Una nueva ley ampl¨ªa los derechos sociales del mill¨®n y medio de emigrantes espa?oles

Una ley preconstitucional de 1971 regulaba hasta ahora los derechos de los emigrantes espa?oles, adem¨¢s de algunas medidas de los distintos Gobiernos democr¨¢ticos. El Consejo de Ministros aprobar¨¢ en su reuni¨®n de hoy el proyecto de Ley del Estatuto de los ciudadanos espa?oles en el exterior, que ampliar¨¢ los derechos pol¨ªticos y sociales del mill¨®n y medio de espa?oles que, seg¨²n el ¨²ltimo censo de 2004, resid¨ªan en el exterior. La ley, que es un compromiso electoral de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, tendr¨¢ una dotaci¨®n inicial de 154 millones de euros para 2006.

La ley, elaborada por el Ministerio de Trabajo a trav¨¦s de la Secretar¨ªa de Estado de Inmigraci¨®n y Emigraci¨®n, afectar¨¢ a "quienes ostenten la nacionalidad espa?ola y residan fuera del territorio nacional", as¨ª como a sus familiares, "entendiendo por tales el c¨®nyuge y los descendientes hasta el primer grado, siempre que sean menores de 21 a?os o mayores de esa edad que est¨¦n a su cargo".

La nueva norma, fruto del di¨¢logo del ministro de Trabajo, Jes¨²s Caldera, con representantes de los emigrantes, consejos de residentes, sindicatos y patronal, establece una serie de derechos pol¨ªticos y sociales de los que se podr¨¢n beneficiar todos los ciudadanos espa?oles en el exterior.

- Derecho de voto. El texto normativo intenta garantizar el m¨¢ximo de transparencia en el proceso electoral y garantiza que "se habilitar¨¢n los medios materiales y t¨¦cnicos precisos que posibiliten la votaci¨®n en urna en aquellas elecciones y demarcaciones consulares donde sea posible, teniendo en cuenta las caracter¨ªsticas de los pa¨ªses de residencia y el n¨²mero y distribuci¨®n de espa?oles residentes en el pa¨ªs de que se trate". Hasta ahora, el voto de los residentes ausentes s¨®lo se puede hacer por correo.

- Derechos sanitarios. La ley compromete al Estado espa?ol a la gradual equiparaci¨®n de los derechos de los espa?oles residentes en el exterior con los que tienen los residentes en Espa?a sobre las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. La normativa garantiza que se "promover¨¢ una atenci¨®n integral de la salud, atendiendo con car¨¢cter prioritario a los mayores y dependientes que carezcan de recursos suficientes". Para lograr estos objetivos, "el Estado podr¨¢ suscribir convenios preferentemente con las entidades p¨²blicas aseguradoras o prestadoras de cuidados de salud de los pa¨ªses donde sea necesario garantizar la efectividad del derecho a la protecci¨®n de la salud".

- Ayudas a los necesitados. "La Administraci¨®n General del Estado", se?ala la ley, "garantizar¨¢ el derecho a percibir una prestaci¨®n a los espa?oles residentes en el exterior que habi¨¦ndose trasladado al exterior por razones laborales, econ¨®micas o cualesquiera otras y siendo mayores de 65 a?os de edad o incapacitados para el trabajo, se encuentren en una situaci¨®n de necesidad por carecer de rentas o ingresos suficientes para cubrir sus necesidades b¨¢sicas, de acuerdo a la realidad socioecon¨®mica del pa¨ªs de residencia". Ahora, el Gobierno espa?ol concede este tipo de ayudas, que incluye cada a?o en los Presupuestos Generales del Estado. Con la aprobaci¨®n de la ley, la ayuda econ¨®mica a los emigrantes m¨¢s necesitados se consolida como un derecho. "La prestaci¨®n por raz¨®n de necesidad", se?alan los redactores del texto, "englobar¨¢ la pensi¨®n asistencial por ancianidad y la asistencia sanitaria".

Entre los colectivos m¨¢s favorecidos por la nueva ley estar¨¢n los "espa?oles desplazados durante su minor¨ªa de edad como consecuencia de la Guerra Civil espa?ola".

- Derechos educativos. Tambi¨¦n la ley garantiza que los poderes p¨²blicos "promover¨¢n medidas que favorezcan el acceso a la educaci¨®n obligatoria en su pa¨ªs de residencia a trav¨¦s de los medios que se estimen adecuados". De igual modo se comprometen a "fomentar la realizaci¨®n de estudios universitarios en Espa?a mediante la concesi¨®n de becas o la suscripci¨®n de convenios de colaboraci¨®n con universidades espa?olas".

Adem¨¢s de todas estas medidas, la ley establece la creaci¨®n de una Oficina Espa?ola del Retorno, adscrita al Ministerio de Trabajo, para "facilitar la orientaci¨®n y el asesoramiento a los espa?oles que decidan retornar".

La memoria econ¨®mica del proyecto establece un gasto para aplicar la ley en su primer a?o de 154 millones de euros, e implica a los ministerios de Trabajo, que aportar¨¢ el 88% del presupuesto total, Exteriores y Educaci¨®n. La norma ha sido respaldada por el Consejo Econ¨®mico y Social.