Un informe jur¨ªdico oficial avala liquidar las C¨¢maras urbanas y todo su patrimonio

El Gobierno tiene ya atados todos los cabos para liquidar las C¨¢maras de la Propiedad Urbana. El informe de legalidad realizado por la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora considera que tanto su liquidaci¨®n como corporaciones de derecho p¨²blico como la asunci¨®n de su patrimonio y personal por el Ejecutivo se ajustan a la ley y a la jurisprudencia. Fuentes del Gobierno destacan que el informe "blinda" el decreto frente a los futuros recursos que han anunciado las C¨¢maras. Dicvhas fuenets creen que, una vez aprobado el texto, las entidades carecer¨¢n de fondos para pleitear.

El informe de la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora del Gobierno pone fin a un largo periodo de gestaci¨®n del proyecto de decreto, que comenz¨® en diciembre de 2003. El Ejecutivo tuvo conocimiento en esa fecha de una auditor¨ªa que revel¨® graves deficiencias en la gesti¨®n de las c¨¢maras de la propiedad, especialmente en las de Vizcaya y de Guip¨²zcoa, que provocaron entre 1999 y 2002 importantes p¨¦rdidas de su patrimonio.

La auditor¨ªa detect¨® adem¨¢s que ambas ten¨ªan una "desproporcionada" estructura de personal y de gastos, que hac¨ªa insostenible su mantenimiento a medio plazo. Los departamentos de Hacienda y Vivienda pactaron entonces iniciar los tr¨¢mites para proceder a la liquidaci¨®n de las c¨¢maras, que ten¨ªa que haber comenzado diez a?os antes. El Gobierno central abri¨® ese proceso en 1994 con un Real Decreto que comenz¨® a aplicarse en el resto de Espa?a.

La Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora concluye en su informe preceptivo que el borrador del Gobierno vasco es respetuoso tanto con la legislaci¨®n vigente como con la abundante jurisprudencia que le afecta. Califica de "acertada" la conclusi¨®n de que la supresi¨®n de las c¨¢maras como corporaciones de derecho p¨²blico obliga al Ejecutivo a arbitrar los mecanismos necesarios en materia de patrimonio y personal de estas entidades. El informe resalta que la Administraci¨®n vasca es plenamente competente para regular la "definitiva desaparici¨®n" de las c¨¢maras "mediante la liquidaci¨®n de su patrimonio y la reubicaci¨®n de su personal".

Entre 1999 y 2002 la C¨¢mara de Guip¨²zcoa perdi¨® 910.346 euros. La de Vizcaya vio disminuir en 1,1 millones el valor de su patrimonio en acciones. Ante esa situaci¨®n, en septiembre de 2004, todos los partidos pol¨ªticos respaldaron en setiembre en el Parlamento vasco la liquidaci¨®n de las c¨¢maras. La auditor¨ªa s¨®lo salvaba la situaci¨®n de la de ?lava, que con las tarifas a sus asociados, las m¨¢s bajas de las tres c¨¢maras, manten¨ªa un elevado nivel de actividad que le permit¨ªa obtener resultados positivos.

A pesar de la ca¨ªda de ingresos que sufrieron las c¨¢maras desde que dej¨® de ser obligatorio registrar las propiedades inmobiliarias en ellas (lo fue de1927 a 1990), las retribuciones de sus directivos no se han modificado, ni tampoco su elevada estructura de gastos.

Patrimonio acumulado

El secretario general de la C¨¢mara de Vizcaya, Francisco Javier Arechaga, ten¨ªa en 2002, ¨²ltimo a?o de la auditor¨ªa oficial un sueldo bruto anual de 116.086 euros, y el de Guip¨²zcoa, Marcos Ballesteros, 73.357. ?ste ¨²ltimo recibe retribuciones en especie -por arrendamiento de vivienda- por valor de otros 16.222 euros. En ?lava no hay secretario general.

La Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora indica que, en lo referente al patrimonio, el proyecto de decreto ha de subordinarse a la legislaci¨®n en esta materia de de la comunidad aut¨®noma. Pero no pone ninguna objeci¨®n a que el decreto distinga el patrimonio generado por las c¨¢maras durante el tiempo en que las cuotas fueron obligatorias y originado en el tiempo en que la asociaci¨®n era voluntaria; es decir, antes de 1927 y despu¨¦s de 1990. Aunque esta parte del patrimonio tambi¨¦n va a asumirlo la Administraci¨®n, "se puede adscribir con posterioridad a asociaciones sin ¨¢nimo de lucro para la defensa de los intereses de los propietarios", indica el informe.

Respecto del personal, los trabajadores empleados en las c¨¢maras antes del primero de junio de 1990 entrar¨¢n, si as¨ª lo deciden, a trabajar como contratados laborales al Gobierno vasco. Ya lo hicieron una docena de empleados de la c¨¢mara de ?lava, a trav¨¦s de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia vasco.

El informe jur¨ªdico constata tambi¨¦n que la liquidaci¨®n de las c¨¢maras no vulnera su derecho a funcionar como asociaci¨®n voluntaria, porque ese derecho lo perdieron en 1927, cuando se convirtieron en corporaciones de derecho p¨²blico y un real decreto de aquel a?o instaur¨® la cuota obligatoria para todos los propietarios.

Fuentes jur¨ªdicas consultadas por este diario creen que, con la aplicaci¨®n de estas cautelas, el borrador de decreto est¨¢ pr¨¢cticamente "blindado" frente a los anuncios de recurso lanzados desde las tres c¨¢maras. Adem¨¢s, dudan de que sus rectores puedan disponer de los fondos para actuar contra el Ejecutivo.