Hacia un mercado ¨²nico de servicios

El Parlamento Europeo debatir¨¢ esta semana en Estrasburgo, la Directiva de Servicios que ha generado uno de los debates m¨¢s intensos, especialmente en Francia y Alemania, sobre el modelo social europeo. La pol¨¦mica directiva, promovida en enero de 2004 por el comisario holand¨¦s Frits Bolkestein, tiene como objetivo facilitar la apertura del mercado de servicios en Europa, de la misma forma que se desarroll¨® el de mercanc¨ªas a principios de la d¨¦cada de los noventa.

Los servicios representan el 70% del PIB europeo y seg¨²n la Comisi¨®n si se eliminan las trabas y restricciones actuales establecidas por Estados se podr¨ªan crear 600.000 nuevos empleos. El libre movimiento de mercanc¨ªas, trabajadores, servicios y capitales, configuran las cuatro libertades establecidas en el Tratado de Roma, aunque existen barreras para su ejercicio efectivo en las tres ¨²ltimas.

Durante las ¨²ltimas semanas, la directiva Bolkestein ha sido sustancialmente modificada y rebajado su ¨¢mbito de aplicaci¨®n de forma consensuada entre representantes del Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo.

El cambio m¨¢s relevante ha sido la eliminaci¨®n de la pol¨¦mica expresi¨®n "principio del pa¨ªs origen", aunque su contenido fuertemente restringido permanece, que hab¨ªa provocado una fuerte contestaci¨®n por parte de los sindicatos y de la izquierda. Seg¨²n este principio, las empresas pueden prestar servicios en todos los Estados miembros pero seg¨²n la legislaci¨®n de su pa¨ªs de origen.

Los sindicatos temieron que la aplicaci¨®n gen¨¦rica del "principio del pa¨ªs de origen" permitiera la contrataci¨®n de trabajadores con salarios m¨¢s bajos a los vigentes donde se realizaban los servicios y que se produjera una rebaja de la protecci¨®n social.

La eliminaci¨®n de la expresi¨®n, aunque no del concepto, del "principio del pa¨ªs de origen", ha sido saludada por la diputada socialdem¨®crata alemana, Evelyne Gebhardt, ponente de la directiva, porque en su opini¨®n "conduc¨ªa a la baja los derechos sociales, lo que era absolutamente inaceptable".

La directiva Bolkestein, tambi¨¦n apodada Frankestein, hab¨ªa sido rechazada por amplios sectores sociales que la identificaban como un instrumento que legalizaba el "dumping social y medioambiental". En su larga lista de cr¨ªticos figuraban destacados l¨ªderes como el propio presidente franc¨¦s, Jaques Chirac. A pesar de la postura presidencial, la directiva hab¨ªa desatado tal rechazo social en Francia que se la identific¨® como una de las culpables del no del refer¨¦ndum a la Constituci¨®n Europea.

Si prospera el acuerdo, la directiva no se aplicar¨¢ tampoco a la legislaci¨®n laboral, a las normas de bienestar social, vivienda social, empresas de trabajo temporal, servicios de salud, tanto p¨²blicos como privados, y a los servicios de inter¨¦s econ¨®mico general.

La extensi¨®n y profundizaci¨®n de estas rebajas, sin embargo, ha sido considerada excesiva por un importante n¨²mero de diputados del PPE y en general por los europarlamentarios de los pa¨ªses del Este que estiman que se ha descafeinado y vaciado de contenido la directiva, lo que supone el mantenimiento de las barreras proteccionistas de los Estados. Para ciertos sectores del PPE, es excesivo que los Estados miembros puedan establecer requisitos para la prestaci¨®n de servicios por razones de "pol¨ªtica social o protecci¨®n de los consumidores" entre otras, porque las consideran causas tan ambiguas que en la pr¨¢ctica pueden utilizarse para cualquier supuesto.

El Comisario de Comercio, Peter Mandelson, ha expresado su preocupaci¨®n por las concesiones realizadas. En su opini¨®n "es poco l¨®gico excluir completamente los servicios p¨²blicos de esta directiva". "En el mundo real", a?ade, "las fronteras entre lo p¨²blico y lo privado son el¨¢sticas y esta tendencia va en la buena direcci¨®n".

En el frente sindical, no obstante, el cambio de orientaci¨®n ha sido considerado "un avance". El dirigente sindical alem¨¢n, Michael Sommer, ha calificado de "¨¦xito" el acuerdo de principio. Para John Monks, secretario general de la Confederaci¨®n Europea de Sindicatos (CES), el acuerdo es "un progreso", pero estima que "es pronto para emitir un juicio", por lo que mantienen la manifestaci¨®n de hoy.

M¨¢s competencia

Pero la cuesti¨®n no est¨¢ cerrada. El debate en el Parlamento no es s¨®lo entre derecha e izquierda sino tambi¨¦n entre la Vieja y la Nueva Europa, cuyos pa¨ªses temen que las ¨²ltimas enmiendas supongan un freno a la posibilidad de que sus empresas puedan ofrecer servicios en los pa¨ªses fundadores. Sin embargo, no todo es tan lineal.

En este sentido, es significativa la carta dirigida al comisario de Mercado Interior y Servicios, Charlie McCreevy, firmada por seis pa¨ªses, tres antiguos socios, (Reino Unido, Holanda y Espa?a) y tres pertenecientes a la ¨²ltima ampliaci¨®n (Polonia, Hungr¨ªa y Rep¨²blica Checa) en las que coinciden en pedir a la Comisi¨®n que env¨ªe una se?al clara de que "un completo funcionamiento del mercado interior es vital para mejorar la competitividad de la UE". Si la directiva es aprobada por el Parlamento esta semana, podr¨ªa ser discutida en la Cumbre de finales de marzo. Tras su aprobaci¨®n por el Consejo, debe volver al Parlamento para su ratificaci¨®n definitiva.