Hacienda propone recargos auton¨®micos sobre IVA, hidrocarburos y electricidad
El catastro ser¨¢ gestionado por un organismo mixto con participaci¨®n de los ayuntamientos
La financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas necesitar¨¢ m¨¢s recursos, y el Gobierno no quiere que salgan s¨®lo de la caja central. El Ministerio de Hacienda pretende que sean las comunidades las que pongan recargos en el IVA minorista - es decir, para el consumidor final-, en el impuesto especial de hidrocarburos y en el de electricidad. Los recargos necesitar¨¢n autorizaci¨®n de Bruselas, porque afectan a impuestos armonizados. Otra novedad del sistema ser¨¢ dar entrada en la gesti¨®n del catastro a las comunidades y a los ayuntamientos, por sus amplias competencias en los impuestos que gravan la vivienda.
Una vez cerrado un acuerdo con CiU e ICV, la tarea ahora es elaborar un modelo de financiaci¨®n que sea de aplicaci¨®n general, para lo cual la pr¨®xima semana se va a constituir un grupo de trabajo. No hay cifras, pero s¨ª la idea clara de que el nuevo sistema debe garantizar un m¨ªnimo de prestaciones p¨²blicas en todas las comunidades por igual, debe incentivar el dinamismo econ¨®mico y tiene que aumentar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades.
El Ministerio de Hacienda busca v¨ªas para desarrollar este ¨²ltimo aspecto. Es decir, que el mayor volumen de financiaci¨®n que siempre se produce cuando se renueva el sistema, m¨¢s las nuevas necesidades sociales como la inmigraci¨®n o la dependencia, no salgan s¨®lo de los recursos que administra el Gobierno central.
Las f¨®rmulas para aumentar el pastel que podr¨ªan llevarse directamente las comunidades se asemejan al llamado c¨¦ntimo sanitario que ya grava el consumo de gasolinas en algunas comunidades, como Madrid y Catalu?a. Consistir¨ªan en un recargo auton¨®mico sobre el IVA minorista, sobre el impuesto especial de hidrocarburos y el de electricidad.
En el caso del IVA minorista se tratar¨ªa de gravar m¨¢s el consumo final, con una cantidad que ser¨ªa muy visible para el ciudadano de la comunidad, al contrario de lo que sucede ahora. Hacienda tendr¨¢ que solicitar autorizaci¨®n a la Uni¨®n Europea, que deber¨¢ aprobar los recargos por unanimidad de los Estados miembros (ahora 25). En Espa?a, la recaudaci¨®n por IVA ascendi¨® a 44.507 millones de euros en 2004.
Coste pol¨ªtico
El nuevo modelo buscar¨¢ as¨ª ampliar las capacidades normativas de todas las comunidades, adem¨¢s de las que ya se han pactado con Catalu?a. El argumento es que si las comunidades van a gestionar cada vez m¨¢s recursos y tienen el nivel de competencias m¨¢s alto entre los pa¨ªses de la UE, deben asumir el coste pol¨ªtico de subir los impuestos si lo necesitan. Al contrario de lo que sucedi¨® con el ¨²ltimo acuerdo para financiar la sanidad, en septiembre pasado, donde fue el equipo del vicepresidente econ¨®mico, Pedro Solbes, quien finalmente subi¨® los impuestos del tabaco y el alcohol.
El reciente acuerdo con Catalu?a ampl¨ªa los m¨¢rgenes en este sentido, aunque s¨®lo para el IRPF. La cesi¨®n al 50% de la recaudaci¨®n en el territorio implica que las comunidades podr¨¢n subir o bajar la tarifa en su tramo sin l¨ªmites. Ahora, te¨®ricamente, ese tramo es del 33%, pero en la pr¨¢ctica es del 40%, ya que lo aument¨® el Gobierno del PP para que fuera s¨®lo el Estado central quien asumiera el coste de las rebajas del IRPF.
Sobre el otro gran impuesto, el IVA, la cesi¨®n pasa del 35% al 50%, aunque sigue sin haber capacidad normativa al respecto, salvo en el caso de que se permita el recargo. La cuant¨ªa que va a la comunidad no es exactamente lo recaudado en el territorio, sino que se fija seg¨²n el ¨ªndice de consumo que elabora el INE. Con el recargo, sin embargo, los ingresos por esta v¨ªa se corresponder¨ªan exactamente con lo recaudado en el territorio y s¨ª habr¨ªa capacidad normativa. Igual ocurrir¨ªa con los impuestos especiales. En el caso del impuesto de sociedades, no hay, ni habr¨¢, capacidad normativa ni cesi¨®n.
De la mayor participaci¨®n en los impuestos se deriva tambi¨¦n otra de las posibilidades de mejora en la financiaci¨®n de las comunidades que se puede derivar del nuevo sistema. Cuanto mayor es el porcentaje de participaci¨®n en los impuestos, mayores ser¨¢n los recursos que obtendr¨¢n las comunidades m¨¢s din¨¢micas o que crezcan por encima de la media nacional. ?ste ser¨¢ el caso, por ejemplo, de las que tienen m¨¢s inmigraci¨®n. El actual sistema es m¨¢s est¨¢tico, ya que los recursos de las comunidades est¨¢n m¨¢s vinculados a la media estatal.
En cuanto a la gesti¨®n de estos impuestos, el acuerdo con Catalu?a deja para como m¨¢ximo dentro de dos a?os la posibilidad de crear agencias tributarias consorciadas. El mismo consorcio se implantar¨¢ para el catastro, en el que se dar¨¢ tambi¨¦n entrada a los ayuntamientos. En el ¨¢mbito del derecho administrativo, la novedad ser¨¢ que se descentraliza el Tribunal Econ¨®mico Administrativo, que ahora decide sobre cuestiones tributarias. Cuando se apruebe el nuevo sistema, una sala especial dentro del tribunal dictaminar¨¢ sobre las reclamaciones de tributos propios.
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