero que manejan esos interesados farsantes.

Pero el debate sobre el papel de la libertad de expresi¨®n en un sistema democr¨¢tico comienza precisamente a partir del tipo de conflictos que la Cope plantea. Por lo pronto, como se?al¨® James Madison, "cierto nivel de abuso es inseparable del uso adecuado de cada cosa, y ello es especialmente cierto en el caso de la prensa". Despu¨¦s, la Constituci¨®n otorga al Poder Judicial el monopolio de dirimir los pleitos acerca de la libertad de expresi¨®n; los consejos audiovisuales no tienen competencia sobre los contenidos pol¨ªticos de los medios. Pero la v¨ªa judicial -criminal o civil- implica demasiadas veces la impunidad en la pr¨¢ctica de los bronquistas; las campa?as victimistas desde la prensa y la demora de los procesos logran transformar demandas y querellas bien fundamentadas en coces contra el venenoso aguij¨®n. Y tampoco faltan pol¨ªticos que firman la paz por separado con los profesionales del chantaje que extorsionan a sus correligionarios.

La excelente antolog¨ªa de las sentencias b¨¢sicas del Tribunal Supremo estadounidense publicada por M. Beltr¨¢n y J. V. Gonz¨¢lez Garc¨ªa (CEPC, 2005) analiza los argumentos que llevan a sus magistrados a plantearse los casos relacionados con la Primera Enmienda (la prohibici¨®n de que el Congreso promulgue leyes que coarten la libertad de palabra o de imprenta) con extrema prudencia. Oliver Wendell Holmes exhortaba a "estar siempre vigilantes para poner freno a quienes pretendan controlar la manifestaci¨®n de ideas y opiniones que detestemos o que consideremos que conducen a la muerte". Y otros jueces siguen su ejemplo cuando invitan a considerar los errores informativos y las expresiones de odio como el precio a pagar "para que las libertades puedan respirar".