?Encrucijada o callej¨®n sin salida?

Puede que haya cundido la sensaci¨®n de que, en los temas universitarios fundamentales, nos encontramos en una especie de callej¨®n sin salida. Razones para ello no faltan. Yo creo, sin embargo, que lo que estamos es ante una encrucijada, en la que todo consiste en acertar con el camino m¨¢s adecuado. Si no sabes donde vas, todos los caminos te conducen all¨ª y, por eso, en esta encrucijada del sistema universitario ha llegado el momento de marcar claramente el rumbo en ¨¢mbitos tan decisivos como los de la convergencia europea, la investigaci¨®n, la financiaci¨®n o la reforma del marco normativo. No es cuesti¨®n ya de mirar atr¨¢s sino adelante, de pensar en el tiempo perdido sino en el que no se puede perder para que, sin m¨¢s titubeos ni demoras, ¨¦ste sea verdaderamente el curso de la Universidad.

Como el cartero que siempre llama dos veces, nos encontramos ahora ante una segunda cita con la LOU que conf¨ªo que, a diferencia de la primera, se haga con y no contra las universidades, para ampliar y no para recortar su autonom¨ªa, con un di¨¢logo en el que no sobre conversaci¨®n ni falte discurso y con una disposici¨®n para alcanzar acuerdos que no resulten ser tan s¨®lo f¨®rmulas de compromiso sino propuestas solventes para el futuro del sistema universitario.

Seguramente porque las segundas partes son siempre deudoras de las primeras, puede parecer insuficiente una propuesta de modificaci¨®n de la LOU presentada por el Ministerio de Educaci¨®n que no llega a abordar algunos problemas centrales ni a incorporar elementos innovadores en aspectos tan fundamentales como la organizaci¨®n, la financiaci¨®n universitaria o la transferencia de conocimiento a la sociedad. Pero quiz¨¢ haya que huir ahora del maximalismo para no caer en la inoperancia y, enriquecida con propuestas como las que preparamos en la Conferencia de Rectores de las Universidades Espa?olas (CRUE), lo que cabe pedir a esta reforma es que dote de mayor flexibilidad al marco legislativo universitario, que fomente la diversidad, la diferenciaci¨®n y la autonom¨ªa de las universidades y que permita superar las principales disfunciones que venimos padeciendo.

Creo, por eso, que habr¨ªa que proceder con la toda la diligencia, agilidad y sencillez posible en el debate y la tramitaci¨®n de la reforma, ya que no debemos someter al sistema a incertidumbres y costes como los que derivar¨ªan, por ejemplo, tanto de proceder a una nueva convocatoria de pruebas de habilitaci¨®n como de dejar de hacerlo, en vez de poner en marcha con la mayor prontitud los nuevos mecanismos de acreditaci¨®n. Y libres ya de la presi¨®n de la inmediatez, ha de ser despu¨¦s cuando nos propongamos invertir el signo de una din¨¢mica en que ha habido m¨¢s legislaci¨®n que gesti¨®n, m¨¢s normas que pensamiento reflexivo, y cuando dediquemos nuestros principales esfuerzos al dise?o de la universidad que queremos y que necesitamos para las pr¨®ximas d¨¦cadas.

En la actual encrucijada universitaria, hemos de acertar, adem¨¢s, a elegir entre caminos que no llevan por igual a Bolonia. Se requieren, para ello, algunas se?ales orientadoras que nos eviten la sensaci¨®n de conducir mirando por el retrovisor y que nos permitan pasar del dise?o a la ejecuci¨®n y del laboratorio al campo de pr¨¢cticas. Ha llegado tambi¨¦n el momento en que (como me consta que quiere hacer el ministerio) se ha de disponer de propuestas concretas sobre la estructura, organizaci¨®n, composici¨®n y directrices de las nuevas titulaciones europeas, para ponerse a trabajar en ellas. Porque no puede repetirse el modo poco ejemplar en que este a?o han debido tramitarse los posgrados; no puede mantenerse la inc¨®gnita de la duraci¨®n de las ense?anzas, que ahora parece decantarse por el 3+1+1; y no puede prolongarse la incertidumbre respecto a la relaci¨®n completa de las nuevas titulaciones de grado.

M¨¢s que para alcanzar soluciones salom¨®nicas al gusto de todos, que acaben por dejar las cosas como est¨¢n en una especie de viaje a ninguna parte, para lo que todo eso ha de servir es para plantearse m¨¢s ambiciosas metas en relaci¨®n con algunas importantes debilidades de nuestro sistema universitario. Por un lado, para afrontar la imprescindible renovaci¨®n de los m¨¦todos de ense?anza, dignificando el reconocimiento de la funci¨®n docente y afrontando graves problemas como el de los rendimientos, los abandonos y los retardos en los estudios. Por otro lado, para engarzar mejor los niveles educativos (en particular con la formaci¨®n profesional superior) y para hacer un esfuerzo serio de acercamiento de las titulaciones a las necesidades sociales y productivas (aunque evitando el riesgo de una indeseable disociaci¨®n entre t¨ªtulos acad¨¦micos y profesionales, como amenaza el proyecto de ley de acceso a la abogac¨ªa al que nos hemos opuesto desde la CRUE). Y, finalmente, para afrontar la rigidez, los desajustes y la inadecuaci¨®n de la actual estructura de titulaciones, que ofrece el balance de un parad¨®jico desequilibrio en que se registran simult¨¢neamente d¨¦ficit y excesos, plazas sin cubrir y demandas sin atender; donde el principal problema no radica tanto en el n¨²mero de titulaciones que existen como en el de las que se imparten (m¨¢s de 2.600); y en la que prop¨®sitos como el de reducir el excesivo n¨²mero de doctorados (m¨¢s de 2.000) no parecen corresponderse con la tendencia a la proliferaci¨®n de los nuevos posgrados.

