Un colectivo c¨ªvico recurre al TSJ el plan general de Guadalest por incumplir la Ley de Patrimonio
Denuncia que el planeamiento no preserva el conjunto hist¨®rico-art¨ªstico del pueblo
Una entidad c¨ªvica de Guadalest ha presentado un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano contra el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de la localidad por entender que el documento no garantiza la conservaci¨®n del patrimonio. La localidad fue declarada conjunto hist¨®rico-art¨ªstico en 1974 y Bien de Inter¨¦s Cultural (BIC) en 1985. Los recurrentes denuncian que el nuevo planeamiento vulnera las leyes estatal y valenciana del Patrimonio y solicitan la suspensi¨®n cautelar del documento, aprobado en 2004.
Denuncian el "grave impacto visual" de futuras urbanizaciones en suelo protegido
Los promotores del recurso contencioso-administrativo ante el TSJ contra el planeamiento, la asociaci¨®n cultural Ventpluig -que agrupa a una veintena de grupos culturales del valle de Guadalest- justifican la demanda de suspensi¨®n cautelar del PGOU ante el inicio del desarrollo del sector Mas de la Mona, que incluye la construcci¨®n de un hotel, una estaci¨®n de servicio y un museo, y la urbanizaci¨®n prevista en la partida rural de Ferraget. Las futuras edificaciones suponen un "grave impacto visual en el conjunto hist¨®rico", precisa el recurso de Ventpluig.
Los recurrentes resaltan que el Ayuntamiento, en manos del PP y sin oposici¨®n desde 1976, no tramit¨® el obligatorio Plan Especial de Protecci¨®n del BIC (conjunto hist¨®rico y monumentos, como el castillo de Sant Josep y de la Alco?aiba) y su entorno antes de la aprobaci¨®n definitiva del PGOU por parte de la Comisi¨®n Territorial de Urbanismo, el 29 de junio de 2004. Ese documento es preceptivo, seg¨²n la ley 16/1985 de Protecci¨®n del Patrimonio Hist¨®rico Espa?ol y la ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano. "No es posible, sin la previa infracci¨®n y fraude de ley, aprobar definitivamente e iniciar o modificar el PGOU, sin que previamente y por mandato imperativo se haya realizado el plan especial. Cualquier otra actuaci¨®n por parte de las administraciones es un burla al ordenamiento jur¨ªdico", recoge el recurso en el apartado de exposici¨®n de motivos.
En cuanto a la aprobaci¨®n definitiva del PGOU, Ventpluig destaca que ¨¦sta se condicion¨® a subsanaci¨®n de la documentaci¨®n presentada en cuanto a la disponibilidad de recursos h¨ªdricos para la proyectada urbanizaci¨®n en la partida de Ferraget, un ¨¢rea 220.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable de especial protecci¨®n, en pleno valle de Guadalest, recalificada como residencial en el nuevo PGOU. Para los denunciantes, ninguno de estos aspectos se ha corregido, por no existe ning¨²n informe oficial de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car que acredite la citada capacidad de abastecimiento de agua de la futura urbanizaci¨®n. "Lo ¨²nico que se aporta es un certificado emitido por el propio Ayuntamiento que remite al estudio de impacto ambiental del PGOU, en el que constata, a su vez, que el suministro y el caudal se certifica por datos proporcionados por el Ayuntamiento", argumenta el recurso.
La urbanizaci¨®n de la partida Ferraget la promueve el constructor Vicente P¨¦rez Valls, tambi¨¦n militante del PP. Este empresario es socio, en la firma El Vall Materiales y Obras, SL, de Juan Collantes, concejal de Aguas y Medio Ambiente de Guadalest. La futura urbanizaci¨®n elevar¨ªa la poblaci¨®n en 2.000 habitantes, respecto a los 207 actualmente censados.
Las entidades c¨ªvicas trasladan al TSJ que el PGOU tampoco incluye normativa espec¨ªfica para la protecci¨®n visual del conjunto hist¨®rico y errores y omisiones en las fichas del cat¨¢logo de elementos y edificios protegidos, al no calificar como BIC el castillo de Sant Josep, de la Alco?aiba, el Portal de Sant Josep y las murallas. Otros, como la Casa de Ordu?a y el edificio del Ayuntamiento-prisi¨®n, Escudos y Cruz de Malta no tienen ning¨²n tipo de calificaci¨®n, ni como BIC ni como Bienes de Relevancia Local.
Por ¨²ltimo, la demanda incluye diversas agresiones al BIC y su entorno en el periodo de redacci¨®n del PGOU, cuyos trabajos comenzaron en 2001. En este sentido, el colectivo Ventpluig destaca, entre otras, las obras de restauraci¨®n del castillo y cementerio sin autorizaci¨®n de la Consejer¨ªa de Cultura, la desaparici¨®n de un bien mueble -un cuadro de la batalla de Almansa- propiedad de la corporaci¨®n local, de la Casa Ordu?a o la utilizaci¨®n como vertedero de la ladera de la roca donde se asienta la muralla del castillo.
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