Desaf¨ªo judicial

El pasado viernes la Audiencia Nacional demostr¨® que cuando se trata de paralizar al Gobierno puede incluso trabajar de noche. Los m¨¢s antiguos del lugar recuerdan vagamente s¨®lo un antecedente en un caso en que estaban en juego derechos fundamentales. La secci¨®n s¨¦ptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo se reuni¨® de urgencia para adoptar, a petici¨®n del Ayuntamiento de Salamanca, unas medidas "cautelar¨ªsimas" para paralizar en la sede del Ministerio de Cultura los papeles del Archivo de la Guerra Civil que iban a ser entregados a la Generalitat de Catalu?a en cumplimiento de una ley aprobada por las Cortes Generales. La Sala de la Audiencia celebrar¨¢ hoy una vistilla con abogados del Estado y del consistorio salmantino para decidir si mantiene o anula la paralizaci¨®n decretada el viernes.

No hay lugar a dudas de que los magistrados aceptaron con gusto el envite lanzado por el alcalde de Salamanca, Juli¨¢n Lanzarote, de politizar el caso hasta contaminar a la propia justicia y producir un golpe de efecto en mitad del traslado y en plena negociaci¨®n del Estatuto catal¨¢n. La ejecuci¨®n del traslado no tiene nada de precipitado ni de clandestino. S¨®lo la obstaculizaci¨®n sistem¨¢tica del se?or Lanzarote oblig¨® a realizarla de madrugada y sin contar con camiones para la carga. Es una medida no tan s¨®lo leg¨ªtima por parte del Ministerio de Cultura sino obligada, despu¨¦s de que la devoluci¨®n de los documentos incautados tras la Guerra Civil fuera aprobada como ley por el Congreso de los Diputados. El motivo aducido, que en las cajas hay documentos que no corresponde trasladar, es un mero pretexto para obstruir el cumplimiento de la ley.

Las medidas tomadas el viernes por la Audiencia Nacional constituyen un desaf¨ªo al Ejecutivo. La Sala deber¨¢ explicar en primera instancia cu¨¢l es el t¨ªtulo que habilita al Ayuntamiento de Salamanca para recurrir, pidiendo la adopci¨®n de "medidas cautelar¨ªsimas", un acto del Ministerio de Cultura sobre un archivo que es de su propiedad y sobre cuyos fondos carece el Ayuntamiento de cualquier titularidad. Constituye, por lo dem¨¢s, un acto de desconfianza supina entre las administraciones, dado que el traslado ni siquiera implica a particulares, sino a instituciones del Estado.

No hay irreversibilidad alguna que obligue a una intervenci¨®n intempestiva de un tribunal; al contrario, al tratarse de instituciones del Estado, todo lo que se hace est¨¢ sometido a estricto control de legalidad y a su ejecuci¨®n pertinente. Existe ya un recurso, planteado por la Junta de Castilla y Le¨®n ante el Tribunal Constitucional, sobre cuya decisi¨®n y cumplimiento parece tener muy escasa confianza tanto el Ayuntamiento de Salamanca como la secci¨®n de la Audiencia Nacional que ha aceptado el recurso. De ah¨ª que lo ¨²nico pertinente sea el levantamiento inmediato de las medidas cautelares, a la espera, por supuesto, de lo que decida en su d¨ªa de forma definitiva el Tribunal Constitucional.