No hay reforma posible sin recursos y la de Bolonia los requiere especialmente. Avanzamos hacia esa nueva encrucijada sin una estimaci¨®n clara de costes y necesidades de la reforma, aunque con la fundada sospecha de que no ser¨¢n menores, y no sirven el voluntarismo ni la improvisaci¨®n para afrontar rigurosamente este importante problema y los riesgos que conlleva.

El primero de esos riesgos se relaciona con los interrogantes, todav¨ªa irresueltos, respecto a la financiaci¨®n de los posgrados donde, para no caer en un monumental autoenga?o y preservar la igualdad de oportunidades, alguien debe garantizar la cobertura de la brecha existente entre unos precios que habr¨¢n de ser p¨²blicos y unos costes que no dejar¨¢n de ser de mercado.

El segundo de los riesgos surge del delicado y complejo problema de la propia determinaci¨®n de los precios de los posgrados, en el que la reflexi¨®n y el rigor deber¨ªan anteponerse a la ligereza o al apresuramiento. Convendr¨ªa, a este respecto, que no se confundiese igualdad con equidad, que no se tratase por igual lo que es diferente, que se distinguiese entre las ayudas para todos y las ayudas para quienes las necesitan y que, en el desarrollo de los sistemas de becas y pr¨¦stamos, se incorporase la perspectiva de los retornos individuales que derivan de la financiaci¨®n p¨²blica de la educaci¨®n. Porque no resultar¨ªa inconsistente, por ejemplo, que se tratasen de una manera diferente la financiaci¨®n y las tasas de un posgrado de investigaci¨®n en arameo y las de un m¨¢ster en odontolog¨ªa, en el que se produce una apropiaci¨®n privada de los beneficios de la educaci¨®n a la que el beneficiario podr¨ªa contribuir en alguna medida.

Y el tercer riesgo deriva de que, si se no dispone de unas garant¨ªas de financiaci¨®n adecuada, no s¨®lo se resentir¨ªa la calidad de los programas o se dificultar¨ªa el acceso a los postgrados por motivos econ¨®micos sino que se podr¨ªa llegar a una peligrosa segmentaci¨®n en que las universidades p¨²blicas se viesen abocadas a ocuparse casi en exclusiva de los posgrados de m¨¢s marcado car¨¢cter investigador y desplazadas de la oferta de los de mayor demanda y orientaci¨®n al mercado frente a la competencia de las instituciones que pudiesen garantizar su financiaci¨®n mediante la aplicaci¨®n de precios de mercado.

No soy yo de los que creen que el Espacio Europeo vaya a mercantilizar o a privatizar la educaci¨®n superior, ni mucho menos de los que desee que tal cosa ocurra, sino todo lo contrario. Pero no me parece que ignorar los riesgos sea el mejor modo de sortearlos ni que para evitarlos baste una bienintencionada apariencia de defensa de lo p¨²blico, que podr¨ªa desembocar en efectos justamente contrarios a los buscados. Y, como economista, no puedo dejar de recordar el ejemplo paradigm¨¢tico de hace ya algunos a?os, cuando la desatenci¨®n y la deficiente financiaci¨®n del servicio p¨²blico de correos propici¨® el surgimiento de todo tipo de mensajer¨ªas privadas.

Ha llegado, pues, el momento de echar las cuentas y abordar con la voluntad pol¨ªtica que se expresa en los presupuestos el serio problema de la financiaci¨®n universitaria, si se quiere que los objetivos de calidad no se conviertan en mera ret¨®rica y que a base de "legislar barato" se d¨¦ al traste con las reformas. Ese es el compromiso que deben alcanzar la Administraci¨®n central y las comunidades aut¨®nomas. La ocasi¨®n la tienen en la pr¨®xima conferencia de presidentes auton¨®micos, que deber¨ªa unir al tema de la investigaci¨®n el del conjunto de la financiaci¨®n universitaria. Y el margen lo tiene el presidente del Gobierno en el compromiso electoral de elevar la financiaci¨®n universitaria hasta un 1,5% del PIB, que muy pronto empezar¨¢ a quedarse ya corto.

Si se acierta en todo esto, no s¨®lo no estaremos ante una encrucijada sino que habremos logrado salir de ella con ¨¦xito. De lo contrario, me temo que, entonces s¨ª, nos encontremos metidos en un verdadero callej¨®n sin salida.

Juan A. V¨¢zquez es presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Espa?olas y rector de la Universidad de Oviedo