Tarjeta roja

Al juez instructor del caso del 11-M, Juan del Olmo, le han sacado la tarjeta roja sus colegas de la Audiencia Nacional ante la desesperante lentitud de la instrucci¨®n del sumario del m¨²ltiple atentado de 2004. Casi dos a?os despu¨¦s de la matanza que caus¨® 191 muertos a manos de integristas isl¨¢micos, el magistrado a¨²n no ha dictado auto de procesamiento sobre el caso, en el que figuran 116 imputados, 27 de los cuales se hallan en prisi¨®n preventiva. Si no se pone remedio, la mayor¨ªa de los encarcelados puede quedar en libertad antes de que se celebre el juicio, previsiblemente en 2008, al rebasarse el m¨¢ximo de prisi¨®n preventiva. Si se diera esa circunstancia, la situaci¨®n habr¨ªa que calificarla de bochornosa para la judicatura e insoportable para la ciudadan¨ªa.

La Audiencia Nacional le ha concedido al juez dos meses de plazo improrrogable para concluir el macrosumario de m¨¢s de 60.000 folios. Del Olmo ten¨ªa previsto antes del pasado verano juzgar a un tercio de los imputados, pero el af¨¢n de agregar m¨¢s y m¨¢s datos ha ido retrasando el procesamiento hasta el extremo de que algunos de los imputados podr¨ªan salir de su internamiento antes del juicio, con el consiguiente riesgo de fuga. Algo que ya sucedi¨® en 2002 con Alekema Lamari, que ser¨ªa luego uno de los autores materiales del 11-M que se suicidaron en Legan¨¦s.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo reconoc¨ªa, por otra parte, esta semana la imposibilidad de poder decidir antes del pr¨®ximo 17 de febrero los recursos de casaci¨®n de 18 de los 24 islamistas condenados por la llamada Operaci¨®n D¨¢til, que engloba al entramado financiero de activistas de Al Qaeda en Espa?a relacionados con el atentado de Nueva York de 2001. Dos de ellos ya han sido excarcelados al haber cumplido la mitad de su condena y otros dos saldr¨¢n en libertad en febrero si el Supremo no convierte en firmes las sentencias dictadas en primera instancia.

Alguna v¨ªa legal habr¨¢ de contemplarse para evitar que se produzca este efecto escandaloso. No basta el argumento, por muy real que sea, de que no se puede ir m¨¢s r¨¢pido en el estudio de dict¨¢menes, ni cabe echar las culpas a un sistema judicial lento y excesivamente burocratizado. Eso ya lo sabe, y padece, la opini¨®n p¨²blica, como lo refleja la ¨²ltima encuesta del CIS, en la que los espa?oles acusan de lentitud a la judicatura (80%) y le otorgan poca o ninguna confianza (56,3%). En lugar de dedicarse a elaborar informes que nadie le ha pedido, como el del Estatuto catal¨¢n, bueno ser¨ªa que el Consejo General del Poder Judicial arbitrara con el Ministerio de Justicia alg¨²n mecanismo urgente para evitar esc¨¢ndalos de esta laya.