La C¨¢mara de Cuentas critica el reparto de los 2.500 millones de la financiaci¨®n en cuatro a?os
La Junta defiende la distribuci¨®n de la deuda del anterior sistema en distintos presupuestos
La C¨¢mara de Cuentas, en un informe provisional, ha cuestionado la decisi¨®n del Gobierno andaluz de distribuir en cuatro presupuestos los 2.500 millones de euros que ingres¨® en 2004 por el pago de la deuda de la financiaci¨®n auton¨®mica generada entre 1997 y 2001. El ¨®rgano fiscalizador entiende que este dinero debi¨® computarse completo en el presupuesto de 2004 y que el reparto en cuatro ejercicios est¨¢ "sobredimensionando" los ingresos de la Junta hasta 2007. La Junta replica que la imputaci¨®n de los 2.500 millones en un solo ejercicio s¨ª que habr¨ªa producido una distorsi¨®n.
El Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y la Junta alcanzaron en junio de 2004 un acuerdo por el que el Estado aceptaba pagar a Andaluc¨ªa 2.500 millones de euros por la deuda de la financiaci¨®n auton¨®mica, un litigio que se gest¨® durante el mandato de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. El conflicto arranca en 1996, cuando el PP pacta con los nacionalistas catalanes de CiU la financiaci¨®n del periodo 1997-2001. El pacto ignoraba la poblaci¨®n real de Andaluc¨ªa, por lo que 365.000 personas quedaron excluidas del sistema a efectos financieros.
El dinero de la deuda lleg¨®, finalmente, en octubre de 2004. El consejero de Econom¨ªa y Hacienda, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, decidi¨® que los 2.500 millones se repartieran en cuatro ejercicios presupuestarios. 800 millones se incorporaron al presupuesto de 2004 para atender operaciones de tesorer¨ªa y cr¨¦ditos presupuestarios. Con ese dinero, sobre todo, se hizo frente a facturas y deudas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El Gobierno andaluz acord¨® destinar los otros 1.700 millones a inversiones en los tres siguientes presupuestos (650 millones en 2005, 900 en 2006 y 150 en 2007).
Los tres partidos de la oposici¨®n cuestionaron entonces la decisi¨®n del Ejecutivo auton¨®mico y reclamaron que ese dinero se incluyese en un solo ejercicio presupuestario. En concreto, IU plante¨® que se hiciera un plan plurianual de inversiones extraordinarias a gastar en varios a?os, que se debatiera y aprobara en el Parlamento. "Incluso llegamos a redactar una proposici¨®n no de ley para instar a la C¨¢mara de Cuentas que indicara la forma m¨¢s adecuada de gestionar este volumen de dinero importante, pero el PSOE se neg¨®", afirma la portavoz izquierdista, Concha Caballero.
Repercusi¨®n
Ahora, la C¨¢mara de Cuentas se?ala en un informe provisional que "el criterio general" de los "principios contables p¨²blicos" es el de "contabilizar los ingresos" cuando se produzca la liquidaci¨®n. Por tanto, el ¨®rgano fiscalizador entiende que los 2.500 millones debieron aplicarse en el presupuesto de 2004.
"Este modo de registrar los derechos va a tener una repercusi¨®n en los ejercicios futuros, sobredimensionando los ingresos hasta el ejercicio 2007, distorsionando el saldo no financiero antes de ajustes", se?ala el informe, que ha sido enviado al Gobierno andaluz para que presente las correspondientes alegaciones.
La Junta afirma que opt¨® por la f¨®rmula m¨¢s correcta y que si se hubiesen computado los 2.500 millones en el presupuesto de 2004 s¨ª que se hubiese producido "un efecto distorsionador". El Gobierno andaluz, que considera que la cr¨ªtica de la C¨¢mara de Cuentas puede desaparecer del informe definitivo tras presentar sus alegaciones, destaca que el pago de la deuda de la financiaci¨®n no es un "ingreso ordinario", por lo que no se puede aplicar sin m¨¢s el criterio general de contabilizaci¨®n. Adem¨¢s, la Junta hace hincapi¨¦ en que el ingreso se gener¨® en varios a?os (a lo largo del quinquenio 1997-2001 del anterior sistema de financiaci¨®n auton¨®mica) aunque el pago se hiciese de una sola tacada.
Para IU, sin embargo, las indicaciones de la C¨¢mara de Cuentas son claras. "No se pueden hacer fuller¨ªas con los ingresos de la comunidad, a¨²n m¨¢s si se tiene en cuenta que el Gobierno de la Junta no es quien para disponer por su cuenta del destino de 2.500 millones de euros sin pasar por el Parlamento, que es la instituci¨®n a la que compete la aprobaci¨®n de los presupuestos. No estamos hablando de una modificaci¨®n presupuestaria menor, una cuant¨ªa as¨ª no se puede administrar s¨®lo por el Gobierno", dice Concha Caballero. Tambi¨¦n opina que con el m¨¦todo adoptado se han "inflado artificialmente" los ingresos de 2005 y 2006: "Adem¨¢s, han contado dos veces el mismo dinero, porque cuando se presentaron los respectivos proyectos de presupuestos de 1997 a 2001 ya se contabiliz¨® el 2% de la PIE y ahora se vuelven a contar".
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