El PP insta al Gobierno a que impida el congreso de Batasuna, y el PSE dice que es decisi¨®n de la justicia
El presidente del PP, Mariano Rajoy, exigi¨® ayer al Gobierno de Zapatero que impida la celebraci¨®n del congreso de la ilegalizada Batasuna, previsto para el pr¨®ximo 21 de enero en el recinto ferial Bilbao Exhibition Center (BEC), situado en Barakaldo (Vizcaya). Tras la reuni¨®n del comit¨¦ de direcci¨®n del PP, el jefe del primer partido de la oposici¨®n inst¨® a Zapatero a utilizar la Fiscal¨ªa General del Estado o las fuerzas de seguridad del Estado para evitar que una formaci¨®n ilegalizada como Batasuna pueda celebrar con normalidad su primer congreso tras el debate interno celebrado en los ¨²ltimos meses bajo el nombre Bide Eginez (en castellano, Haciendo Camino) y cuyas ¨²ltimas asambleas se van a realizar esta semana.
El Gobierno, seg¨²n Rajoy, "tiene que impedir que se celebre este acto p¨²blico, porque si no, en Espa?a no hay ni Estado de derecho ni las sentencias valdr¨¢n para nada. Ser¨¢ una filfa y una broma", subray¨®, en su cr¨ªtica a lo que los populares consideran la relegalizaci¨®n de hecho de Batasuna por la "impunidad" en la que se mueve esta formaci¨®n desde la llegada del PSOE al Gobierno. Rajoy record¨® que Batasuna es ilegal y que figura en la Uni¨®n Europea y en la ONU como organizaci¨®n terrorista, as¨ª que "no puede celebrar un congreso p¨²blico como si fuera el PP y el PSOE".
Esta petici¨®n se suma al requerimiento realizado la semana pasada por el parlamentario del PP Carlos Urquijo para que el Departamento vasco de Interior evite la celebraci¨®n del congreso de Batasuna. El consejero vasco de Interior, Javier Balza, ya ha indicado que no tiene intenci¨®n de "ceder a ning¨²n tipo de presi¨®n externa" como la que a su juicio "ejerce en este caso el PP". Interior ha asegurado que, "como ha hecho siempre", acatar¨¢ las normas y los pronunciamientos judiciales ya existentes en esta materia. En principio, la jurisprudencia de los tribunales Supremo y Constitucional en relaci¨®n con el derecho de manifestaci¨®n mantiene en los ¨²ltimos a?os que la autoridad gubernativa puede prohibir una manifestaci¨®n s¨®lo si aprecia indicios de delito y si hay "razones fundadas" de que se van a producir des¨®rdenes p¨²blicos. Sin embargo, en un recinto cerrado como el BEC no es preceptiva la comunicaci¨®n a Interior por parte de los interesados.
Testaferro de la coalici¨®n
Los tribunales superiores de Euskadi y Navarra han venido ratificando, con alguna excepci¨®n, las prohibiciones gubernativas si el convocante de las marchas act¨²a como testaferro de Batasuna. Pero no siempre se han producido dichas prohibiciones. Los carteles de la coalici¨®n ilegalizada llamando al acto del BEC ya son visibles en Euskadi. Ayer, el portavoz del PSE en el Parlamento vasco, Jos¨¦ Antonio Pastor, indic¨® en una entrevista en ETB que la postura del PP es la de "disparar contra todo lo que se mueve" y record¨® a los populares que en un Estado con divisi¨®n de poderes, "le compete a la Justicia decidir si la convocatoria es legal".
Balza ya se enfrent¨® el a?o pasado a una querella por denegaci¨®n de auxilio presentada por el Foro Ermua por haber permitido la celebraci¨®n en el vel¨®dromo de Anoeta, el 14 de noviembre de 2004, el acto en el que la ilegalizada Batasuna present¨® su oferta de paz. La instructora de la querella, la magistrada Nekane Bolado, la archiv¨® en noviembre pasado sin ni siquiera tomar declaraci¨®n como imputado a Balza. Bolado indicaba en su resoluci¨®n que para que se hubiera producido el citado delito se ten¨ªa que haber producido un "requerimiento expreso" por un particular, asociaci¨®n, partido pol¨ªtico o autoridad judicial o administrativa para impedir el mitin y que dicho requerimiento se hubiera ignorado por las autoridades sin justificaci¨®n alguna. Por eso el PP le ha requerido a Balza para que que impida el congreso.
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