Las bases de la reforma del Estatuto andaluz
El 83% del borrador de la proposici¨®n de ley cuenta con mayor¨ªa cualificada
El borrador de la proposici¨®n de ley de la reforma del Estatuto cuenta con un 83% de mayor¨ªa cualificada, es decir, el PSOE s¨®lo ha votado en solitario el 17% del texto. Estos son los acuerdos b¨¢sicos de la ponencia.
Naci¨®n
Socialistas y populares acordaron en la ponencia estatutaria definir a Andaluc¨ªa como nacionalidad hist¨®rica, en contra del criterio de IU y PA, quienes defienden que Andaluc¨ªa se defina como naci¨®n en el articulado. La mayor¨ªa aplastante de PSOE y PP (90%) en el Parlamento de Andaluc¨ªa rechaz¨® expresamente con su voto contrario, en el pasado debate de la comunidad, que Andaluc¨ªa pueda llamarse naci¨®n. La f¨®rmula acordada para Catalu?a no es exportable a Andaluc¨ªa, ya que en la misma se alude al acuerdo del Parlamento catal¨¢n para definir a esta comunidad como naci¨®n, mientras que la C¨¢mara andaluza ha votado en contra de esa definici¨®n. El PSOE no va a variar de posici¨®n.
Competencias
Contempla tres tipolog¨ªas b¨¢sicas (similar a la ordenaci¨®n de la propuesta catalana), con competencias exclusivas, compartidas y de ejecuci¨®n. El acuerdo es entre PSOE, IU y PA e implica, entre otras cuestiones, que la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir aparecer¨¢ como competencia de la comunidad tanto en el texto articulado como en la disposici¨®n adicional que incorporar¨¢ las competencias exclusivas del Estado por la v¨ªa del art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n. El acuerdo incluye el ferrocarril como competencia compartida; contempla la participaci¨®n de la comunidad en ¨®rganos estatales (Banco de Espa?a o Tribunal de Cuentas) y una comisi¨®n bilateral de relaciones Estado-Andaluc¨ªa. Los socialistas impusieron limitar la demanda de competencias estatales por la v¨ªa del art¨ªculo 150.2 al Guadalquivir; puertos y aeropuertos; museos; tr¨¢fico y servicio meteorol¨®gico. IU y PA presentar¨¢n votos particulares en este punto puesto que reclaman m¨¢s competencias por la v¨ªa del 150.2. En su propuesta, el PP quiere que el Estatuto contemple la posibilidad de que Andaluc¨ªa pueda asumir competencias exclusivas del Estado por la v¨ªa del art¨ªculo 150.2, pero s¨®lo de forma excepcional. En contra de los dem¨¢s grupos, el PP no define en su propuesta ninguna competencia concreta que se pueda asumir por esta v¨ªa.
Financiaci¨®n
El texto aprobado en la ponencia del Estatuto incluye algo m¨¢s que criterios gen¨¦ricos sobre la financiaci¨®n de Andaluc¨ªa. A los principios de autonom¨ªa fiscal y financiera y suficiencia, PSOE e IU, partidos que suscriben el acuerdo, a?aden el de "la nivelaci¨®n de servicios, en relaci¨®n con la poblaci¨®n y con los indicadores sociales que se determinen"; incluyen la "multilateralidad" para definir el modelo; abogan por la participaci¨®n en la Administraci¨®n tributaria del Estado y el "acceso a la informaci¨®n sobre la evoluci¨®n de los tributos"; y exigen "neutralidad interterritorial cuando la carga tributaria sea la misma", es decir, rechaza el criterio de las balanzas fiscales para establecer la financiaci¨®n de las comunidades. El PA no se compromete en este acuerdo, dice que la gusta la m¨²sica, pero propone su apoyo a un proceso ulterior. El PP defiende el mismo texto del Estatuto actual.
Agencia Tributaria
El proyecto incluye, con el acuerdo de PSOE, IU y PA, la creaci¨®n por ley de una agencia tributaria andaluza para la "gesti¨®n, inspecci¨®n y recaudaci¨®n" de los tributos cedidos, propios "o los de otras administraciones p¨²blicas por v¨ªa de convenio". Tambi¨¦n fija un listado de 15 tributos cedidos por el Estado como recursos de la comunidad. El PSOE asumi¨® ¨ªntegramente la propuesta de IU sobre las relaciones de Andaluc¨ªa con la Administraci¨®n financiera del Estado en la que se afirma que la vinculaci¨®n o no a los modelos de financiaci¨®n no podr¨¢n suponer "una merma de sus ingresos"; que el Estado "establecer¨¢ medidas de compensaci¨®n" si se modifica un tributo que le suponga variaci¨®n en sus ingresos; y que la comunidad "participar¨¢" en "la planificaci¨®n de la inversi¨®n p¨²blica estatal". El PP, aunque no ve¨ªa con malos ojos la creaci¨®n de la agencia, se niega a que tenga rango estatutario.
Derechos sociales
El acuerdo recoge que la educaci¨®n es "laica", garantiza la gratuidad de los libros de texto en la ense?anza obligatoria y una red p¨²blica de servicio sociales. Tambi¨¦n una renta m¨ªnima social.
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