Google desaf¨ªa a Bush y se niega a entregar sus registros de b¨²squedas

Google, el servicio m¨¢s usado de b¨²squedas en Internet, se ha negado a aceptar un requerimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos que pretende forzar a la compa?¨ªa a entregar millones de datos de las b¨²squedas de sus usuarios (aunque sin identificarles) almacenados en sus ordenadores. El Gobierno de Bush trata de conseguir los listados de b¨²squedas y enlaces para demostrar la necesidad de una ley de protecci¨®n del menor cuestionada por el Tribunal Supremo. Google considera que el requerimiento es una invasi¨®n de la privacidad de consecuencias imprevisibles para los usuarios.

El caso se remonta a una ley de 1998, la Child Online Protection Act (Ley de Protecci¨®n del Menor en Internet). El texto establec¨ªa 50.000 d¨®lares y seis meses de prisi¨®n para los due?os de p¨¢ginas de Internet que incluyeran material "da?ino para los menores" en fotos o descripciones de contenido sexual.

Seis a?os despu¨¦s, el Tribunal Supremo bloque¨® la ley y estableci¨®, por cinco votos contra cuatro, que su cumplimiento entorpecer¨ªa el ejercicio de la libertad de expresi¨®n. En la argumentaci¨®n, los magistrados favorables al bloqueo explicaron que, aplicada con rigor, la ley llevar¨ªa a la c¨¢rcel a quienes ofrecieran p¨¢ginas de Internet con cuadros renacentistas de desnudos femeninos.

Uno de los jueces expres¨® su convicci¨®n de que los programas de filtrado de contenidos instalados individualmente por los adultos son mucho m¨¢s efectivos y menos controvertidos que esa ley. Adem¨¢s, los filtros individuales salvar¨ªan uno de los defectos de la ley: dado que dos de cada cinco lugares de Internet con contenido pornogr¨¢fico tiene su sede social fuera de Estados Unidos, la ley nunca podr¨ªa proteger plenamente a los menores frente a ese material.

Sin embargo, el Tribunal Supremo opt¨® por no declarar inconstitucional el texto de la ley sino por establecer que fuera sometida a un juicio civil entre quienes optaran por personarse en el caso. El Gobierno de George W. Bush decidi¨® volcar su maquinaria legal para resucitar la ley y la American Civil Liberties Union -la principal asociaci¨®n estadounidense de defensa de los derechos civiles- se person¨® contra el texto en defensa de la libertad de expresi¨®n. El juicio se celebrar¨¢ en octubre de este a?o en Philadelphia.

P¨¢ginas y t¨¦rminos

Para construir su argumento, la fiscal¨ªa del Departamento de Justicia pidi¨® a varias empresas con servicios de b¨²squeda en Internet el listado con todas las p¨¢ginas posibles a las que se puede acceder desde su portal de b¨²squeda y "con todos los t¨¦rminos buscados" en un periodo de dos meses, entre el uno de junio y uno de agosto del a?o pasado. Tras negociar con las empresas, la fiscal¨ªa acept¨® reducir esa petici¨®n y pedir la entrega de una muestra aleatoria de un mill¨®n de p¨¢ginas de Internet accesibles desde el portal de b¨²squeda y un mill¨®n de t¨¦rminos buscados en un periodo de una semana.

Tres de las cuatro empresas que recibieron el requerimiento acataron su cumplimiento: Microsoft, America Online y Yahoo. La cuarta, Google, se niega a facilitar esa informaci¨®n y parece dispuesta a luchar en los tribunales. Aunque la ACLU asegura que las otras tres compa?¨ªas colaboran con el Gobierno, ninguna reconoce hacerlo plenamente. Yahoo asegura que la informaci¨®n que ha facilitado garantiza la privacidad de los usuarios: "No proporcionamos ninguna informaci¨®n personal. En nuestra opini¨®n, esto no tiene que ver con privacidad", dijo una portavoz, Mary Osako. America Online dice haber facilitado tan s¨®lo "una lista gen¨¦rica de t¨¦rmino buscados -sin resultados- a lo largo de un periodo de 24 horas, sin que haya manera de vincular esos t¨¦rminos a las personas que los buscaron", dijo el portavoz, Andrew Weinstein, y en cambio Microsoft sugiri¨® que su colaboraci¨®n fue plena: "Atendimos el requerimiento de informaci¨®n para ayudar a proteger a los menores de una manera que proteja tambi¨¦n la privacidad de nuestros consumidores", dijo la compa?¨ªa en un comunicado.

Con la informaci¨®n, el Gobierno pretende demostrar la ineficacia de los programas de filtrado de contenidos para defender la aplicaci¨®n de las sanciones y los m¨¦todos contenidos en la ley, y para eso ha contratado a uno de los mayores expertos en t¨¦cnicas estad¨ªsticas, Philip Stark, de la Universidad de California.

"Resistiremos"

Google, que no est¨¢ personada en el proceso, considera que la solicitud de datos "es excesiva". "Hemos tenido un largo debate con ellos para intentar resolver esto pero no lo hemos conseguido. Nuestra intenci¨®n es resistirnos vigorosamente a este requerimiento", ha dicho la consejera general de la empresa, Nicole Wong.

El diario San Jose Mercury News, el principal en la zona californiana donde Google tiene su sede y el primero que inform¨® sobre este conflicto, lament¨® ayer en sus p¨¢ginas de opini¨®n la postura del Departamento de Justicia: "El Gobierno no quiere los datos de Google como prueba en un caso sino para llevar a cabo un experimento con el que espera demostrar que los filtros de Internet no son efectivos". En otras palabras, "el Gobierno quiere que Google le ayude a demostrar su argumento".

Muchas compa?¨ªas de servicios de Internet -incluida Google- colaboran con la justicia cuando reciben requerimientos para que faciliten informaci¨®n sobre usuarios investigados por sospechas de delitos. Seg¨²n algunos juristas, el problema en este caso es comparable a las escuchas indiscriminadas de la Agencia de Seguridad Nacional autorizadas por el presidente Bush.

En los datos solicitados por el Departamento de Justicia puede haber, por ejemplo, individuos que hayan buscado en Google gu¨ªas para plantar marihuana en su jard¨ªn. La fiscal¨ªa puede intentar ir contra ellos a pesar de que el delito se descubri¨® de manera casual; es lo que en el argot de los abogados estadounidenses se conoce como "pescar" delitos. Un experto de CNET, una compa?¨ªa de an¨¢lisis del sector, asegura que todos aquellos que hayan realizado una b¨²squeda privada o confidencial en Google en junio o julio del a?o pasado deber¨ªan estar preocupados porque esa informaci¨®n, junto con su identificaci¨®n y quiz¨¢ su direcci¨®n, puede acabar en manos del Departamento de Justicia.