180 juristas critican que Justicia endurezca la Ley del Menor
Afirman que la delincuencia de menores ha descendido
El Grupo de Estudios de Pol¨ªtica Criminal, formado por 180 jueces, fiscales y profesores de derecho penal, ha elaborado un informe en el que critica varios puntos de la reforma de la Ley del Menor aprobada recientemente por el Consejo de Ministros. Cuestiona especialmente el endurecimiento de las medidas de privaci¨®n de libertad y la posibilidad de que los menores delincuentes pasen a la c¨¢rcel a los 18 a?os.
El Grupo de Estudios de Pol¨ªtica Criminal, integrado por juristas como el magistrado del Tribunal Supremo Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, el vocal del Consejo General del Poder Judicial F¨¦lix Pantoja o el director del Instituto Andaluz de Criminolog¨ªa, Jos¨¦ Luis D¨ªez Ripoll¨¦s, asegura que es falso que la delincuencia de menores haya aumentado en los ¨²ltimos a?os. Aporta datos del Ministerio del Interior seg¨²n los cuales se ha pasado de una tasa de detenciones de 13,56 menores por cada mil en 2000 a 13,06 en 2004. En este mismo sentido, F¨¦lix Pantoja afirma que, seg¨²n los datos del Consejo General del Poder Judicial, el n¨²mero de expedientes abiertos en los juzgados de menores no ha aumentado en los ¨²ltimos cuatro a?os, sino que ha descendido: se ha pasado de 54.922 asuntos registrados en 2001 a 32.574 en 2004.
Estos juristas cuestionan varios aspectos del proyecto de ley aprobado por el Gobierno. En cuanto a la posibilidad de que los menores sean trasladados a c¨¢rceles de adultos de forma general al cumplir los 21 a?os, y puedan serlo a los 18, afirman que "ser¨ªa especialmente reprochable que se estuviera viendo en esta medida una posible soluci¨®n a la actual masificaci¨®n y deterioro de los centros de reforma de menores". Indican que, para paliar estos problemas, la soluci¨®n no es meter a los chicos en la c¨¢rcel sino que "es urgente la dignificaci¨®n y dotaci¨®n material y de personal de los centros de reforma" e "insistir en la utilidad p¨²blica de los procesos de reinserci¨®n".
Critican, tambi¨¦n, la ampliaci¨®n de los supuestos en los que los jueces pueden imponer medidas de privaci¨®n de libertad y la mayor duraci¨®n de las mismas. Estas sanciones, se?alan, deben constituir "el ¨²ltimo recurso", seg¨²n la Convenci¨®n de los Derechos del Ni?o, mientras que "en Espa?a, en estos momentos, se est¨¢ internando a m¨¢s de uno de cada cuatro condenados".
Este grupo de juristas atribuye el incremento de la duraci¨®n de la medida cautelar de internamiento (antes de la condena), que pasa de seis a nueve meses en el proyecto de ley, a que la duraci¨®n de los procedimientos judiciales de menores se ha duplicado, habiendo pasado de una media de cinco meses a una de diez. "De nuevo nos apartamos de las directrices del Consejo de Europa, que propugna un m¨¢ximo de seis meses salvo en casos muy excepcionales. El Gobierno deber¨ªa dotar de medios personales y materiales suficientes a la justicia de menores".
El grupo insiste en la necesidad de mantener la orientaci¨®n educativa de la Ley del Menor y no abandonarla por el criterio de la mera represi¨®n.
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